Mientras ETA viola los derechos humanos, algunos rentabilizan esa situación intentando debilitar la narrativa contraterrorista del Estado, convirtiendo la paz en un espectáculo, reproduciendo un engañoso lenguaje en pro de iniciativas que pueden llegar a reforzar el discurso terrorista.
Los pacificadores son imparciales por definición y no les compete establecer distinciones morales entre el agresor y la víctima, pero su sola presencia en la línea de demarcación ratifica de hecho las conquistas de los agresores e impide que las víctimas recuperen el terreno perdido» (Michael Ignatieff, ‘El honor del guerrero’).
Esta reflexión puede aplicarse a los firmantes de la declaración de Bruselas, documento que Batasuna está utilizando en un nuevo intento por rehabilitar su imagen ante las elecciones de 2011. Mediante ese comunicado, figuras con un prominente perfil público respaldaban la estrategia del brazo político de ETA. Servían así a los intereses propagandísticos de la banda confirmando la tesis de Ignatieff, pues la aparente ecuanimidad y buenas intenciones de los ‘pacificadores’ evidenciaban una peligrosa ausencia de distinción entre el agresor -ETA- y la víctima -el Estado y la sociedad española-.
Aunque la declaración reclamaba a ETA un «alto el fuego permanente verificable», lo hacía mediante recursos favorables a los terroristas al reforzar la narrativa del conflicto reproducida por éstos con el fin de distorsionar la realidad en torno a su violencia. Así sucedía al elogiar las personalidades mencionadas, entre ellas varios premios Nobel de la Paz, «el nuevo compromiso de la izquierda vasca pro independentista con medios exclusivamente políticos y democráticos para conseguir sus objetivos». Apoyaban por tanto las tácticas con las que los representantes políticos de ETA escenifican un simulado pero inexistente distanciamiento del terrorismo.
La marginación política de Batasuna la ha forzado a una reubicación, intentando generar nuevamente expectativas de cambio y abandono de la violencia pese al control que ETA sigue ejerciendo sobre un movimiento que aún considera el terrorismo como un instrumento imprescindible. Ante las negativas consecuencias que para los terroristas supone la expulsión de Batasuna de las instituciones democráticas, éstos han acentuado sus esfuerzos por eludir su ilegalización en las próximas elecciones municipales y forales. En ese contexto debe interpretarse el pronunciamiento de los ‘pacificadores’ al plantear que «si el Gobierno respondiera de forma apropiada a esta declaración (de alto el fuego de ETA), permitiría el avance de nuevos esfuerzos políticos y democráticos, la resolución de antagonismos y la consecución de una paz duradera». De esa manera los ‘pacificadores’ transferían al Gobierno la responsabilidad por la resolución de un conflicto terrorista del que únicamente es responsable la banda.
La retórica y los precedentes de esta declaración permiten deducir que sus firmantes reclamaban de nuestras autoridades la legalización de otra expresión política continuadora de Batasuna. Sin embargo es imposible conciliar la vuelta a la legalidad de Batasuna con una mera declaración formal de supuesta separación de la violencia -como parecen entender suficiente los ‘pacificadores’ y como desean los representantes de ETA-, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la ilegalización en muy reveladores términos. Lo ha hecho subrayando que la ilegalización no se basa en meros pronunciamientos como la ausencia de condena de atentados, sino en la existencia del vínculo entre Batasuna y ETA que en sí mismo constituye una amenaza para la democracia. La histórica sentencia de 2009 señala además que «un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia, o proponen un proyecto político que no respete una o varias reglas de la democracia o que persiga su destrucción y el desconocimiento de los derechos y libertades que ella reconoce, no puede prevalerse de la protección del Convenio (europeo de Derechos Humanos) contra las sanciones infligidas por estos motivos». Por tanto la reversión de la ilegalización exige mucho más que superficiales fórmulas verbales, obligando a la renuncia de fines y medios como los que ETA y Batasuna encarnan.
En esas circunstancias Batasuna y ETA se benefician del discurso de los ‘pacificadores’, que desvía la atención de las exigencias fijadas por la jurisprudencia desplazándola hacia requisitos meramente formales e insuficientes para la participación en el sistema democrático. Con ese tendencioso objetivo uno de los ‘pacificadores’, el surafricano Brian Currin, viene instando al Gobierno español a adoptar los denominados ‘principios Mitchell’ utilizados en el contexto norirlandés.
Currin, que recibe una sustanciosa cantidad económica para promocionar un ‘proceso de paz’, como informa la página web de la entidad financiadora (Joseph Rowntree Charitable Trust), instrumentaliza esta comparación ventajosa con el terrorismo norirlandés para equiparar la violencia etarra con medidas absolutamente legales y de probada eficacia contra el terrorismo. Lo hace denunciando sin rigor el «entorno viciado por la violencia recíproca» de ETA y del Estado español «que usa medidas de seguridad excesivas y métodos poco democráticos para proteger la integridad de su soberanía o abusar de su poder para destrozar una posición legítima con la que no está dispuesto a entrar en conversación», (Deia, 24-2-10).
Al falseamiento de la realidad democrática española que dichas palabras implican, Currin añade otra exoneración de la banda: «No es esencial la declaración pública de un alto el fuego de ETA asumidos los ‘principios Mitchell’», (Deia, 25-2-10). Exime así a ETA y a Batasuna de la exclusiva responsabilidad que ambas formaciones ilegales tienen para decretar el final del terrorismo. Busca pues la rehabilitación y legalización de Batasuna reemplazando la legalidad española por una mera referencia formal a postulados democráticos básicos y de rechazo de la violencia como los que representan los ‘principios Mitchell’, que difieren poco de la vacua declaración de Bruselas y de los comunicados batasunos.
Mientras ETA viola los derechos humanos, algunos rentabilizan tan dramática situación intentando debilitar la narrativa contraterrorista del Estado que tanto daña a la banda. Lo hacen convirtiendo la paz en un espectáculo, reproduciendo un engañoso lenguaje con el que pretenden conformar opiniones favorables a iniciativas aparentemente encaminadas al final del terrorismo pero que, en cambio, pueden llegar a reforzar el discurso terrorista. Semejantes deformaciones obstaculizan la desaparición de la violencia.
(Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos)
Rogelio Alonso, EL DIARIO VASCO, 25/5/2010