EL MUNDO 05/02/14
· No cambiará «ni una coma» de su política pese al auto que ordena un 25% de español.
· Afirma que no comete desacato porque está cumpliendo la Ley de Educación catalana.
El Govern de Artur Mas no está dispuesto a ceder terreno en la lucha jurídica, educativa y política que tiene al sistema de inmersión lingüística en catalán como protagonista. El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, fue ayer explícito sobre ello al asegurar que la Generalitat no modificará «ni una coma» de su actual modelo educativo. Una postura con la que el Gabinete de Mas se enfrenta al auto dictado la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en el que se daba un mes de plazo a cinco escuelas catalanas para que ofrezcan el 25% de sus clases en castellano, tras las denuncias presentadas por varios padres de alumnos.
La respuesta oficial del Govern, además, se verá reforzada también en la vía judicial. Tal y como confirmó ayer en rueda de prensa Homs y había anunciado el lunes la titular de Educación de la Generalitat, Irene Rigau, el Govern presentará el viernes una batería de recursos –«los que sean necesarios», añadió– destinados a frenar el auto del TSJC.
A dichos recursos se sumarán además los que presentarán las direcciones de los centros escolares afectados por la decisión del Alto Tribunal y quienes, desde que comenzara la batalla jurídica ya en 2006, se sitúan por primera vez en el ojo del huracán de la polémica al ser señalados directamente por un auto judicial.
Cuestionado sobre si la estrategia de la Generalitat pasa entonces por desacatar una decisión judicial, Homs respondió simplemente que el Govern «cumplirá la ley», en referencia a la Ley de Educación de Cataluña (LEC) –actualmente en vigor y la cual definió también como «una ley española», al haber sido redactada desde el Parlament de Catalunya– sobre la que se sostiene el actual sistema educativo. Homs, de hecho, llegó a señalar que son quienes atacan «por la puerta de atrás para imponer algo clarísimamente minoritario» quienes se encuentran «al margen de la ley», acentuando que «todos los alumnos» deben estudiar bajo una LEC que, como recordó, nadie ha impugnado hasta el momento.
Homs no desaprovechó ayer la ocasión de tachar de «sorprendente» que unos jueces hayan sido los primeros en decretar un porcentaje concreto de horas lectivas en castellano. Algo a lo que no ha llegado ni siquiera la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), aprobada por el Gobierno del PP.
«¿A partir de qué criterio pedagógico determinan [los jueces] esos porcentajes?», se preguntó el portavoz, quien recordó que el Tribunal Constitucional dictó en un auto anterior que debía ser la Generalitat, a través de sus estructuras educativas, la que estableciera «una proporción razonable» en el conocimiento de ambas lenguas oficiales. Algo que cree que se ha venido haciendo a lo largo de los últimos 30 años.
La defensa del sistema educativo catalán coincidió ayer con el anuncio del Govern de que recurrirá la Lomce –conocida también como Ley Wert– ante el Constitucional, al considerar que la nueva normativa estatal vulneraría hasta 11 competencias de la Generalitat reconocidas en la Constitución y el Estatut.
Así lo dictamina en su último informe el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya –órgano consultivo que vela por el respeto a las competencias autonómicas–, cuyo «contundente» contenido Homs animó ayer a leer para «tomar conciencia del nivel de vulneración de las reglas del juego que lleva a cabo este Gobierno». El informe señala que la ley del ministro de Educación, José Ignacio Wert, rompe la capacidad del Govern de ordenar el currículo escolar o la formación de los profesionales.
EL MUNDO 05/02/14