LIbertad Digital 28/11/12
Mikel Buesa
Los resultados de las elecciones catalanas no han podido ser más frustrantes para el Molt Honorable President de esta comunidad autónoma. Aupado por una Diada que no convocó, pero que sí promocionó con todos los recursos de la Generalitat, se introdujo en el laberinto electoral con el entusiasmo de los neófitos, creyendo que saldría de él aupado hacia la jefatura de un Estado nuevo, del Estado de la redimida nación catalana. Lo hizo porque oía el susurro de las voces ancestrales de una patria postergada a la que prestaban su eco los peritos en encuestas, los chamanes capaces de penetrar en el sentimiento profundo de la sociedad y los voceros subvencionados de los medios de comunicación.
Todo en vano. Los catalanes de a pie esta vez sí que fueron a votar y expresaron en sus papeletas una variedad de opiniones tan extensa como el pluralismo que impregna los pueblos y ciudades en los que viven. El resultado no ha sido otro que el aumento de la fragmentación del Parlament a costa de la reducción de los escaños con los que puede contar el Molt Honorable –y, de paso, el partido socialista–, lo que le coloca en la incómoda posición de tener que depender del voto de quienes preferiría ver lejos de su casa porque le van a humillar recordándole lo limitado de su poder mientras le vacían los bolsillos y le exigen que tome las decisiones políticas que le pondrán en el borde del abismo.
Que el resultado de estas elecciones sitúa a Artur Mas ante un laberinto de inextricable salida política no se le oculta a nadie. Por una parte, sus pretensiones independentistas podrían encontrar la cooperación de ERC, aunque con un importante coste en términos de poder que le conducirá a ver constreñida su capacidad de iniciativa y sus posibilidades de manejar los tiempos. Por otra, esa misma cooperación se convertirá en una pesada losa para dar continuidad al inevitable programa de ajuste del sector público que, en este momento, es la garantía de la obtención de la liquidez necesaria para poder sostener la Administración autonómica. A este respecto, el Ministerio de Hacienda ya ha advertido de que «cualquier ayuda del Fondo de Liquidez Autonómica –sobre el que ya pende el pago de las nóminas y la devolución de la deuda– está condicionada al cumplimiento del objetivo de déficit», lo que significa que si en lo que va de este año ya se han recortado los gastos en un cinco por ciento, el que viene habrá que hacer lo mismo para dejar el déficit en la mitad del de ahora.
Mientras tanto, Oriol Junqueras, con el aval que le da el éxito electoral de la Esquerra, ya ha señalado que lo suyo no es la política de austeridad, obligando así a Mas a reconocer públicamente, en un ejercicio de funambulismo político para el que está mal preparado: «Lo que ha dicho no me parece mal». Se avecina, por tanto, una etapa de extraordinaria inestabilidad, de tiras y aflojas, en la que las diatribas catalanas se mezclarán con las exigencias del Estado, tanto en el terreno político como en el económico.
A su vez, las dificultades de Cataluña colocarán al Gobierno de Mariano Rajoy ante los límites de su propia acción política. En el terreno económico, los problemas de las Administraciones Públicas los ha fiado al cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que en la previsible deriva catalana conducirá a la ineludible aplicación de medidas de cumplimiento forzoso y, con ellas, a la invocación del artículo 155 de la Constitución. Pero, como ha destacado Santiago Muñoz Machado en su recién publicado Informe sobre España, esa invocación puede «chocar con conflictos de poderes territoriales muy difíciles de superar». El profesor Muñoz Machado ha recordado también que el artículo 155 es un precepto copiado de la Constitución alemana de Weimar, y que su aplicación «no pudo ser más nefasta para la historia de Alemania», porque condujo, a través de Von Papen, al «control de las instituciones alemanas por el partido nazi».Y ha añadido que, en lo referente a la estabilidad presupuestaria, «probablemente no existe más que [la] alternativa [de] que el Estado no utilice [las] competencias excepcionales» que le otorga la Ley.
Y en el terreno político, la deriva secesionista catalana planteará también la necesidad de adoptar medidas excepcionales para poner freno al incumplimiento, por la vía de los hechos, de la legalidad constitucional, con lo que, sin duda, acabará planteándose una crisis de muy complicada resolución política y jurídica que podría poner en cuestión no sólo la continuidad del gobierno catalán, sino la estabilidad misma de las instituciones democráticas. Será en ese momento cuando el Molt Honorable Mas tal vez evoque los pasajes finales de El general en su laberinto, en que Gabriel García Márquez describe los últimos momentos de Simón Bolívar:
Al general (…) lo estremeció la revelación deslumbrante de que la loca carrera entre sus males y sus sueños llegaba en aquel instante a la meta final. El resto eran las tinieblas. «Carajos», suspiró. «¡Cómo voy a salir de este laberinto!».