Editorial, EL MUNDO, 12/6/11
LOS SEIS magistrados del Constitucional que dieron luz verde a Bildu para presentarse a las elecciones deberían tomar nota de lo sucedido ayer en el País Vasco y Navarra para comprobar las graves consecuencias que ha tenido y que tendrá su decisión para el futuro de todos. Los radicales han vuelto a las instituciones –con la complicidad del mismo PNV con el que pactaron en Lizarra– y se han comportado tal como lo hacía Batasuna. Por mucho que el TC, con el impulso del Gobierno o de parte de él, considere que Bildu se ha apartado de ETA, los hechos son tozudos.
Ni uno de los más de 100 alcaldes de la coalición abertzale que tomaron posesión de sus cargos condenó la violencia de ETA ni mucho menos pidió la disolución de la banda, tal y como les había pedido –con la boca pequeña– el PNV. Por el contrario, los radicales acosaron, zarandearon e insultaron a sus compañeros de corporación, demostrando que no están dispuestos a asumir las reglas de la democracia. En Elorrio insultaron al concejal del PP –cuando recordaba a Miguel Ángel Blanco en su discurso– y a la alcaldesa en el salón de plenos. En Lizarza retiraron las banderas española y europea que colocó Regina Otaola, impidieron el acceso de los medios –entre ellos EL MUNDO– y colocaron pancartas en favor de los presos de ETA. Pancartas con las que, asimismo, fue recibido el nuevo alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izaguirre, en la plaza del Ayuntamiento porque el PNV se negó a apoyar al candidato socialista, como sí hizo el PP. El PSE reaccionó con dureza contra los nacionalistas vascos, advirtiendo de que hay un antes y un después de este 11 de junio, en el que el PNV ha pactado con Bildu para desalojarles de pueblos como Lasarte o Trápaga.
El partido de Urkullu ha vuelto a hacer gala de su hipocresía, ya que hace sólo unos días había puesto en duda el carácter democrático de Bildu. Los nacionalistas, asustados ante el empuje de los radicales, tal vez hayan permitido su acceso al poder para que los ciudadanos comprueben que no están preparados para gobernar, pero han incurrido en una grave irresponsabilidad, al permitir que una ciudad tan emblemática como San Sebastián caiga en manos de una formación cuyo programa político –contrario a los más importantes proyectos de infraestructuras– casi supone un regreso a la Edad Media. El PNV tendrá que explicar por qué ha permitido la investidura de un alcalde que no condena a una organización criminal que ha asesinado a más de un centenar de personas en la ciudad.
Tal y como denunciaron tanto las asociaciones de víctimas como PP, PSOE y UPyD el regreso de los herederos de Batasuna a las instituciones –sin que la banda se haya disuelto– es un indignante agravio a las víctimas y un retroceso de décadas en la lucha antiterrorista.
Editorial, EL MUNDO, 12/6/11