José Antonio Zarzalejos, EL CONFIDENCIAL 05/12/12
Las actitudes de los jueces críticas, públicas y desafiantes están pasando, a efectos de su análisis crítico, como la luz por el cristal. Lo cual es tan grave como los hechos que estos funcionarios están protagonizando. No es que carezcan necesariamente de razón en su oposición a la reforma de la justicia, o que no dispongan de argumentos bastantes para discutir algunos aspectos de la ley de Tasas, o que no aporten criterios que podrían compartirse en relación con los indultos o la devolución del capital invertido en preferentes y subordinadas. La cuestión que es que ellos -magistrados y jueces, y, por otra lado, fiscales- no son unos funcionarios homologables a los técnicos de la Administración del Estado, médicos de la sanidad pública, maestros y catedráticos.
Son funcionarios que, con arreglo al Título VI de la Constitución, ejercen la función jurisdiccional, materia propia de un poder independiente del Estado, gozando -o padeciendo, según cómo se vea- de un órgano de gobierno que es el Consejo General del Poder Judicial. Los jueces, en materia política, o en la crítica o comentario de decisiones de los otros poderes del Estado, han de remitirse, para determinados temas, al CGPJ y, en otros, a sus propias resoluciones.
El cuestionamiento del derecho de gracia -indulto- que se atribuye al Rey en la Constitución y que conforme a una ley de 1870 dispone el Gobierno (ley, ciertamente mejorable y actualizable), resulta muy grave cuando procede de jueces y magistrados -incluso del Tribunal Supremo-, cuando bien saben ellos que la mayoría de los indultos se conceden previo informe favorable del tribunal sentenciador y en la mayoría de las ocasiones también por motivos de equidad obvios que, sin embargo, no pueden modularse por los tribunales cuando sentencian rígidamente atenidos a la literalidad de la ley. En todo caso, hay supuestos más que discutibles (por ejemplo, lacondena de los mossos, dos veces indultados de delitos de tortura), pero no es a ellos a los que corresponde salir con un manifiesto, sino, en caso extremo, dirigirse al CGPJ, o, simplemente, dejar que sean los agentes políticos los que debatan.
No conviene que los jueces se pronuncien sobre las preferentes porque antes o después van a llegar a su mesa demandas que tendrán que resolver conforme a la ley y los principios generales del Derecho. Su silencio, es la garantía de imparcialidad y la seguridad de que, sin condicionamientos, decidirán adecuadamente
¿Qué ocurrirá cuando algún tribunal del que formen parte los jueces que protestan con nombre, apellidos y DNI, deba informar sobre un indulto de pena impuesta por órganos colegiados de los que ellos forman parte? ¿Podría recusarles el condenado ante la objeción de raíz que muestran sus juzgadores hacia el indulto? ¿Reparan en que el indulto lo piden incluso los propios sentenciadores en sus resoluciones? ¿Se dan cuenta de que la lentitud de las sentencias penales altera la justicia material que imparten, tras un itinerario larguísimo y proceloso? ¿Olvidan que ellos mismos han pedido -ahí estáGarzón– el indulto para delitos profesionales de funcionarios y jueces como es el de prevaricación?
Pasa tres cuartos de lo mismo con las preferentes. En primer lugar, se está confundiendo el todo por la parte. En el sistema financiero, hay operaciones de preferentes exitosas (las de la banca privada, especialmente) y otras chapuceras. Se trata de un producto financiero complejo del que algunas cajas intervenidas y nacionalizadas han abusado. No conviene que los jueces se pronuncien sobre semejante tema porque antes o después van a llegar a su mesa demandas que tendrán que resolver conforme a la ley y los principios generales del Derecho. Su silencio es la garantía de imparcialidad y la seguridad de que, sin condicionamientos, decidirán adecuadamente.
Igual ocurre con los desahucios: manifestarse amotinadamente, pararlos arbitrariamente, criticarlos sin cálculo de consecuencias, convierte a los jueces en banderizos y enturbia el esfuerzo que se pueda hacer para paliar los graves problemas que suponen para tantas familias. Los jueces, además, desconocen que los desahucios son consecuencia de una trama normativa -la hipotecaria- cuyo cambio, siendo necesario, hay que abordarlo con una técnica depurada y con unos tiempos determinados, porque tras las hipotecas hay inversiones financieras de gran alcance que deben disponer -no somos Venezuela precisamente, aunque a veces lo parece- de un marco de seguridad jurídica.
De nuevo, ahí está el legislativo y las facultades de iniciativa legislativa de que disponen el Gobierno y los grupos parlamentarios (y las comunidades autónomas) para adentrarse en la compleja y necesaria reforma del sistema.
El choque abierto de los jueces con la reforma de la justicia que propone el Gobierno vuelve a suplantar al Poder Judicial y lleva a la protesta callejera protagonizada por jueces -en defensa de unos intereses que en ocasiones son de naturaleza gremial- contra decisiones que corresponden al Ejecutivo -en su propuesta- y al legislativo -en su aprobación-. Y, al fin, la ley de Tasas: no son ellos, los jueces, los que -les guste más o menos- deben salir a la calle o al debate público. Ahí están los colegios de abogados y procuradores, los propios partidos y los grupos sociales para hacerlo. Los jueces deben moverse en su terreno: son funcionarios que según el artículo 127 de la Constitución no pueden pertenecer ni a partidos ni a sindicatos.
Por la naturaleza de su función, por las prerrogativas que les atribuye la Constitución, por los contrafuertes con los que actúan en su actividad jurisdiccional (son inamovibles, imparciales, independientes), por todas estas circunstancias, el amotinamiento verbal de los jueces resulta intolerable porque altera el esquema del Estado de derecho y el principio de separación de poderes. Lo cual, no excluye la crítica al Gobierno por sus desaciertos, pero no es a ellos a los que corresponde subrayarlos. Más aún cuando protagonizan una administración de la justicia lenta y de baja calidad que no sólo hace daño a los justiciables -a los ciudadanos y a las personas jurídicas- sino también a la economía en su conjunto. Vamos a ver si Gonzalo Moliner, presidente del CGPJ, comienza a ejercer de tal. Porque, hasta ahora, está inédito.
José Antonio Zarzalejos, EL CONFIDENCIAL 05/12/12