Desacuerdo parcial

El 24 de abril de 2006, dos días después de que fuera incendiado el negocio de un concejal de UPN en Barañain y atacada una oficina de seguros en Getxo, el Gobierno central creía que Batasuna iniciaba el buen camino porque había considerado que esos dos ataques eran muy graves y se había solidarizado con las víctimas. Después se vio que el camino no llevaba a ninguna parte.

El documento de la izquierda abertzale dado a conocer por EL CORREO el pasado viernes, día 20, revelaba que el debate habido en el seno de Batasuna había sido «conflictivo» y con «encontronazos». En efecto, ETA no estaba de acuerdo con algunas partes -sólo con algunas partes- de la ponencia oficial elaborada por el aparato de Batasuna porque no se ajustaba a las líneas que habían sido acordadas entre ambos antes del verano del pasado año.

En el debate, los miembros del grupo juvenil Segi y de Askatasuna, el grupo de apoyo a los presos, se alinearon con ETA. Entre los miembros de Ekin la cosa no estuvo tan clara, ya que algunos de sus portavoces más representativos cambiaron de bando y se pusieron del lado del aparato de Batasuna. ETA y sus aliados no lograron que su documento, la ponencia ‘Mugarri’, se difundiera en las asambleas.

El desacuerdo principal estaba en que ETA y los suyos querían que se mencionara de forma expresa la lucha armada. Pero no estaban en desacuerdo con la idea de la alianza independentista con EA. Todo lo contrario: en junio del pasado año, ETA echó una bronca por escrito a Batasuna por haber impulsado para el Parlamento europeo la candidatura encabezada por Alfonso Sastre en vez de pactar con Eusko Alkartasuna. Incluso, para facilitar el acuerdo con EA, en 2009 ordenó a sus comandos una tregua secreta entre el 24 de abril y el 7 de junio, «los dos días inclusive». Tampoco está en desacuerdo con la idea del «proceso democrático», ni la de impulsar un movimiento de rechazo a la represión. Los acuerdos eran más importantes que las diferencias, aunque ETA quería que quedara claro quién mandaba allá y la legitimidad de la violencia.

Si ahora ha reaparecido la violencia callejera no es por un desacuerdo con esa estrategia política, sino porque alguien ha dado la orden, de la misma manera que hace unos meses quien podía dio la orden de detener los ataques. En la respuesta de Batasuna, que se ha negado a condenar los ataques, algunos ven un primer paso en la buena dirección. La disposición a ver con ojos generosos cualquier guiño de la izquierda abertzale no es ninguna novedad.

El 12 de enero de 1999, poco después de que un ataque con ‘cócteles molotov’ provocara quemaduras a un guardia civil en Eibar, Xabier Arzalluz afirmaba que HB «no podía» con quienes practicaban la violencia callejera, pero en cambio «ETA sí». Siete días más tarde aseguraba que tenía constancia de que HB quería frenar la violencia callejera y lo iba a hacer. No lo hizo, claro, y el 25 de noviembre del mismo año, Arzalluz amenazó con salir a la calle si la izquierda abertzale no se desmarcaba de la violencia. Tres días después ETA anunciaba el fin de la tregua.

El 24 de abril de 2006, dos días después de que fuera incendiado el negocio de un concejal de UPN en Barañain y atacada una oficina de seguros en Getxo, el Gobierno central creía que Batasuna iniciaba el buen camino porque había considerado que esos dos ataques eran muy graves y se había solidarizado con las víctimas. Después se vio que el camino no llevaba a ninguna parte.

Florencio Domínguez, EL CORREO, 24/8/2010