Durante décadas la transición española se utilizó como modelo del paso ejemplar de una dictadura a una democracia y de pronto, treinta años después, viene un comité internacional a cuestionarlo todo. A este paso lo que vamos a necesitar es un comité de expertos que establezca «la verdad histórica» de la transición.
Resulta sorprendente escuchar muchas de las interpretaciones que se están haciendo estos días sobre la transición y sobre las leyes de amnistía que representaron la piedra angular sobre la que se levantó el nuevo marco de convivencia en España. O la generación que protagonizó aquella operación política, que fue reconocida con admiración en todo el mundo, no ha sabido explicar bien la naturaleza de la construcción democrática de España o muchos ciudadanos y dirigentes políticos se han entregado al adanismo de creer que estamos en el minuto cero de la historia y que se puede hacer cualquier cosa sin preocuparse de las consecuencias.
Uno de los errores más graves que se están cometiendo en el debate actual es la consideración de la amnistía (plasmada en dos decretos, uno de julio de 1976, otro de marzo del año siguiente y, finalmente, en la ley de 15 de octubre de 1977) como una imposición del franquismo para tapar sus responsabilidades en la represión y que los demócratas aceptaron por pura debilidad haciendo una renuncia. Nada de eso tiene que ver con lo que realmente ocurrió. Fue la oposición democrática y la movilización popular la que exigió la amnistía para todo el mundo, mientras que los herederos del franquismo se resistían. Conquistar la amnistía tuvo un alto precio: en el País Vasco, por ejemplo, hubo siete muertos durante las movilizaciones desarrolladas a lo largo de una semana pro amnistía en mayo de 1977.
No fueron los sectores políticos procedentes de la dictadura los que idearon la amnistía sino la izquierda. La medida, por ejemplo, figuraba en la Política de Reconciliación Nacional plasmada por el PCE en junio de 1956 y fue interiorizada por toda la oposición, incluyendo a los disidentes del franquismo.
La distorsión sobre el sentido de la amnistía obedece, posiblemente, a una argentinización del análisis de nuestra historia reciente, a la confusión de nuestra transición, amnistía incluida, con las leyes de impunidad aprobadas entre 1986 y 1989 en Argentina en medio de presiones del ejército y levantamientos de carapintadas.
Esa óptica argentina se ha extendido también a algunos organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU que, en octubre del año 2008, emitió un informe recomendando a España derogar la ley de Amnistía de 1977 y crear una comisión de expertos independientes «encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura».
Durante décadas la transición española se utilizó como modelo del paso ejemplar de una dictadura a una democracia y de pronto, treinta años después, viene un comité internacional a cuestionarlo todo.
A este paso lo que vamos a necesitar es un comité de expertos que establezca «la verdad histórica» de la transición.
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 28/4/2010