ABC 12/07/14
EDITORIAL
· La izquierda ataca la nueva ley del Gobierno como si fuera el primer paso para instaurar un Estado policial, renunciando al debate sobre la seguridad de las sociedades democráticas
EL Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que llegará al Congreso después de haber sido aligerado de gran parte de los contenidos más cuestionados por los órganos consultivos. Con esas modificaciones previas al trámite parlamentario, el Gobierno quiere aminorar el riesgo de polémicas incómodas, que lo presentarían ante la opinión pública como un Ejecutivo autoritario y policial. Aun así, la izquierda no está en condiciones de admitir de buen grado cambio alguno, porque ha puesto todo su empeño en descalificar al Gobierno, con razón o sin ella.
Razones sí tiene el Gobierno para aprobar una ley que sustituya a la socialista de 1992, aquella que se llamó «de la patada en la puerta», título tan expresivo que debería llevar al PSOE a una cierta humildad en sus críticas contra el proyecto aprobado por el Ejecutivo de Rajoy. Es necesaria una nueva Ley de Seguridad Ciudadana porque en este casi cuarto de siglo que ha transcurrido desde la ley de 1992, el Tribunal Constitucional ha ampliado su doctrina sobre los derechos fundamentales y las libertades públicas, así como sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hay también nuevas formas de violencia callejera, caracterizada por su planificación y organización metódicas por grupos extremistas, que han centrado en las instituciones el objetivo de lo que puede calificarse como terrorismo urbano y que utilizan con delictiva eficacia las nuevas tecnologías y las redes sociales. Además, el Congreso de los Diputados tiene en trámite una reforma del Código Penal que convierte la mayoría de las faltas en infracciones administrativas, que serán reguladas en el proyecto aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Y, en todo caso, conviene dotar a las Fuerzas de Seguridad del Estado de una norma que reduzca la incertidumbre jurídica sobre sus actuaciones de protección del orden público y de prevención del delito.
Muchas de las críticas recibidas por el Gobierno se basan en prejuicios ideológicos y no en un análisis técnico del proyecto. La izquierda ataca esta iniciativa como si fuera el primer paso para instaurar un Estado policial, renunciando a contribuir con reflexiones y aportaciones inteligentes a un debate, el de la seguridad de las sociedades democráticas y la responsabilidad de los poderes públicos en garantizarla, que comparten los ciudadanos españoles y que siempre está presente en la vida de las democracias. La tensión entre libertad y seguridad no se resuelve con demagogia, ni primando absolutamente una sobre otra, sino buscando esos equilibrios que, como el control parlamentario y la intervención de los tribunales de Justicia, entre otros, ya existen en un Estado de Derecho como España.