La solicitud del Parlamento vasco para evitar la presencia en EiTB de portavoces de organizaciones ilegales es coherente y sería beneficiosa para la deslegitimación del terrorismo.
Pocos son los que consideran ilimitada la libertad de expresión. Muchos pensamos que la pornografía debería prohibirse en radio y televisión. Invitar a terroristas para alardear es la última pornografía de la violencia». Así defendía el académico Paul Wilkinson la legislación irlandesa y británica que prohibió las entrevistas con representantes del Sinn Fein en medios públicos. En 1973 Irlanda introdujo una prohibición que los británicos adoptaron en 1988 con ciertas variaciones al autorizar declaraciones de políticos del Sinn Fein siempre y cuando sus voces fueran silenciadas mientras un actor reproducía sus palabras. Estas limitaciones a la libertad de expresión sirven para comprender la resolución del Parlamento vasco instando a EiTB a evitar la presencia de portavoces de una organización ilegal como Batasuna.
Esta decisión ha sido criticada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Sin embargo, la petición aprobada por PSE, PP y UPyD destacaba que esa actitud no suponía la renuncia de EiTB a su «función de servicio público regida por los principios de profesionalidad, veracidad e independencia, atendiendo al derecho de la ciudadanía vasca a disponer de una información honesta y veraz». El caso irlandés y británico demuestra que la búsqueda de información veraz sobre terrorismo exige cuestionar críticamente a actores políticos que instrumentalizan los medios de comunicación al convertirlos en plataforma privilegiada para exponer su propaganda. Con frecuencia los periodistas se convierten en meros difusores de los postulados defendidos por dirigentes políticos, problema que se agrava al manifestarse con fuentes sensibles como los representantes de formaciones ilegales vinculadas a grupos terroristas.
La lógica preocupación del periodista por evitar que la sociedad se vea privada del conocimiento de la realidad en su conjunto no puede soslayar que a veces el discurso terrorista obtiene una peligrosa credibilidad y legitimidad mediante la distorsionada presentación de sus aspiraciones. Así ha ocurrido cuando portavoces de la ilegal Batasuna han obtenido el beneficio de una presencia mediática a través de la cual han reproducido su propaganda. Mediante un engañoso lenguaje de paz han confundido a algunas audiencias sobre la naturaleza de su relación con ETA, centrando la atención en meras declaraciones formales con el fin de ocultar hechos irrefutables: los políticos siguen compartiendo estrategia con los militares pero discrepan en algunos aspectos tácticos.
De ese modo, la supuesta neutralidad del medio de comunicación ha facilitado la desinformación y la distorsión de la realidad etarra. Las recientes entrevistas con sus portavoces conformaban un retrato favorable de sí mismos, al eximirles los medios del necesario cuestionamiento al que su trayectoria y escasa fiabilidad obligan. Algunos periodistas muestran una fascinación por quienes violan básicos principios democráticos, prestándoles un útil instrumento para rehabilitar su imagen ante la opinión pública a través de su aparición mediática. Logran así que su asociación con el terrorismo les reporte recompensas en lugar de sanciones, facilitándoles esa coacción que condiciona la paz a la satisfacción de sus exigencias. En ocasiones la aparente imparcialidad y objetividad del medio se convierte en subjetividad valorativa encubierta bajo una asimétrica neutralidad contraria a la función del periodista. Como escribió Hannah Arendt, «describir los campos de concentración sin ira no es ser objetivo, sino indultarlos».
Por ello, la solicitud del Parlamento vasco resulta coherente y sería beneficiosa para la deslegitimación del terrorismo, como se desprende de la exitosa experiencia irlandesa y británica. En contra de lo que señalaban los detractores de esas prohibiciones, sus efectos fueron dramáticos para el Sinn Fein, como reconoció el propio responsable de relaciones públicas, Danny Morrison. Otros activistas también las calificaron como «muy perjudiciales» al impedir que «se escuchara su mensaje». Jim Gibney, destacado estratega del IRA y el Sinn Fein, atribuyó los desastrosos resultados electorales de 1992 a esas restricciones: «El Sinn Fein se enfrenta a diario a obstáculos que ningún otro partido tiene. Nuestra capacidad para comunicarnos directamente con el electorado a través de los medios de comunicación ha quedado tremendamente restringida». El veterano periodista Ed Moloney coincidió en que la prohibición «apartó al Sinn Fein de las pantallas de televisión y al hacerlo le aisló de sus votantes y de potenciales electores», constituyendo un «devastador golpe para un partido cuya estrategia político-militar sólo podía tener éxito si ganaba ininterrumpidamente una mayor porción del voto nacionalista en Irlanda del Norte».
La prohibición fue suspendida tras el alto el fuego del IRA, facilitando las tácticas manipuladoras del Sinn Fein. Como denunció Henry McDonald, corresponsal de la BBC en Irlanda del Norte entre 1994 y 1996, algunos medios, incluida la cadena pública, impusieron una cobertura ‘políticamente correcta’ de las actividades del grupo terrorista. En ese contexto el presidente del Sinn Fein, Gerry Adams, acuñó el término ‘enemigos del proceso de paz’ para estigmatizar a aquellos periodistas que cumpliendo con sus responsabilidades osaban criticar la propaganda del IRA y su brazo político. También Batasuna recurre a estereotipos distorsionadores como su apoyo al denominado proceso democrático y su rechazo formal a la violencia para consolidar en la opinión pública percepciones positivas sobre sus intenciones y exigir una rebaja de los requisitos para su legalización. La carga emocional de su discurso prometiendo un esperanzador futuro de paz complementa sus esfuerzos por sofocar una incómoda realidad como la que aflora a la superficie cuando se somete a escrutinio: Batasuna sigue siendo un instrumento de ETA que simula una ruptura con la banda, que no se ha producido, pero en la que muchos desean creer.
(Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos)
Rogelio Alonso, EL CORREO, 18/4/2011