La responsabilidad de los banqueros

Asistimos con pavor a las revelaciones sobre el agujero de Bankia. Y resulta desmoralizador que el Gobierno lo presente como un cataclismo debido a causas naturales, no humanas

Son muchos y muy prestigiosos los economistas que advierten de que no podremos resolver la crisis económica hasta que no ingresen en prisión los delincuentes que han cometido actos fraudulentos, hundido el sistema bancario y puesto en peligro la economía global. Baste recordar los nombres de James Galbraith, William Black, George Arkelof o Joseph Stiglitz. Las observaciones de estos insignes economistas no pueden ser más oportunas en el dramático contexto económico que atraviesa España.

En los Estados Unidos, la quiebra de numerosas entidades bancarias en los años 80 (el equivalente de nuestras cajas de ahorro) determinó la apertura de miles de procedimientos penales que concluyeron con el ingreso en prisión de los responsables de aquellas operaciones ruinosas para el interés general pero que reportaron múltiples beneficios a sus impulsores. Mas recientemente, el Comité Bancario del Senado de EE UU ha citado a J. Dimon, consejero delegado del JP Morgan Chase, el próximo 7 de junio, para que explique los errores que produjeron unas pérdidas de 2.000 millones de dólares en inversiones de alto riesgo. Simultáneamente, la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha abierto una investigación para averiguar si JP Morgan perjudicó a sus accionistas. El Departamento de Justicia de los EE. UU, por su parte, ha anunciado que también el FBI ha abierto una investigación sobre lo ocurrido. Y, finalmente, ante los tribunales se han presentado ya dos demandas de accionistas contra los gestores de la entidad a los que acusan de haber asumido riesgos excesivos que han provocado pérdidas. Y estamos hablando de 1.500 millones de euros. Compárese esta respuesta de las instituciones norteamericanas, propia de un sistema democrático maduro y de un Estado de derecho consolidado, con la vergonzosa pasividad de nuestros poderes públicos.

En España, los ciudadanos asistimos con asombro y pavor a las revelaciones sobre el agujero de Bankia –23.500 millones de euros–, la cuarta entidad financiera del país. La penúltima de las grandes mentiras ha sido desvelada: el sistema financiero más solvente de Europa está a punto de provocar el rescate de la economía española. Y siendo eso grave, aun resulta más desmoralizador para la sociedad que el Gobierno presente el hecho como si se tratara de una fatalidad, un terremoto o un cataclismo debido a causas naturales, no humanas, y ante el que carece de sentido buscar «responsables». Y sin embargo, los responsables de que este mes de mayo de 2012 España esté situada al borde del abismo y ante un riesgo evidente de intervención tienen nombres y apellidos. Se trata de un numeroso grupo de políticos, financieros, promotores inmobiliarios, que durante los últimos años adoptaron una serie de decisiones que si bien sirvieron para garantizarles a ellos unas retribuciones multimillonarias y unos cuantiosos beneficios personales, condujeron a la ruina a instituciones de crédito centenarias. Y esa destrucción no se puede llevar a cabo de la noche a la mañana. Se perpetró durante años y fue posible merced a la ayuda de gestores corruptos, de consejeros cómplices, de voluntades compradas. Ante esa situación la sociedad tiene el derecho de exigir, en primer lugar, un relato creíble de cómo Bankia (y las cajas de ahorro que la integraron, sobre todo Bancaja) fue esquilmada, y en segundo lugar, a reclamar las oportunas responsabilidades, políticas y penales.

Desde un punto de vista político, es urgente que comparezcan ante el Congreso de los Diputados, los diferentes presidentes de Bankia, hasta su nacionalización, así como el gobernador del Banco de España, para que den una explicación plausible de lo ocurrido. Posteriormente, y en el contexto de una cada vez más imprescindible comisión parlamentaria de investigación, debieran comparecer el resto de consejeros así como los impulsores políticos de la desastrosa fusión de las siete cajas.

Desde un punto de vista jurídico-penal, el Ministerio Fiscal debiera abrir una investigación ante los claros indicios de que se hubieran cometido múltiples delitos: alteraciones contables previas a la fusión de las cajas y manipulaciones posteriores que permitieron obtener un patrimonio positivo para salir a Bolsa. Se trata de delitos contables o de falsificación de balances, a los que podría añadirse el de estafa en la captación de capitales para la salida a bolsa. Otros posibles serían administración desleal, apropiación indebida, uso de información privilegiada… También los particulares afectados podrían presentar obviamente las acciones penales pertinentes, aunque por su afectación a los intereses generales del Estado, la actuación de la Fiscalía resulta obligada y debiera ser ejemplar.

Esta exigencia de responsabilidades políticas y penales es esencial para recuperar el prestigio institucional del Estado y la confianza de los ciudadanos en los poderes públicos. La sociedad no puede comprender que al mismo tiempo que se le exige numerosos sacrificios en aras a lograr la imprescindible consolidación fiscal sin la cual no hay crecimiento económico sostenible posible, se destinen 23.500 millones –de momento– para salvar al sistema bancario. Y sin embargo esa medida es necesaria para evitar el colapso económico. Pero debe venir acompañada de la correspondiente sanción de los responsables del desastre, no sólo por razones de estricta justicia, sino para evitar que se repita. Es un escándalo que los gestores de las entidades nacionalizadas abandonen el escenario de destrucción que han causado, no ya sin sanción, sino con recompensas. Como hubiera ocurrido de no ser porque el nuevo presidente de Bankia ha retirado la pensión de 14 millones a un exdirectivo. Pero como ese existen aun numerosos casos.

En definitiva, resultaría tremendamente paradójico desde la perspectiva del respeto a principios básicos del Estado de derecho que en los Estados Unidos hubiera delito en provocar pérdidas de 1.500 millones de euros por asumir riesgos excesivos, y no lo hubiera en España por provocar el colapso del sistema.