Por mucho que Joseba Egibar insista en defender la legitimidad de un Gobierno de Bildu en la Diputación de Guipúzcoa —con la consiguiente gestión de la información fiscal y del dinero de los contribuyentes—, sus compañeros del PNV de Vizcaya no se fían.
Concejales del Partido Nacionalista Vasco en los feudos vizcaínos de Bildu se resisten a presentar su declaración de bienes y actividades —de obligado cumplimiento para todos los cargos electos— en el registro de sus respectivos ayuntamientos por temor a que la información sensible relativa a su patrimonio caiga en manos de proetarras anexos a la coalición radical. Según ha podido saber ABC, ediles del PNV, así como del PP y PSE, en poblaciones como Ondárroa, Elorrio y Orduña han optado por entregar sus declaraciones firmadas en el registro especial habilitado en la Diputación de Vizcaya, que seguirá controlada por el partido de Íñigo Urkullu, y cuya labor de custodia les inspira mayor confianza.
Se trata de ayuntamientos en los que Batasuna goza de un fuerte arraigo social y donde Bildu ha obtenido una amplia mayoría. Donde la presencia de socialistas y populares es testimonial y donde en los últimos años, también los militantes del PNV han sufrido en sus propias carnes el hostigamiento de los radicales. La situación de acoso se recrudeció desde que entró en vigor la Ley de Partidos (2002) y la ilegalización de las marcas proetarras dio paso a gobiernos del PNV, al que ETA ha acusado de aprovecharse del «apartheid» electoral vasco. Todavía hoy, con Bildu legalizada, en ciertos pueblos de la costa vasca las sedes sociales del PNV —«batzokis»— se ven en la diana de los violentos y son atacadas con bolas de pintura roja y amarilla. Son acusados de «españoles» y colaboracionistas del Gobierno central.
Información sensible
La Ley Reguladora de Bases del Régimen Local obliga a los cargos electos a presentar una declaración firmada en la que deben detallar su patrimonio y el de su cónyuge, incluyendo los datos sensibles de identificación de viviendas, lonjas, matrícula de vehículos, así como empresas o participaciones bursátiles.
Los miembros de las corporaciones locales tienen de plazo hasta el próximo sábado 11 de junio, fecha en la que se constituyen los ayuntamientos de toda España, para entregar el informe al secretario municipal. Este es el encargado de velar por su confidencialidad y es también el único autorizado para acceder al contenido de los documentos.
Ante la presión del entorno de Batasuna y la facilidad para hacerse con esta información, PP y PSOE pactaron una reforma legal que desde 2003 permite a los ediles que están amenazados, tanto en su integridad física como en sus familiares o negocios, realizar su declaración de bienes ante el secretario de la Diputación Provincial. Este paso fue adoptado en el marco del Pacto Antiterrorista y a tenor del amplio historial de ETA en el manejo de información sensible de los concejales vascos y navarros.
Los ediles el PNV se apoyan ahora en esta norma para esconder sus datos del control fiscal de Bildu. Son medidas de precaución que contrastan con la actitud del PNV en Guipúzcoa, donde la corriente soberanista de Egibar está dispuesta a dejar gobernar a la coalición en instituciones neurálgicas como la Diputación y el Ayuntamieto de San Sebastián.
De concretarse este escenario, miles de ciudanos guipuzcoanos se verán abocados a confiar sus datos fiscales a Bildu. Tampoco los ediles del resto de partidos se salvarán de quedar bajo su lupa.
Este temor también se extiende a los empresarios vascos que, si bien públicamente intentan quitar hierro a que Bildu acceda al poder, han transmitido en privado su preocupación al Gobierno vasco. ETA ha dejado en suspense el cobro del «impuesto revolucionario» para favorecer el asentamiento de Bildu en las instituciones. Pero, como en el caso del «alto el fuego» que mantiene ahora, no es definitivo, por lo que persiste la amenaza.
ABC, 6/6/2011