EL MUNDO 14/02/14
· La ponente Adela Asúa plantea inadmitir a trámite el recurso del Gobierno contra la declaración soberanista del Parlament de enero de 2013
· Sus argumentos se basan en que lo aprobado con los votos de 85 diputados autonómicos de CiU, ERC, ICV y CUP no tiene efectos jurídicos
· El texto define a Cataluña como «sujeto político y jurídico soberano» y acuerda «iniciar el proceso para el ejercicio del derecho a decidir»
A punto de cumplirse un año desde que el Gobierno de Rajoy impugnó la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña, y mientras CiU y ERC siguen dando pasos hacia la secesión, el Pleno del Tribunal Constitucional se enzarzó ayer en un debate sobre la naturaleza del acuerdo parlamentario y sobre si tiene o no efectos jurídicos. La ponencia presentada por la vicepresidenta, Adela Asúa, considerada «inaceptable» por la mayoría, ha desatado la discordia.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) inició ayer el debate de la impugnación presentada el 8 de marzo del año pasado por el Gobierno de la Nación contra la declaración soberanista aprobada por el Parlamento de Cataluña. En esa declaración se acordó «iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir para que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo» de acuerdo con el principio de soberanía. El texto afirma que «el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano».
Fue un debate extenso –se prolongó durante cuatro horas y media– pero fuera del orden del día: se trataba de pulsar el estado de opinión de los magistrados y las posibilidades de acuerdo existentes tras el terremoto desencadenado la semana pasada por la propuesta repartida por la ponente, la vicepresidenta Adela Asúa.
«Inaceptable» es el calificativo con el que los magistrados de la mayoría resumen su posición sobre el texto de Asúa. La ponente ha presentado un documento en el que propone la inadmisión a trámite de la impugnación del Gobierno –una auténtica bofetada al Ejecutivo de Rajoy– al considerar que la declaración soberanista tiene una naturaleza política y no jurídica, por lo que no constituye un objeto idóneo para su impugnación constitucional.
A su parecer, la declaración soberanista tiene una naturaleza similar a la del plan Ibarretxe, cuya impugnación por el Gobierno de Aznar no fue admitida a trámite por el TC. Sería la expresión de la voluntad política del Parlament, la manifestación de una aspiración política que, como tal, no tiene efectos jurídicos ad extra.
Asúa ha optado por esa tesis pese a conocer, gracias a un brainstorming celebrado en noviembre en el que participaron el presidente y todos los magistrados, que la mayoría del Tribunal considera radicalmente inconstitucional la declaración al atribuir al pueblo catalán una soberanía propia y distinta de la que emana del pueblo español y al abrir unilateralmente un proceso constituyente para determinar el futuro político de Cataluña.
La ponente sabía también que la mayoría del TC otorga naturaleza y efectos jurídicos a la declaración soberanista. Más aún, el pasado julio ella votó a favor de prorrogar la suspensión de la resolución del Parlament. «Aunque en el auto de mantenimiento de la suspensión se evitara entrar en la naturaleza de la declaración soberanista, ¿por qué fue partidaria de suspender lo que según ella no tiene efecto jurídico alguno?», señalan fuentes del Tribunal. Con esos antecedentes, algún magistrado ha tildado la ponencia propuesta por Asúa de «tomadura de pelo». «Ni los letrados de Artur Mas lo habrían hecho mejor».
La vicepresidenta expuso ayer su ponencia y luego se inició una ronda de intervenciones en la que se constató la fractura del Tribunal: los magistrados propuestos por el PSOE apoyaron la tesis de Asúa y los propuestos por el PP la consideraron rechazable «en su integridad». El presidente, Francisco Pérez de los Cobos, les exhortó a iniciar conversaciones para llegar a un acuerdo sobre el asunto de mayor trascendencia jurídico-política que tiene el Constitucional en sus manos.