Currin pide desvincular la excarcelación de presos de ETA de las peticiones de perdón

EL CORREO – 22/06/14

· El abogado alega en un foro en Bilbao que la «liberación» de reclusos depende de la legislación penal y atribuye el arrepentimiento a un proceso de reconciliación.

El abogado sudafricano Brian Currin abogó ayer por separar la excarcelación de presos de ETA de las peticiones de perdón y de las muestras de arrepentimiento por el daño causado. A su juicio, se trata de «dos procesos completamente distintos». El primero, señaló, depende de la legislación penal. El segundo, de un eventual escenario de «reconciliación» entre víctimas y «perpetradores» de la violencia. Con esta tesis, Currin insistió en la necesidad de aplicar cambios en la política penitenciaria que gestiona el Gobierno de Rajoy para facilitar la «reintegración» social de los reclusos de la banda terrorista, cuando han pasado ya más de dos años del cese «definitivo» de los atentados.

El abogado trasladó este mensaje en el foro social celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao, un acto promovido por Bake Bidea y Lokarri para «reforzar el diálogo en la ciudadanía» en busca de «una paz justa y duradera». Además de Brian Currin, la jornada de ayer, titulada ‘El respeto a los derechos humanos de las personas presas’, contó con la intervención del exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín y del exportavoz de Gestoras Juan María Olano, entre otros ponentes.

La conferencia fue seguida por varios representantes de la izquierda abertzale. Entre ellos, el dirigente de Sortu, Rufi Etxeberria; el presidente del partido, Hasier Arraiz; la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Mintegi; el secretario general de EA, Pello Urizar; y la portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte. Además, asistieron la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno vasco, Mónica Hernando; y la asesora de la Secretaría de Paz y Convivencia, Aintzane Ezenarro. El PNV envió una delegación representada por el parlamentario Iñigo Iturrate y el burukide Joseba Aurrekoetxea.

Experiencia en Irlanda

Currin, que lidera el Grupo Internacional de Contacto, ofreció su experiencia en la mediación de los conflictos vividos en Sudáfrica y en Irlanda del Norte. El abogado participó en la creación de la comisión de la verdad tras el final del sistema de segregación racial conocido como ‘apartheid’. Asimismo, lideró la mesa que gestionó la excarcelación de miembros del IRA y de paramilitares unionistas.

Con este bagaje, volvió a reclamar la suspensión de la política de dispersión de los presos de ETA y defendió su derecho a estar «cerca de sus hogares». Por su experiencia en Irlanda del Norte, Currin recordó que los reclusos del IRA «podían pasar el fin de semana en casa» en la recta final de su condena, cuando les quedaba «un año o dos» de prisión. Entre los internos, subrayó, imperaba «un código de honor» que les impedía emprender una fuga durante el permiso penitenciario. Eso sí, en su regreso a la cárcel podían seguir «excavando un túnel» para evadirse, indicó. En cualquier caso, el abogado recalcó que «ese programa fue muy importante para la reintegración».

Aunque hubo escasas extrapolaciones al caso vasco, Currin pidió un papel activo para los presos de ETA en la consolidación de la paz tras recordar que la banda ha renunciado a la violencia. En el turno de preguntas, rechazó la utilización del reconocimiento del daño causado como condición para la salida de prisión y posterior reinserción. «No se puede condicionar la liberación, que es una cuestión penal, del arrepentimiento», advirtió, en oposición al criterio de algunas asociaciones de víctimas, partidos e instituciones. Estos colectivos reclaman gestos éticos a los condenados por terrorismo para profundizar en su ruptura con la violencia y facilitar su reingreso en la sociedad.

Por su parte, el exmagistrado Martín Pallín subrayó que el derecho «nunca puede ser un obstáculo para la paz» y emplazó a «la Corona» a realizar algún gesto con los presos de ETA tras entrevistarse ayer con las víctimas. Olano, en su turno, acusó al Gobierno de utilizar a los reclusos como «mercancía».

EL CORREO – 22/06/14