Los guardias condenados merecen, además de la condena dictada, el más severo reproche moral. Las instituciones del Estado de Derecho han de velar antes que nada por la integridad física y moral de los ciudadanos, incluidos los que pudieran ser sospechosos de atentar contra la libertad de los demás.
La Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha impuesto distintas penas de cárcel a cuatro guardias civiles por infligir torturas y lesiones a Igor Portu y Mattin Sarasola, a los que acababan de apresar; ambos detenidos serían condenados más tarde como autores del atentado de hace cuatro años en la T-4 de Barajas, en el que murieron dos personas. Los dos etarras fueron interceptados en la mañana del 6 de enero de 2008 en las cercanías del monte Udala, en Mondragón, donde acababan de recoger dos revólveres y munición. Los guardias civiles alegaron en el juicio que las lesiones que presentaban Portu y Sarasola en posteriores exámenes médicos eran consecuencia de su resistencia al arresto. Pero el tribunal se muestra taxativo al respecto, y llega a afirmar que «no hubo oposición a la detención» por parte de los etarras. El fallo desestima el argumento acusador de que las torturas tuvieran una «finalidad indagatoria» y las atribuye a un proceder vengativo tras percatarse los guardias de que los detenidos eran terroristas. Al tiempo, absuelve a otros once agentes que participaron también en la detención, traslado y custodia de Sarasola y Portu. Pero el relato en que se basa la sentencia narra cómo los cuatro guardias condenados prolongaron la operación de arresto conduciendo a los detenidos a las proximidades de la localidad alavesa de Aramaio y sometiéndolos dentro y fuera de los vehículos oficiales a una serie continuada de golpes que los forenses no pudieron atribuir a causas fortuitas, a autolesiones o a la descripción que los agentes hicieron de las técnicas empleadas para reducir a los etarras. Su actuación merece, además de la condena dictada y que puede ser recurrida ante el Supremo, el más severo reproche moral. La democracia, recuerda la sentencia, se sustenta en el Estado de Derecho, y sus instituciones han de velar antes que nada por la integridad física y moral de los ciudadanos, incluidas aquellas personas que pudieran ser sospechosas de atentar contra la libertad de los demás.
Editorial en EL CORREO, 31/12/2010