Interior insiste en que el memorial será «dirigido por el Gobierno de la nación»

EL CORREO 21/03/14

· Asegura que la apuesta por un acuerdo con Euskadi sigue «vigente», si bien advierte «reservas muy serias» hacia el plan de paz.

 El Ministerio del Interior tiene muy claro quién tiene la titularidad del futuro memorial por las víctimas del terrorismo. «Se trata de un centro nacional que, como tal, será gobernado, dirigido y liderado por el Gobierno de la nación». Estas palabras se extraen de una respuesta del Ejecutivo central a una pregunta registrada en el Congreso por el diputado socialista Odón Elorza. El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, recoge la voluntad de Interior de llegar a un consenso con Euskadi sobre el proyecto, si bien reconoce que existen «reservas muy serias en relación con el plan de paz y convivencia» abanderado por Jonan Fernández.

El proyecto, que empezó a forjarse en la pasada legislatura, se paralizó a raíz de las elecciones autonómicas en Euskadi y la posterior vuelta del PNV a Ajuria Enea. Este relevo en el Ejecutivo dificultó la interlocución entre ambas administraciones. El principal temor mostrado desde Madrid a la hora de abordar la creación de manera conjunta de este centro residió inicialmente en su desconfianza hacia el nombramiento del excoordinador de Elkarri como secretario de Paz y Convivencia.

Pero los recelos se tornaron incluso mayores cuando el lehendakari presentó el contenido del plan de paz. El ministro Jorge Fernández Díaz no dudó entonces en criticar que Lakua «subordinara» el centro estatal al futuro Instituto vasco de la Memoria. Interior llegó incluso a solicitar a los responsables de la secretaría de Paz y Convivencia, en una reunión bilateral celebrada en julio en Madrid, que retire el proyecto del memorial de su plan de paz. Un paso que en Lakua no contemplan, pero que sí podría ayudar a desatascar la relación entre ambos gobiernos en lo que al memorial se refiere.

Consciente de que la creación de este centro acumula ya un retraso cercano a los dos años, el PSOE registró el pasado mes de noviembre una pregunta dirigida al Ejecutivo central en la que, además de interpelarle acerca de su compromiso con la puesta en marcha del centro, instaba al gabinete de Rajoy a «culminar los trabajos» del memorial a lo largo del presente año y a buscar «el mayor grado de colaboración» con el Gobierno vasco. Cabe recordar que este proyecto está contemplado en la ley estatal de reconocimiento a las víctimas del terrorismo. El PSE, de la mano de Rodolfo Ares, ahondó ayer en dicha petición.

«Concepto de víctima»

En su respuesta, cuyo registro de entrada en el Congreso está fechada este mismo martes, el Gobierno central reafirma su «compromiso especial en honrar la memoria de las víctimas». Y, por tanto, en dar salida a este proyecto. Advierte, ahora bien, que se trata de un «centro nacional que, como tal, será gobernado, dirigido y liderado por el Gobierno de la nación» y, «se espera, en pleno consenso» con el Ejecutivo vasco.

Asegura en esa línea que la apuesta por llegar a un «acuerdo básico» con Euskadi sobre esta iniciativa, «como no puede ser de otra manera», sigue «vigente». Eso sí, «existen reservas muy serias» en relación al plan de paz abanderado por Jonan Fernández. «En particular, con la articulación del Instituto vasco de la Memoria con el futuro centro estatal y con las dudas que suscitan los conceptos de víctima y memoria contenidos en dicho plan», exponen desde Interior.

Pese a que la comisión bilateral que ambos gobiernos crearon en la pasada legislatura para sentar de forma conjunta las bases del memorial no se reúne desde mayo de 2012, lo que evidencia la falta de comunicación entre las partes, desde el Ejecutivo central aseguran –así figura en la respuesta parlamentaria– haber «seguido trabajando» en el proyecto. Ahora bien, la estructura no está cerrada, como tampoco el lugar de Euskadi en el que se ubicará el centro. Todo apunta hacia Vitoria. El Ministerio del Interior insiste en cualquier caso en su «voluntad» de impulsar el centro, si bien –subraya– como «una iniciativa estatal a la que pueden adherirse otras administraciones».

EL CORREO 21/03/14