EL MUNDO – 09/11/14
· La Fiscalía Superior de Cataluña pregunta a la Generalitat si «ordenó utilizar centros públicos para realizar la consulta» y pide a Unipost el origen de los listados usados en el buzoneo de propaganda.
La Fiscalía Superior de Cataluña, a instancias de la Fiscalía General del Estado, inició ayer, poco después del mediodía, diligencias de investigación para determinar los posibles delitos que haya en el «proceso participativo» que ha convocado para hoy el president Artur Mas.
En consecuencia, el Ministerio Público remitió un oficio al Departamento de Enseñanza de la Generalitat para que aclare la participación que ha tenido en la organización de la consulta; otro, urgente, a los Mossos d’Esquadra para que informen de la relación de locales públicos que se abren hoy para la votación e identifique a los responsables de los mismos y, por último, un tercero a la empresa Unipost para que proporcione el contrato por el que se le encargó el buzoneo de la propaganda electoral y explique quién le suministró la lista de destinatarios de la misma.
Con esta actuación, el Gobierno cumple con su promesa de dar todos los pasos para garantizar el respeto a la ley.
El paso de la Fiscalía se sopesaba desde el pasado martes, cuando el Tribunal Constitucional admitió a trámite la segunda impugnación del Gobierno contra el sucedáneo de consulta organizado por Artur Mas.
El simulacro de referéndum quedó inmediatamente suspendido, así como cuantas acciones se pusieran en marcha para celebrarlo. Pese a ello, la Generalitat optó por intentar sortear la anulación, primero con un recurso ante el Supremo, que le fue rechazado y, después, trasladando la organización efectiva del proceso a voluntarios de la sociedad civil, fundamentalmente a la ANC y Òmnium Cultural.
Ayer, cuando faltaban menos de 24 horas para la apertura de las urnas, la Fiscalía asumió la hipótesis de que el uso de locales municipales, centros educativos públicos u otras instalaciones dependientes de las Administraciones para instalar hoy las mesas electorales y las urnas de un proceso que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional, así como el envío de propaganda electoral, pueden ser constitutivos de delito. En consecuencia, tomó cartas en el proceso para el «esclarecimiento» de los hechos.
A última hora de la tarde de ayer, la Fiscalía General del Estado hizo público un comunicado en el que detallaba las diligencias que había puesto en marcha.
En primer lugar, requería al Departamento de Enseñanza de la Generalitat para que «informe» si se han convocado reuniones con responsables de centros públicos en las que se haya solicitado la puesta a disposición de los mismos para la realización de la consulta y, además, «si existen órdenes o instrucciones por parte de la Generalitat para la utilización de esos locales».
También, se remitió con «carácter urgente» un oficio al director general de la Policía-Mossos d’Esquadra, para que proporcione «la relación de locales o edificios de titularidad pública (institutos, dependencias municipales u organismos) en los cuales se desarrolle el denominado proceso participativo», así como «la identificación de la persona responsable de la dependencia bajo cuya autorización se haya franqueado el acceso a los delegados de las entidades convocantes del proceso».
Por último, se envió también oficio a la empresa Unipost SA para que entregue «la hoja de encargo, contrato y cuantos documentos obren en su poder relacionados con la distribución o buzoneo de propaganda relacionada con el denominado proceso participativo». Unipost tendrá que adjuntar además el presupuesto, factura pro forma o definitiva, así como aclarar «qué persona o entidad les suministró el listado de destinatarios o el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado». Por la noche, la Fiscalía Superior de Cataluña se dirigió a la Guardia Civil para que localizara al responsable de la empresa.
Ninguna de las fuentes consultadas por este diario se aventuraba a vaticinar un plazo para la conclusión de las investigaciones de la Fiscalía. Sí apuntaban que podrían prolongarse más allá del día de hoy, pero ello no impedirá que, finalmente, si se determina la existencia de delito, se ejerzan las acciones legales correspondientes contra sus responsables.
Las mismas fuentes, de hecho, consideraban muy improbable que hoy se proceda a la retirada de urnas o al precinto de locales, porque ello podría acarrear problemas en la calle que, desde el Gobierno, se pretenden evitar a toda costa.
No obstante, es evidente que las diligencias de la Fiscalía podrían ser un elemento disuasorio para algunas de las personas, principalmente funcionarios, que se hayan prestado a participar en el operativo de la consulta o hayan permitido el uso de locales públicos para la misma.
Un portavoz de los Mossos d’Esquadra confirmó anoche la recepción de la orden de Fiscalía y, al cierre de esta edición, todavía trabajaban para recopilar la relación de datos exigidos por el Ministerio Público. Sin embargo, las fuentes consultadas no especificaron cómo ni cuándo ejecutarán la entrega de la información a la Fiscalía. El mismo portavoz aseguró que la petición fiscal no modifica en ningún aspecto el dispositivo de los Mossos previsto para garantizar «la seguridad ciudadana», informa Javier Oms.
En cualquier caso, con esta decisión se pone de manifiesto la voluntad reiterada desde el Gobierno central de velar escrupulosamente por el cumplimiento de la ley y el respeto a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.
Anoche, el Gobierno de la Generalitat emitió un comunicado en el que daba respuesta a las diligencias incoadas por la Fiscalía y en el que aseguraba asumir su responsabilidad. En el texto se afirmaba que «el único responsable que ha autorizado el acceso a locales públicos es el propio Gobierno de Cataluña con el objetivo de garantizar el ejercicio de derechos fundamentales como son el derecho a la libertad de expresión y el de libertad ideológica y, por tanto», proseguía, «no se puede pedir la identificación de voluntarios que nada tienen que ver en esta autorización y que podrán desarrollar su tarea con total normalidad».
EL MUNDO – 09/11/14