Javier Tajadura Tejada, EL CORREO, 8/3/12
El diseño institucional del Estado no es económicamente viable, y si no se hace una profunda reforma del mismo, el déficit no podrá ser controlado
La publicación de las cifras oficiales del déficit público ha confirmado los peores augurios. El Gobierno ha tenido que reconocer ante la Unión Europea el grave incumplimiento de los acuerdos pactados con las instituciones europeas (8,5 % de déficit frente al 6). Y dada la situación real de las cuentas públicas, ha fijado para el año en curso un déficit del 5,8 %, muy superior al 4, 4 acordado con Bruselas. Ahora bien, el Gobierno mantiene su compromiso de cumplir con el objetivo final de limitar el déficit al 3% en 2013.
En los próximos días comprobaremos cómo afecta todo esto a la credibilidad del país. El Gobierno debe convencer a las instituciones europeas y a nuestros acreedores de que, a pesar de los incumplimientos pasados, España está decidida a sanear sus cuentas, tanto a través de duros ajustes presupuestarios como de reformas estructurales. Las reformas financiera y laboral se sitúan en esa senda. La proyectada Ley Orgánica de Estabilidad también. Pero todas ellas resultan claramente insuficientes si no vienen acompañadas de una reforma profunda de la estructura institucional del Estado.
La estructura actual es claramente disfuncional, ineficiente, y genera unos costes crecientes e insostenibles. Sin una reforma estructural de nuestro sistema institucional, sobre todo de los niveles local y autonómico, resultará imposible controlar el déficit y superar la crisis. A nivel local es imprescindible racionalizar el mapa municipal a través de fusiones. Grecia redujo a un tercio el número de ayuntamientos y Dinamarca a un décimo. Otros países han abordado también reducciones significativas. En nuestro caso, existe además otro escalón administrativo que puede y debe ser suprimido: las diputaciones provinciales.
En todo caso, es en el ámbito autonómico donde resulta más urgente acabar con la inflación institucional. Las comunidades autónomas, en su pretensión de configurarse como una suerte de miniestados, han reproducido a escala regional el sistema institucional del poder central. Todas las instituciones se han multiplicado así por diecisiete: Consejos Consultivos, Defensores del Pueblo, Tribunales de Cuentas, Institutos varios y miles de empresas y sociedades públicas. Ello explica que solo la Comunidad de Madrid haya cumplido con el límite de déficit, y que diez comunidades hayan duplicado el tope marcado. Resulta muy reveladora la reciente intervención del exlehendakari Carlos Garaikoetxea en la Comisión de duplicidades del Parlamento Vasco, donde se mostró «horripilado por el crecimiento desmesurado y elefantiásico» de las administraciones del País Vasco.
Aunque el verdadero ahorro debe producirse suprimiendo instituciones regionales y locales, también a nivel nacional la experiencia ha demostrado la inutilidad de algunas instituciones, como el Senado, y la inconveniencia de otras, como el Consejo General del Poder Judicial, por sus perversos efectos sobre la imagen de independencia de los jueces. Aunque su coste sea escaso, por razones simbólicas y pedagógicas debieran ser suprimidas.
Junto a todas estas instituciones tan superfluas como costosas se echa en falta la existencia de un órgano independiente que vele por el cumplimiento de la estabilidad fiscal. La credibilidad de España ha sufrido un duro golpe no solo por el incumplimiento del déficit, sino por la sensación de descontrol de las cuentas de las comunidades autónomas. La desconfianza aumenta ante el hecho de que varias comunidades (Navarra, Andalucía, La Rioja, Castilla y León, e incluso Valencia) han puesto en duda las cifras de la contabilidad nacional; esto es, discrepan del déficit que les imputa el Gobierno de la Nación.
Estas controversias erosionan aún más la confianza en nuestro país. Pueden y deben ser evitadas mediante la creación de un órgano similar a los que con tan buenos resultados se ha establecido en Suecia, Bélgica, Holanda, Dinamarca o Reino Unido: los Consejos de Estabilidad. Se trata de instituciones independientes (tanto de la Administración central como de las autonómicas) integradas por expertos a las que se les encomienda la supervisión de todos los presupuestos públicos.
Entre las razones que justifican la creación de este órgano cabe señalar básicamente dos. La primera, la necesidad de reforzar la credibilidad del compromiso constitucional con la limitación del déficit. Al tratarse de una institución cuya composición no depende de mayorías políticas coyunturales, sino que está integrada por expertos independientes, el ejercicio de la función de control presupuestario se verifica con criterios puramente técnicos (de legalidad, que diríamos en Derecho) y no políticos o de oportunidad. Este tipo de supervisión reforzaría la credibilidad del compromiso del Estado con el respeto de los límites establecidos en la Constitución y en el Derecho de la Unión.
La segunda razón que justifica su creación es la conveniencia de que todas las administraciones públicas (la central como las de las comunidades autónomas) sean controladas por una autoridad independiente y no vinculada como tal ni al poder central ni a los poderes territoriales. Y que precisamente por esa desvinculación solo tenga como objetivo el cumplimiento de las reglas presupuestarias y no la satisfacción de intereses partidistas o electorales.
La reforma de la estructura del Estado es la gran asignatura pendiente, no ya del Gobierno, sino de la sociedad española en su conjunto. Sin un gran pacto de Estado para racionalizar nuestro diseño institucional, nuestro objetivo de consolidación fiscal será difícilmente alcanzable; y el riesgo de intervención, con el consiguiente empobrecimiento general de la población, mayor.
Javier Tajadura Tejada, EL CORREO, 8/3/12