Si la unidad de los partidos democráticos es tan importante para derrotar a ETA como se decía con tanta razón durante la anterior legislatura, no tiene sentido ponerla en peligro por temas discutibles convertidos en bandera incuestionable.
Uno de los problemas de la democracia contemporánea es la sacralización de los medios con olvido de los fines, sostiene Tzvetan Todorov. Se refiere sobre todo a la economía, pero la observación es aplicable al debate político actual en España, y especialmente al laberinto en que nos estamos metiendo a propósito del fin de ETA. Todos dicen que ese fin está más cerca que nunca, pero casi nadie se resiste a hacer algo para alejarlo. El medio, la no presencia de Sortu en las elecciones de mayo se ha convertido en un fin en sí mismo, con olvido del objetivo: conseguir que sea la izquierda abertzale la que, para salvarse ella, acabe con ETA; le obligue a disolverse.
La estrategia antiterrorista de los últimos años buscaba ese efecto, que ahora parece próximo. Es cierto que para que culmine es conveniente mantener el nivel de exigencia, pero de acuerdo con la nueva situación y no limitándonos a repetir el silogismo de que si Sortu es Batasuna y Batasuna es ETA, Sortu es ETA. Más realista es deducir que Sortu es Batasuna iniciando su ruptura con ETA, lo que debe tenerse en cuenta para que juegue a favor del objetivo de la disolución.
Es absurdo convertir en motivo de ruptura afirmaciones como la de Patxi López cuando dice que Sortu y ETA no son lo mismo. Puede que sea algo precipitado decirlo, pero más lo es deducir que todo es un montaje pactado entre Batasuna y ETA. Incluso si lo hubiera sido en su origen, las cosas han ido demasiado lejos para que los de Otegi puedan dar marcha atrás; y a lo que queda de ETA no le gusta que le digan que ya no es necesaria.
Este año se cumplen 25 del asesinato de Yoyes. El colectivo de presos de ETA justificó ese crimen con el argumento de que la presencia en la calle de esa exdirigente podía «inducir a creer que la lucha armada ya no es necesaria». El argumento refleja un rasgo esencial del pensamiento fanático: lo único que no requiere justificación es la necesidad de matar. En condición de tal es reproducido por Jorge Semprún en su novela Netchaiev ha vuelto. Antecedentes como el de Yoyes fueron tenidos en cuenta por el Tribunal Constitucional para considerar que el rechazo público de los atentados de ETA por parte de Batasuna tendría fuerte significación como indicio de ruptura de la vinculación con ETA.
Si la unidad de los partidos democráticos es tan importante para derrotar a ETA como se decía con tanta razón durante la anterior legislatura, no tiene sentido ponerla en peligro por temas discutibles convertidos en bandera incuestionable. Lo cual es aplicable a muchos portavoces del PP, pero también a personalidades socialistas como Eguiguren. Su artículo del martes combina críticas justificadas al PP con apreciaciones tan superficiales como las que critica. El reproche de fondo se dirige a Zapatero y su Gobierno, acusados de pasividad. Es decir, de no alentar el proceso abierto con iniciativas políticas.
Si se refiere a que el Gobierno debía haber dejado pasar a Sortu sin impugnar su inscripción (cosa que podía haber hecho), la bronca actual más bien indica que fue un acierto actuar de manera que tuvieran que intervenir los tribunales: que el desenlace, cualquiera que sea, venga avalado por el sistema judicial, incluyendo Estrasburgo (cuya última resolución en relación a unas supuestas injurias de Otegi al Rey demuestra que no es un tribunal al que quepa atribuir una tendencia prejuiciada, lo que a su vez refuerza la legitimidad de su sentencia de 2009 sobre la ilegalización de Batasuna).
Respecto a otras iniciativas, desde la izquierda abertzale se ha planteado la necesidad de poner en marcha medidas penitenciarias que preparen el terreno para el «acuerdo democrático que solucione el conflicto». Es decir, la preparación de la mesa de partidos que, como dice ETA, alcance un consenso sobre «la formulación» del reconocimiento de la autodeterminación y la territorialidad. Fue el propio Eguiguren quien, en junio del año pasado, argumentó que para ETA o la izquierda abertzale era más fácil «renunciar a la lucha armada a cambio de nada que a cambio de contrapartidas políticas». Porque nunca el Gobierno podría darles lo que ellos se considerarían obligados a exigir ni ellos aceptar lo que el Gobierno pudiera ofrecerles. Es decir, que es más fácil que ETA se retire por decisión propia que como efecto de una negociación.
Tras algunas dudas, el Gobierno ha decidido no entrar en una dinámica de concesiones pactadas y no hacer nada en favor de la legalización mientras ETA no se disuelva. Con el asunto en manos de los tribunales, la actuación política debe dirigirse no a favorecer o impedir la participación electoral de Sortu sino a crear condiciones que favorezcan la autodisolución; entre ellas, la de que el nuevo partido se lo exija. Y esto será más fácil sin concesiones que con ellas, si bien dejando abierta la posibilidad de medidas de reinserción de presos ya condenados; pero no como condición sino como consecuencia de la disolución.
Patxo Unzueta, EL PAÍS, 17/3/2011