EL MUNDO – 04/11/14
· CDC sugiere que el Govern se inhiba en favor de entidades civiles para organizar la consulta.
La Generalitat intenta a la desesperada que el Tribunal Constitucional (TC) no suspenda también el «proceso participativo» del 9 de noviembre. Por ello, ayer presentó un escrito de alegaciones ante el Alto Tribunal, que hoy estudiará el recurso del Gobierno contra el plan de Artur Mas. Si lo admite a trámite, la iniciativa quedará de nuevo anulada.
El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, anunció ayer la presentación de una «demanda» –en realidad, es un escrito de alegaciones– ante el TC para denunciar el «abuso de poder» del Gobierno con dos argumentos. El primero: que el Ejecutivo central «cree que la Generalitat está haciendo una cosa que en realidad no está haciendo», porque Homs sostiene que el proceso actual no es continuación del que el TC ya suspendió el 29 de septiembre, sino que es algo completamente nuevo.
Y el segundo es que si, pese a todo, el Gobierno considera que no se está dando un cumplimiento apropiado a esa primera prohibición, «la ley establece que se debería haber presentado un procedimiento de ejecución» y no un nuevo recurso. El matiz es importante, porque si el Gobierno impugna una decisión y el TC admite esa alegación a trámite, la iniciativa en cuestión queda automáticamente suspendida, cosa que no ocurre con el procedimiento de ejecución.
Ésta es la estrategia oficial de la Generalitat, y la de CiU: no contemplar de entrada el más que probable escenario de que el TC suspenda el nuevo 9-N, que no ha sido convocado formalmente, no cuenta con censo ni garantías legales y está organizado –al menos en apariencia– principalmente por voluntarios.
Sin embargo, los nacionalistas ya preparan un plan C, y por ello están pidiendo una implicación más directa de entidades como la ANC, Òmnium Cultural y el Pacto Nacional para el Derecho a Decidir en la organización del 9-N. La idea es que Mas podría cumplir su promesa de no saltarse la ley si no es el Govern quien pone las urnas, aunque ello signifique devaluar todavía más la convocatoria a ojos de los independentistas.
La portavoz de Convergència, Mercè Conesa, insinuó ayer esta posibilidad. Después de muchos rodeos, no pudo garantizar que la Generalitat seguirá al frente de la organización el domingo y afirmó que, en el «peor escenario», que es también el más probable, «se encontrará la manera» de que los catalanes expresen su opinión sobre la independencia de Cataluña. «Esa situación no tiene por qué darse», añadió en referencia a la participación de las entidades sociales en el 9-N.
Las palabras de Conesa se añaden a las de la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, que no garantiza «al 100%» que se pueda votar el 9-N; y a las de Joan Rigol, presidente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir –y, como Ortega, militante de Unió–, que se ofrece a ayudar si hay problemas con el TC.
Pero quien de momento no se pliega al movimiento envolvente de Convergència es Carme Forcadell, líder de la ANC, que insiste en que «la consulta debe ser convocada por el Govern». Y tampoco el resto de partidos: Oriol Junqueras exhortó ayer a Mas que «asuma sus responsabilidades» ante una probable suspensión y se mantenga al frente del dispositivo del 9-N.
En cuanto a ICV –el otro gran partido que ha apoyado, aunque con algún desmarque, la hoja de ruta de Mas–, su líder, Joan Herrera, desveló que el 9-N votará sí al Estado propio y no a la independencia. Dijo que será una «expresión de la no subordinación» al statuquo actual, y a la vez no implica «avalar la secesión».
Pero mientras esperan la decisión del TC, CiU y el Govern siguen haciendo gestos para contentar a los miles de soberanistas ilusionados con el 9-N. CDC afirmó que continuará con la campaña informativa diga lo que diga el TC. Y la Generalitat anunció que ya ha habilitado un centro de prensa para seguir la jornada; se halla muy cerca de la plaza de España de Barcelona.
EL MUNDO – 04/11/14