El gobierno español niega haber hecho concesiones a ETA

El ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, rechazó de forma tajante que el gobierno diera órdenes de paralizar la detención de miembros de ETA durante el fallido proceso de paz con el grupo armado vasco en 2006, tal y como sugieren unos documentos secretos de la organización.

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El ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, rechazó hoy de forma tajante que el gobierno diera órdenes de paralizar la detención de miembros de ETA durante el fallido proceso de paz con el grupo armado vasco en 2006, tal y como sugieren unos documentos secretos de la organización.

El ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, rechazó hoy de forma tajante que el gobierno diera órdenes de paralizar la detención de miembros de ETA durante el fallido proceso de paz con el grupo armado vasco en 2006, tal y como sugieren unos documentos secretos de la organización.

Esas actas de ETA, publicadas ahora por la prensa nacional, no tienen credibilidad porque están llenas de «mentiras y de manipulaciones», manifestó Pérez Rubalcaba en la habitual sesión de control al gobierno en el Congreso, donde el opositor Partido Popular (PP) volvió a exigir su dimisión.

Según los documentos de ETA, el gobierno intentó evitar en 2006 la detención de varios miembros de la organización, para lo cual habría encomendado a la policía dar un soplo a un colaborador del grupo armado. Ese «chivatazo» es también objeto de una investigación judicial todavía en curso. Los arrestos, 14 en total, finalmente se produjeron en otra operación policial llevada a cabo seis semanas más tarde.

El gobierno no sólo no paralizó la persecución de etarras en esa época sino que ordenó que se «apretara más que nunca» al grupo armado, enfatizó el ministro, que es además vicepresidente primero del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Así lo corroboraron también los tres negociadores del gobierno en el proceso de paz de 2006 así como los siete mandos policiales que fueron interrogados por el juez Pablo Ruz, a cargo de la investigación del «chivatazo».

Según su declaración, no existían «órdenes ni instrucciones» para bajar la presión policial a ETA sino más bien lo contrario, ya que las fuerzas de seguridad estaban «en alerta máxima» porque había indicios de que la organización estaba aprovechando la tregua para rearmarse.

Pese a la dura controversia, el PP manifestó que mantendrá el pacto antiterrorista firmado en su día con el gobierno. La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, advirtió, sin embargo, que ese acuerdo no exculpa al gobierno de tener que dar explicaciones sobre el soplo a ETA.

El Ejecutivo, que insiste en restar credibilidad a los documentos del grupo armado, afirmó hoy que no tiene actas propias de las reuniones mantenidas con ETA en ese proceso. Éste finalmente fracasó a comienzos de junio de 2007, cinco meses después de que un comando terrorista de la organización colocara un coche bomba en un aparcamiento del aeropuerto de Madrid, un atentado que costó la vida a dos inmigrantes ecuatorianos.

Esas actas de ETA, publicadas ahora por la prensa nacional, no tienen credibilidad porque están llenas de «mentiras y de manipulaciones», manifestó Pérez Rubalcaba en la habitual sesión de control al gobierno en el Congreso, donde el opositor Partido Popular (PP) volvió a exigir su dimisión.

Según los documentos de ETA, el gobierno intentó evitar en 2006 la detención de varios miembros de la organización, para lo cual habría encomendado a la policía dar un soplo a un colaborador del grupo armado. Ese «chivatazo» es también objeto de una investigación judicial todavía en curso. Los arrestos, 14 en total, finalmente se produjeron en otra operación policial llevada a cabo seis semanas más tarde.

El gobierno no sólo no paralizó la persecución de etarras en esa época sino que ordenó que se «apretara más que nunca» al grupo armado, enfatizó el ministro, que es además vicepresidente primero del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Así lo corroboraron también los tres negociadores del gobierno en el proceso de paz de 2006 así como los siete mandos policiales que fueron interrogados por el juez Pablo Ruz, a cargo de la investigación del «chivatazo».

Según su declaración, no existían «órdenes ni instrucciones» para bajar la presión policial a ETA sino más bien lo contrario, ya que las fuerzas de seguridad estaban «en alerta máxima» porque había indicios de que la organización estaba aprovechando la tregua para rearmarse.

Pese a la dura controversia, el PP manifestó que mantendrá el pacto antiterrorista firmado en su día con el gobierno. La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, advirtió, sin embargo, que ese acuerdo no exculpa al gobierno de tener que dar explicaciones sobre el soplo a ETA.

El Ejecutivo, que insiste en restar credibilidad a los documentos del grupo armado, afirmó hoy que no tiene actas propias de las reuniones mantenidas con ETA en ese proceso. Éste finalmente fracasó a comienzos de junio de 2007, cinco meses después de que un comando terrorista de la organización colocara un coche bomba en un aparcamiento del aeropuerto de Madrid, un atentado que costó la vida a dos inmigrantes ecuatorianos.

2001com.ve (Venezuela), 3/4/2011