Con claridad jurídica y contundente decisión procesal que envidiaríamos en Colombia, el juez de la Audiencia Nacional está desentrañando las estrechas relaciones terroristas que durante años mantuvieron las Farc con la banda independentista vasca Eta, a instancias de personas muy cercanas al actual gobierno de Venezuela.
En menos de un año, el juez de la Audiencia Nacional Española, Eloy Velasco, logró establecer los vínculos del grupo vasco Eta con las Farc, y la participación de funcionarios del gobierno Chávez en este contubernio terrorista. A la circular roja emitida ayer por Interpol contra el guerrillero Víctor Ramón Vargas le precede una solicitud de extradición contra Arturo Cubillas, etarra al servicio del Instituto de Tierras venezolano.
Con claridad jurídica y contundente decisión procesal que envidiaríamos en Colombia, el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, está desentrañando las estrechas relaciones terroristas que durante años mantuvieron las Farc con la banda independentista vasca Eta, a instancias de personas muy cercanas al actual gobierno de Venezuela.
El proceso tiene como piezas centrales, que no las únicas, a Arturo Cubillas, etarra nacionalizado venezolano, jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras en el gobierno Chávez; a los terroristas vascos Francisco López, alias Thierry ; Mikel Kabikoitz Sarobe, alias Ata; y al guerrillero Víctor Ramón Vargas Salazar, alias el Chato, miembro de la columna Téofilo Forero de las Farc, contra quien se expidió ayer la circular roja, de máxima alerta, para efectos de lograr su captura en uno de los 180 países adscritos a la Interpol.
La noticia pudiera ser una más en la lucha internacional contra el terrorismo, de no ser porque involucra directamente a funcionarios venezolanos, y al propio presidente Hugo Chávez, en asuntos vinculados con hechos terroristas, no sólo en España, sino en Colombia. Según el juez Velasco, alias el Chato estuvo en Madrid, en 2000 y 2010, buscando la participación de Eta en dos atentados que iban dirigidos contra los expresidentes Andrés Pastrana, el primero; y Álvaro Uribe, el segundo.
De ahí la importancia que reviste para nuestro país este caso, pues cada vez está más clara la relación de las Farc con el terrorismo internacional y el contubernio de ciertos gobiernos con la insurgencia colombiana. El Gobierno Santos, respetando los canales diplomáticos y sin inmiscuirse en asuntos bilaterales Madrid-Caracas, sí debe seguir de cerca el proceso ante la Audiencia Nacional y demandar la cooperación judicial de ambos gobiernos con Colombia.
La corresponsabilidad que tanto demandamos contra el terrorismo y el narcotráfico tiene, en hora buena, una prueba ácida para determinar la verdadera consistencia de las nuevas relaciones con nuestros vecinos. La solicitud de extradición de Arturo Cubillas, hecha por el juez Velasco, constituye un reto para la justicia internacional, y no un asunto de mera cosmética diplomática entre España y Venezuela. La colaboración para la captura de alias el Chato, por añadidura, también sirve de fiel a la balanza.
No quisiéramos ni pensar que por simple cálculo político o flojera comercial, Colombia pierda esta oportunidad para clarificar tantas dudas sobre la presencia de campamentos de las Farc, con sus cabecillas incluidos, en territorio vecino. Y peor, con etarras como invitados de honor. O de terror.
La agitada agenda diplomática entre Bogotá y Caracas hay que mantenerla, pero sin descuidar otras tan importantes para el país como la del caso Eta-Farc en España, sobre todo en momentos en que la guerrilla colombiana busca oxigenarse internacionalmente, y en el campo doméstico llueven torpedos contra el proceso de desmovilización.
EL COLOMBIANO, 10/3/2011