El TC pone punto final a la rebeldía de Cataluña y suspende el euro por receta

ABC, 16/01/13

· El TC suspende la medida en Cataluña y la Generalitat tira de victimismo: «Acabarán prohibiendo respirar en catalán». Madrid la mantiene por ahora

Espera la notificación La Generalitat seguirá cobrando el euro hasta que reciba la confirmación oficial de la suspensión.

Cataluña no podrá cobrar, de momento, un euro por cada receta dispensada por los médicos del servicio catalán de salud. El Pleno del Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso del Gobierno contra la implantación de esta «tasa», en vigor desde junio; la primera consecuencia de esta decisión es la suspensión cautelar de la medida durante al menos cinco meses, que es el plazo (prorrogable) del que dispone el TC para resolver sobre su constitucionalidad. La decisión se notificará hoy. La Generalitat anunció que seguirá cobrando el euro hasta recibir la confirmación oficial.

La admisión a trámite del recurso no puede interpretarse como un anticipo de esa decisión de fondo que el Constitucional adoptará en su momento, pero sí es un primer e importante revés a la Generalitat justo cuando, tras las elecciones del pasado mes de noviembre, Artur Mas y sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) han dado una vuelta de tuerca a sus ambiciones independentistas.

Además, la decisión del Constitucional supone un claro aviso a navengantes a la Comunidad de Madrid, que también aprobó el euro por receta a finales de diciembre. El Ejecutivo de Mariano Rajoy presentará en breve el correspondiente recurso para denunciar, igual que en el caso catalán, que se han invadido competencias que corresponden al Estado. Además, como advirtió el Consejo de Estado, la imposición de la «tasa» farmacéutica por territorios vulnera el derecho a la igualdad de los españoles en la adquisición de medicamentos.

Fuentes del Tribunal Constitucional señalaron que la decisión del Pleno afecta también a la tasa judicial catalana, regulada en la misma ley que el euro por receta y también recurrida por el Gobierno. Por lo tanto, ésta (la judicial) tampoco podrá aplicarse hasta que el TC resuelva el fondo del asunto. El Ejecutivo entiende que las comunidades autónomas no pueden fijar tributos propios sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado.

El Pleno del TC resolvió ayer, también en el sentido de admitir a trámite y con idénticos efectos suspensivos de, el impuesto de la Generalitat sobre depósitos bancarios y la ley de transparencia hipotecaria aprobada por el Ejecutivo madrileño.

La reacción del Gobierno a la suspensión cautelar de la aplicación del euro por receta en Cataluña fue de «normalidad constitucional», según aseguró la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en los pasillos del Senado. Sobre la medida que aplica esta Comunidad, señaló que «no es constitucional» porque «todos los españoles tienen que ser iguales en asuntos esenciales», recordando que éste fue el motivo que le llevó a acordar la presentación del recurso ante el Constitucional.

La vicepresidenta recordó que el Gobierno solicitó además la suspensión de la norma porque está legitimado para ello y que el Tribunal Constitucional «ha accedido a una petición del Gobierno».

Igualmente, la ministra de Sanidad, Ana Mato, se pronunció en la Cámara Alta sobre la medida acordada por el Tribunal Constitucional subrayando que supone una garantía de «igualdad» en las prestaciones farmacéuticas «para todos los españoles». La titular de este departamento ministerial no cree que la decisión adoptada ayer conlleve la devolución a los ciudadanos catalanes del dinero ya abonado a través del euro por receta porque, como ha dicho en sus declaraciones, el recurso empieza obviamente a contar a partir de que el Constitucional suspende la decisión.

Finalmente, Mato insistió en que el Gobierno «siempre» respeta las decisiones del Tribunal Constitucional y, en este caso, la comparte porque fue el que presentó el recurso contra el euro por receta aprobado por Cataluña, no sólo porque consideran que invade competencias estatales sino por ir en contra de la igualdad entre todos los ciudadanos.

ABC, 16/01/13