EL MUNDO 06/07/13
· Remite un informe a Economía que supone una ‘enmienda a la totalidad’ de la ley / La Audiencia dirimirá los conflictos entre Competencia y CCAA.
· El Gobierno defiende que esta ley pondrá fin a la fragmentación del mercado español e insiste en que cuenta con el pleno apoyo de los operadores tanto nacionales como extranjeros.
El Gobierno de Cataluña ha abierto ya frontalmente las hostilidades en contra del proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado, una de las medidas estrella del Gobierno de Mariano Rajoy, aprobada ayer por el Consejo de Ministros. Fuentes del Ministerio de Economía revelaron que la Generalitat emitió un «amplio informe» que «cuestiona muchos aspectos de la ley» y que supone prácticamente «una enmienda a la totalidad» de la misma. Ayer, la Generalitat avisó que recurrirá a todos los instrumentos legales para evitar que la normativa entre en vigor.
El Gobierno de Artur Mas considera que el proyecto del Ejecutivo central es «un instrumento que modifica radicalmente el sistema de distribución competencial del Estado autonómico vigente y, con la excusa de dinamizar la economía, pretende anular la capacidad legislativa y de ejecución de las comunidades autónomas».
Cataluña no es, sin embargo, la única autonomía que ya ha mostrado su rechazo tajante al proyecto del Gobierno. El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, avisó también de que la ley «vulnerará masivamente» las competencias relacionadas con el comercio y la actividad económica.
En un sentido similar se pronunció el director general de Comercio del Gobierno de Canarias, Gustavo Matos, quien avanzó que el Ejecutivo de las islas estudia ya presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley por entender que «vacía» de competencias a las comunidades.
Del duro documento de objeciones catalán se desprende que hay «muchos aspectos» que no gustan al Govern, según el Ministerio. Por ejemplo, el régimen de autorizaciones administrativas o, lo que es lo mismo, la capacidad que tiene la ley para restringir la necesidad de dicha autorización a una serie de actividades muy concretas como pueden ser las que afectan a la seguridad, la salud o el orden público. En este caso, la Generalitat ha expresado el deseo de mantener su poder de decisión sobre las autorizaciones para ejercer una actividad económica.
Tampoco gusta al Ejecutivo catalán el procedimiento que permite a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) –el nuevo ente único de regulación, que empezará a funcionar en octubre– impugnar ante la jurisdicción ordinaria por vía contencioso administrativa cualquier acto que considere contrario a la unidad de mercado. La admisión a trámite de dicho recurso podrá significar la suspensión automática del acto o disposición recurridos. Finalmente será la Audiencia Nacional la que dirimirá.
La batería de discrepancias expuestas por la Generalitat ya ha sido respondida, no obstante, por la Abogacía del Estado y por el propio Consejo de Estado.
En cualquier caso, para el Ministerio de Economía la ley «consagra plenamente las competencias de las comunidades autónomas» y las respeta «escrupulosamente».
«Se podía haber optado por la recentralización y la armonización legislativa. Pero se ha preferido apostar por la cooperación con las autonomías: ‘lo que usted apruebe vale en toda España’», advierten fuentes oficiales.
Según el ministro Luis de Guindos, este proyecto es «el que más realce da a la capacidad de las comunidades para regular, puesto que si el operador está sometido a la legislación de origen de una, está regulado en todas».
La medida, que persigue la libre circulación de productos y servicios por toda España, inicia ahora su tramitación en las Cortes por la vía de urgencia, tras un «exhaustivo» trámite de audiencia pública, en el que se presentaron 37 observaciones y 15 informes preceptivos, entre ellos los de la Comisión Nacional de la Competencia y del Consejo de Estado, que avala su constitucionalidad.
La redacción del proyecto ha sido especialmente cuidadosa porque desde hace meses el Gobierno daba por hecho que suscitaría la protesta de las comunidades. Así, según explican en Presidencia, se ha extremado la atención a los estatutos de autonomía para evitar una avalancha de recursos que, sin embargo, todo apunta a que se producirán.
En paralelo, el Gobierno tiene ya en marcha un sistema de racionalización normativa. Este plan, que coordina la Secretaría de Estado de Economía, se presentará una vez entre en vigor la ley y arrancará con conferencias sectoriales entre las autonomías.
Desde hace varios meses funcionan ya 27 grupos de trabajo por sectores de actividad, que están examinando todo el cuerpo normativo –desde el nivel local al nacional– para identificar las famosas colisiones entre leyes autonómicas y las que vulneran la unidad de mercado. A partir de ahí, se iniciará «un proceso de diálogo y colaboración con ellas» para adaptar su articulado.
El Gobierno defiende que esta ley pondrá fin a la fragmentación del mercado español e insiste en que cuenta con el pleno apoyo de los operadores tanto nacionales como extranjeros.
Las facilidades que otorgará a los mismos producirán un efecto de crecimiento económico calculado en el 1,5% del PIB en un periodo de 10 años o, lo que es lo mismo, 15.000 millones de euros.
EL MUNDO 06/07/13