Montoro invalida la ‘tasa trampa’ de la Generalitat

EL MUNDO 19/12/12

El ministro ve «inconstitucional» el nuevo impuesto catalán sobre depósitos bancarios.

El Gobierno considera inconstitucional el nuevo impuesto de la Generalitat de Cataluña sobre depósitos bancarios y lo combatirá para invalidarlo, según aseguraron ayer fuentes del Ejecutivo. El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó ayer como una artimaña sin validez el nuevo impuesto creado por el Gobierno en funciones de la Generalitat mediante decreto. «La Constitución ampara que no se pueden adoptar decisiones que mermen la capacidad económica de los sujetos pasivos y que supongan una restricción de derechos por la vía del decreto ley», afirmó en declaraciones a la Prensa en los pasillos del Senado. «Jamás en España se ha creado un impuesto por decreto», afirmó desafiante y con «una valoración muy crítica».

El ministro tomó la medida como una argucia para conseguir más financiación del Estado, puesto que es público y notorio que el Senado ultima la aprobación de una prohibición estatal a las comunidades autónomas de crear este tipo de tasas. Al crearlo antes de que entre en vigor la prohibición, la Generalitat reclamará a Hacienda que le compense con hasta 500 millones anuales por el impuesto suprimido, pero Montoro dio ayer señales de que va a abortar la operación. Al no aceptar su legalidad, no compensará por su retirada.

El ministro apuntó otro argumento que, en su opinión, invalida la decisión y es su retroactividad. El decreto entrará en vigor mañana jueves, un día después de su publicación en el boletín oficial catalán, prevista para hoy, pero las entidades bancarias estarán obligadas a abonarlo por todos los depósitos que hayan abierto desde el pasado 1 de octubre, según se desprende de la disposición adicional segunda del decreto al que ha tenido acceso este diario. «La retroactividad no se puede hacer por real decreto ley. La Generalitat trata de que su decreto esté vigente antes de que la legislación estatal anule las legislaciones autonómicas en esta materia», sentenció Montoro, que además cuestionó que «un gobierno en funciones tenga legitimidad para crear nuevos impuestos». El ministro avanzó que la reacción del Gobierno será «muy contraria», pero no llegó a amenazar con restringir el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que prevé en sus disposiciones no usarlo para comunidades que rompan la unidad de mercado.

Tampoco recurrió Montoro a otro argumento que sí manejaban ayer otras fuentes del Ejecutivo y es que la Comisión Europea ha pedido por escrito al Gobierno central que no permita que las comunidades autónomas introduzcan tasas por su cuenta sobre depósitos bancarios al restar eficiencia a un sector financiero rescatado por Bruselas.

Por su parte, con su decisión de la tasa, el Govern de CiU en funciones dio ayer una muestra de buena voluntad hacia Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al aprobar por decreto un nuevo impuesto que gravará los depósitos en entidades de crédito. Era una de las reclamaciones de los republicanos para sellar el acuerdo de gobierno de cara a la nueva legislatura. El tributo, que pagarán las entidades de crédito, se devengará por la «captación y tenencia de fondos de terceros, bajo la firma de depósitos, siempre que comporten la obligación de restitución» y se realicen en territorio catalán.

El nuevo impuesto será gradual, de tal manera, que a los depósitos de hasta 150.000 euros se les aplicará un tipo impositivo del 0,3%. El tipo será del 0,4% para las cuentas de entre 150.000 y 600.000 euros. Y el gravamen se elevará al 0,5% en las que superen esa cuantía, según se desprende del decreto. La Generalitat ha querido evitar que las entidades financieras desplacen la carga del impuesto a los depositarios, por lo que en el artículo 5 prohíbe expresamente «la repercusión a terceros de la cuota del impuesto». Y por si las entidades financieras invitan a sus clientes a abrir sus cuentas en otras comunidades donde no existe el impuesto, tipifica como «infracción muy grave» la «deslocalización de depósitos que, provenientes de oficinas situadas en el territorio de Cataluña, se contabilicen en oficinas situadas fuera de este territorio». Se castigará con el 50% de la cuota dejada de ingresar por este concepto.

El decreto prevé también deducciones para la Caixa, Banc Sabadell y demás entidades bancarias con sede en Cataluña y que hagan inversiones en su territorio.

EL MUNDO 19/12/12