Se comprende que una oposición escarmentada desconfíe sobre las intenciones últimas del Gobierno, pero la estrategia de un partido no puede basarse en algo tan endeble como la sospecha. Debe ajustarse a los hechos, y los hechos de la política antiterrorista evidencian que, tras la ruptura de la tregua, el Gobierno ha echado el resto en la persecución de los terroristas y sus tramas civiles.
Mariano Rajoy, con el discurso pronunciado tras la reunión celebrada en Pamplona por la ejecutiva del PP, atajó la tendencia de un sector de su partido de volver a recuperar la lucha antiterrorista como factor de confrontación con el Gobierno. Rajoy ratificó el marco de entendimiento entre el Gobierno y la oposición que han tejido el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Federico Trillo, marco que se basa en una política de persecución firme del terrorismo, la exclusión de la negociación y la consulta al PP de los pasos principales que vayan a darse.
El entendimiento entre el Gobierno y el PP en torno a una política contra ETA basada en el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo del 2000 responde al deseo de la gran mayoría de los ciudadanos, tal como se ponía de manifiesto en la V Encuesta Nacional de la Fundación Víctimas del Terrorismo, realizada por el catedrático Francisco J. Llera, cuyos resultados fueron dados a conocer ayer. Casi nueve de cada diez españoles reclaman un acuerdo contra ETA en esos términos y lo que están haciendo el Ministerio del Interior y el PP se ajusta a la demanda ciudadana.
Ese rebrote crítico de sectores del PP hacia el Gobierno estuvo protagonizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con sus acusaciones sobre una nueva negociación con ETA. Se puede comprender que una oposición escarmentada desconfíe sobre las intenciones últimas del Gobierno, pero la estrategia política de un partido no puede sustentarse en bases tan endebles como la sospecha. Tiene que ajustarse a los hechos y los hechos de la política antiterrorista evidencian que, tras la ruptura de la tregua, hace dos años, el Gobierno ha echado el resto en la persecución de los terroristas y sus tramas civiles.
Los resultados de esa política de la que se muestra orgulloso el presidente del Gobierno están a la vista. La imagen de Rodríguez Zapatero ofreciendo una rueda de prensa para celebrar la detención de un dirigente etarra hubiera sido impensable hace tres años.
El traslado de algunos reclusos hacia cárceles más próximas al País Vasco ha sido, quizás, el detonante de críticas hacia el Gobierno por parte de algunos que consideran que esa iniciativa es un gesto para facilitar un futuro diálogo de los terroristas. En realidad es todo lo contrario: una política penitenciaria que aleje a los terroristas identificados con la dirección de la banda y acerque a los críticos es, desde el punto de vista de ETA, un gesto de máxima hostilidad. Esa política si algo hace es reducir las posibilidades de diálogo, no lo contrario. Mientras Ignacio Arakama, que hace cuatro años pidió el abandono de las armas, es trasladado a Zaragoza, su compañero Iñaki de Rentería, que sigue fiel a la ortodoxia etarra, viaja a estas horas camino de una de las prisiones de Cádiz desde Soto del Real. Es comprensible que a ETA esos movimientos le gusten tanto como una patada en la entrepierna.
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 17/12/2008