Para compensar un bajo nivel de exigencia a ETA, la declaración de Batasuna, EA y Aralar formulaba un largo catálogo de demandas al Estado, incluida la amnistía. La sociedad podría mostrarse generosa, pero no se asentará la paz si se pretende hacer como si ETA no hubiera hecho del crimen su instrumento de acción política.
El pasado sábado, Batasuna, EA y Aralar dieron a conocer un manifiesto en el que le piden a ETA una tregua «permanente, unilateral y verificable» y, a cambio, presentan una docena de reclamaciones al Estado, desde la derogación de la ley de Partidos (avalada por el Tribunal de Estrasburgo) a la puesta en libertad de determinados presos como primer paso para una amnistía. Doce peticiones contra una.
Está bien la reclamación a la banda del cese de su actividad, pero los firmantes del manifiesto comenten el error de ponerle apellidos amortizados como «permanente». La tregua de 2006 fue llamada por ETA de esa manera y ya se vio que para los terroristas lo permanente dura nueve meses. La tregua de 1998 fue calificada de «indefinida y total» por ETA y no fue ni lo uno ni lo otro. La banda siguió robando y comprando armas, extorsionando y moviendo los hilos de la violencia callejera hasta que decidió romper. En un documento interno explicó a sus miembros que «indefinida no quiere decir definitiva». Este es, por tanto, el único adjetivo que, después de todas las experiencias pasadas, es admisible en un alto el fuego de ETA: definitivo. Todo lo demás es volver a experimentos que ya han fracasado.
Para compensar tan bajo nivel de exigencia a ETA, la declaración presentada en Gernika formulaba un largo catálogo de demandas al Estado, incluida la amnistía. Aralar se jactó de ser el padre de esa demanda. Es de imaginar que tuvieron que retorcer el brazo a los representantes de Batasuna para imponerles la aceptación de la demanda. La amnistía fue una medida excepcional que se adoptó en la transición para cerrar el capítulo de la dictadura y comenzar el camino de la democracia sin cuentas pendientes. Gracias a la amnistía en octubre de 1977 salió de la cárcel el último preso etarra. Sin embargo, la banda continuó con su actividad terrorista contra la democracia y eso hizo que sus miembros comenzaran a entrar de nuevo a las cárceles. La democracia ha mostrado en numerosas ocasiones su generosidad penal con los terroristas, pero no puede llegar al punto de establecer la impunidad como norma.
Adriana Faranda, ex dirigente de las Brigadas Rojas que a principios de los años ochenta promovió el camino del abandono de las armas mediante la disociación de los que, como ella, habían abrazado el terrorismo, era contraria a una amnistía «porque supondría la cancelación de los delitos». Los delitos de las Brigadas Rojas, como los de ETA, han existido y no habrá forma de asentar la paz si se pretende hacer como si nada hubiera pasado. Una cosa es la generosidad que esté dispuesta a mostrar la sociedad –que estará condicionada por el comportamiento de los etarras que son los que han de ganarse esa benevolencia– y otra hacer como si ETA no hubiera hecho del crimen su instrumento de acción política.
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 29/9/2010