EL CORREO 17/03/13
Estamos como en 2009, atascados. Hay que encontrar un camino que nos permita convencer a ETA de que siga adelante». La frase corresponde a un buen conocedor de los entresijos del actual proceso de paz y describe el escenario que tiene en vilo a la izquierda abertzale desde hace meses. A punto de cumplirse año y medio desde la declaración de «cese definitivo de la actividad armada» por parte de la banda, los dirigentes de Sortu y del resto del movimiento independentista asisten con preocupación al «bloqueo» que mantiene paralizado el final del terrorismo.
La situación permanece inalterable desde octubre de 2011. La cúpula etarra aguarda una negociación de tú a tú con el Gobierno de Mariano Rajoy para abordar lo que denomina «consecuencias del conflicto», la expresión con la que alude a los terroristas en activo, los presos y las víctimas. La organización no quiere desprenderse de sus armas y arsenales sin que antes el Ejecutivo español le detalle cuáles serán las contrapartidas en forma de sentencias más benevolentes para el medio centenar de sus miembros en la clandestinidad y también de beneficios penitenciarios para los reclusos. La banda está dispuesta, incluso, a que esos canales de comunicación sean secretos.
Sortu y los mediadores internacionales intentan reeditar la estrategia que facilitó el «cese definitivo» de la violencia por parte de ETA
LAS CLAVES
Antes de dar nuevos pasos ETA exige garantías de que la Justicia dará un trato favorable a los presos y terroristas en activo
El análisis de La Moncloa Rajoy no está dispuesto a ceder y sostiene que la banda se disolverá «ella sola» antes o después Sin marcha atrás El Gobierno cree que ETA ha sido vencida y descarta que vuelva a la violencia. «Sortu no lo permitiría»
Una dificultad añadida La cúpula etarra vive «en una burbuja» y «desconectada» de la realidad social de Euskadi
Según fuentes conocedoras de los planteamientos que maneja ETA, sus dirigentes aceptarían mantener conversaciones en privado con emisarios del Gobierno y que esas reuniones, y los eventuales acuerdos que se alcanzaran en ellas, permanecieran totalmente ocultos. La cúpula etarra sólo espera que el Ejecutivo le dé algunas garantías de un hipotético trato de favor en los tribunales para iniciar la entrega de las armas. «El desarme puede ser para unos el inicio de todo y, para otros, el final de todo», reconocía a este periódico hace ya unos meses una fuente autorizada del movimiento abertzale para describir ese pacto secreto que la banda persigue.
El gabinete de Mariano Rajoy no está dispuesto, sin embargo, a ceder lo más mínimo ante ETA. Está convencido de que la banda ha sido vencida, que no hay vuelta atrás –«Sortu no lo permitiría», reconoce una fuente cercana a La Moncloa– y que, tarde o temprano, los terroristas deberán encaminarse «ellos solos» hacia su disolución. Además, la crisis económica, los casos de corrupción como el que protagoniza presuntamente el extesorero del PP Luis Bárcenas y el marcaje al que someten al Ejecutivo asociaciones de víctimas como la AVT han convencido al presidente y a su equipo de que «no merece la pena» arriesgar en el llamado ‘conflicto vasco’.
«Nuevos caminos»
Ante este panorama, la izquierda abertzale y el grupo de mediadores internacionales que respaldan su apuesta por las vías exclusivamente políticas han iniciado una campaña para «tratar de encontrar una salida» destinada a superar el «bloqueo» y convencer a ETA de que dé pasos hacia su disolución. Un ejemplo de esa búsqueda de «nuevos caminos» ha sido la celebración, el jueves y viernes pasados, del llamado Foro Social organizado por las asociaciones Lokarri y Bake Bidea, que ha reunido a diferentes expertos en cuestiones como el desarme, los presos y el relato del pasado.
Las fuentes consultadas aseguran que una fórmula parecida dio resultado hace cuatro años y propició que la banda terrorista se fuera convenciendo de que debía encaminarse hacia su final definitivo, lo que no ocurrió hasta el 20 de octubre de 2011. «En 2009 –explica un buen conocedor de los entresijos de aquel proceso–, ETA planteó al Gobierno de Zapatero volver a una negociación como en 2006. Pero el PSOE había cerrado ya esa puerta. El debate que emprendió la izquierda abertzale en favor de las vías pacíficas y el trabajo de los especialistas internacionales consiguieron mover a ETA».
Quienes han llegado a tratar con la cúpula terrorista aseguran que dirigentes como ‘Josu Ternera’, David Pla e Iratxe Sorzabal, el triunvirato que dirige la organización, viven en «una burbuja». «Lejos» de Euskadi, «sin contacto» con la sociedad vasca y «sólo» atentos a lo que publican «medios afines» al movimiento independentista, mantienen unos esquemas negociadores «más propios de la década de los ochenta que del siglo XXI». Esa «desconexión» con la realidad del País Vasco está «dificultando» –reconocen– cualquier movimiento hacia adelante. «Es muy difícil hacerles entender cómo son las cosas ahora», confiesa un experto extranjero.
Ultimátum
La complejidad para romper los esquemas de la cúpula terrorista es la que ha llevado a la Comisión Internacional de Verificación (CIV) a lanzar un ultimátum a ETA: dejarán su labor de interlocución en septiembre si la banda no hace un gesto hacia su desarme. El grupo que lidera Ram Manikkalingam cree que es la organización armada la que debe «avanzar» sin esperar a las contrapartidas del Gobierno de Rajoy.
Un análisis en el que también coincide la izquierda abertzale, que está convencida de que cualquier «paso adelante» será «bien recibido» por la sociedad vasca. De hecho, los dirigentes de Sortu llevan meses intentando hacer ver a la banda terrorista que los vascos le exigen su disolución y un gesto hacia las víctimas, algo que quedó comprobado en los resultados del último Sociómetro del Gobierno autónomo difundidos la pasada semana.
Los ciudadanos de Euskadi puntúan –en una escala del 0 al 10– con un 8 «la disolución y entrega de armas» por parte de ETA como el principal paso para «consolidar» la paz. Es la mayor nota, por delante del reconocimiento de todas las víctimas y de la apertura, por parte del Ejecutivo vasco, de un proceso de diálogo con las fuerzas políticas del territorio. El acercamiento de los presos figura en sexto lugar en esa tabla, por detrás de la necesidad de que ETA «pida perdón» a los damnificados por sus atentados.
La izquierda abertzale se ha marcado como objetivo «implicar» a la ciudadanía en el actual proceso o, al menos, hacer ver a los terroristas que la sociedad «premia» los gestos que se han dado en los últimos años en favor de la normalización. Pone como ejemplo los resultados electorales que permiten a Bildu gobernar la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián, y ser la segunda fuerza en el Parlamento vasco.
Ponencia «desengrasante»
Dirigentes independentistas reconocen la «importancia» que para la antigua Batasuna tiene todos aquellos actos en los que se visualizan grandes movilizaciones. Por ejemplo, la manifestación que cada enero recorre las calles de Bilbao y que en sus dos últimas ediciones ha registrado una afluencia superior a los 100.000 participantes, según las asociaciones convocantes. Sortu también confía en que la actividad del Parlamento vasco contribuya a enviar un mensaje a la cúpula de ETA.
Aunque los representantes de EH Bildu no quieren que su labor en la Cámara de Vitoria se focalice únicamente en el ‘conflicto vasco’, sí entienden que la ponencia de paz y convivencia puede servir para alumbrar acuerdos que ayuden a «desengrasar» la situación. De hecho, como ya avanzó este periódico en octubre, creen que los partidos podrían alcanzar algún tipo de acuerdo en el que se inste a los presos, a la propia ETA y al Gobierno de Rajoy a que protagonicen determinados pasos relacionados, respectivamente, con el reconocimiento del daño causado, el desarme y el final de la dispersión. Un llamamiento que facilitaría a la izquierda abertzale exigir movimientos a la banda terrorista.
El colectivo independentista está convencido, por su relación con expertos en los conflictos de Sudáfrica e Irlanda del Norte, de que el máximo peligro del proceso abierto en Euskadi es que éste permanezca «quieto». «Los procesos de paz requieren de un movimiento continuo para que no crezca el moho ni pueda haber ‘infecciones’», en palabras de un buen conocedor en materia de resolución de conflictos internacionales.
Ese ‘peligro’ en el caso vasco tiene que ver con los sectores dentro de la propia izquierda abertzale, de los presos y de la organización armada que no han comulgado al cien por cien con el giro dado por la antigua Batasuna hacia las vías exclusivamente pacíficas. Una parte del movimiento independentista –que no alcanzaría el 10%, según la propia izquierda abertzale– critica que los «políticos» estén instaurados ya en la «normalidad» democrática, a pesar de que no se ha encontrado «una salida» a la situación de los reclusos y terroristas en activo.
Una sensación que podría agravarse si la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tumba definitivamente la ‘doctrina Parot’ en su próxima sentencia y si el Gobierno de Rajoy mantiene su táctica de esperar a ver qué sucede y que el ‘problema’ se resuelva solo.