EL MUNDO 25/04/13
· Insiste en mantener la atención individual en castellano contra el criterio del Tribunal.
El castellano no será, junto al catalán, lengua vehicular en los colegios de Cataluña, pese a los reiterados fallos judiciales que así lo ordenan. La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, no está dispuesta a dar su brazo a torcer y así lo ha hecho saber a través de una resolución dictada por su departamento el pasado 17 de abril, cuyo contenido burla las instrucciones de los jueces.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó el pasado 8 de enero un auto de medidas cautelares en un procedimiento interpuesto por varios padres que demandan que sus hijos reciban la educación en castellano. El auto requería a la Conselleria «adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar el sistema de enseñanza lingüística (…) a la nueva situación (…), que considera también al castellano como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña junto con el catalán». En definitiva, lo que el Tribunal planteaba es que en las aulas de los hijos de los recurrentes se introdujese el castellano como lengua vehicular junto al catalán, tal y como ordena la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Supremo y del propio Superior de Justicia.
A la vista de estos antecedentes y, en principio, para cumplir con el mandato de los jueces, la Conselleria dictó esa resolución de 17 de abril relativa a la situación de uno de los demandantes para dar «cumplimiento al auto».
El documento, al que ha tenido acceso este diario, resuelve en el apartado uno «dar cumplimiento al auto», pero luego, en el apartado dos, contradice esa afirmación al indicar que «el centro concertado continúe con la aplicación de su modelo lingüístico, ya que da estricto cumplimiento a lo previsto» en la ley de educación catalana y en la sentencia del Tribunal Constitucional. El modelo lingüístico de esa escuela, y de la mayoría del resto de los colegios en Cataluña, consiste en dar la denominada atención individualizada al alumno que solicita que se le eduque en castellano. Eso significa que el profesor se dirige a ese estudiante en español, pero no incorpora este idioma a las rutinas de toda la clase, tal y como pretenden los jueces.
De hecho, la resolución se fundamenta en un informe que elaboraron el 16 de abril la inspectora del centro escolar y la subdirectora general de la inspección educativa, en el que se concluye que el alumno «en el trabajo escolar usa el castellano en un 88% de su tiempo lectivo, ya sea por la atención individualizada que recibe, o por las clases conjuntas en castellano con sus compañeros. Un 12% del tiempo lectivo emplea el inglés como el resto de su grupo».
El expediente contiene también otro informe, elaborado en este caso por el equipo educativo de la escuela afectada, donde se relata que en Primaria «la mayoría de los alumnos tiene como lengua materna el castellano (70%-80%) u otras lenguas diferentes al catalán». También se señala que «el dominio del catalán es minoritario al inicio de P-3». «Los tutores resaltan la importancia de que sea la misma persona la que les hable siempre en la misma lengua en estas edades si se quiere conseguir un progresivo dominio», se precisa. La idea es que estos niños castellanohablantes «tengan una buena comprensión y una expresión aceptable del catalán» al llegar a P-5.
Pero, según ese mismo informe, eso no significa que el castellano esté excluido de las aulas, ya que «la mayoría de los niños expresan sus deseos, dudas, emociones… en castellano». Y además, «la lengua castellana entra a través de los niños a partir de materiales escritos y orales que llevan de casa a las aulas (informaciones de proyectos que se hacen, cuentos de casa, noticias de su entorno, noticias del ámbito periodístico…). Por último, los maestros dicen que «la lengua castellana, en menor medida, pero con la misma intensidad participa de forma programada en canciones, poemas, dichos, pequeños textos libres (final de P-5)».
La diputada del PP en el Parlament María José García Cuevas denunció ayer la actitud de Rigau respecto a los fallos judiciales y consideró que la consellera «se burla de la ley» con esa resolución y que con ella entra «en el terreno peligroso de la prevaricación».
EL MUNDO 25/04/13