José Antonio Zarzalejos, EL CONFIDENCIAL, 29/10/11
El “cese definitivo de la actividad armada” –del terrorismo—declarado por la banda criminal ETA el pasado 20 de octubre busca un efecto político de muy profundo calado: legitimar en un futuro inmediato el planteamiento de un proyecto de secesión respaldado por una mayoría nacionalista. ETA “cesa” de matar y, en consecuencia, la tacha de ilegitimidad de la iniciativa secesionista decae y resulta perfectamente democrático que sea discutida a todos los niveles institucionales y sometida a referéndum para que los vascos ejerzan su “derecho a decidir”, o sea, la autodeterminación. Los etarras, que ya proclamaron haber “ganado la batalla política de la ilegalización” de la izquierda radical abertzale tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las listas electorales de Bildu, dan un paso más para obtener por medios distintos a los criminales los objetivos que no han alcanzado durante décadas de asesinatos, destrucción y extorsión. Es lo que muchos analistas han sintetizado en tres palabras: perder para ganar.
La declaración de ETA del 20 de octubre se produce después de comprobar que su franquicia política –Bildu— lograba en las elecciones forales y municipales del 22-M un resultado extraordinario: se impuso como segunda fuerza política en el País Vasco con 276.000 votos (26,03%), a sólo 50.000 sufragios del PNV; a los que hay que sumar los más de 47.000 que obtuvo en Navarra. Estos registros serán mejorados con seguridad el 20-N por la coalición Amaiur, que es la resultante de Bildu y Aralar, de tal forma que toda la izquierda radical abertzale queda reagrupada. Si toda esta fuerza electoral se coordina con la del PNV, el nacionalismo en el País Vasco, con fuerte presencia en la Comunidad Foral Navarra, alcanzará entre el 55% y el 57% de los votos. El ascenso del PP, enorme, no compensará, sin embargo, la caída del PSE que será muy pronunciada.
Puestos estos datos en perspectiva, en las elecciones autonómicas que deben celebrarse en 2013 Amaiur –quizás entonces ya subsumida en Sortu— y el PNV obtendrían una victoria incuestionable y en 2015, según el calendario anunciado por Iñigo Urkullu, se plantearía un proyecto de secesión más radical que el que aprobó el Parlamento Vasco el 30 de diciembre de 2004, el llamado Plan Ibarretxe, respaldado por los nacionalistas y los batasunos y rechazado el año siguiente en el Congreso de los Diputados que nunca debió admitir su tramitación parlamentaria. Aquel plan fracasado y el que preparan ahora los nacionalistas será una nueva versión del Pacto de Estella-Lizarra en el que participaron también, y lo harán ahora, los sindicatos nacionalistas ELA y LAB.
Tanto Ibarretxe, como en 1986 José Antonio Ardanza, a través del excéntrico “informe de los expertos” encargado a la agencia “Control Risk” (páginas 181 y siguiente de “Pasión por Euskadi”, autobiografía política del que fuera presidente del Gobierno vasco), propugnaban una “Euskadi como Estado asociado al Reino de España”, suponiendo que tal fórmula integraría la “dualidad vasca” –los vascos nacionalistas y los vascos españolistas— y permitiría la emergencia de la nación vasca soberana. Los dos presidentes peneuvistas creían que un modelo como el de Puerto Rico –y así lo relata en sus memorias Ardanza— era posible antes o después. En los años ochenta, el PNV guardó en el cajón el “informe de los expertos” (ETA asesinaba entonces a mansalva), pero en 2004, Ibarretxe lo desempolvó. Ahora, Iñigo Urkullu vuelve por donde solía su partido y anuncia que el modelo para Euskadi sería “próximo al de Croacia”, ya que el de Kosovo no resulta demasiado estético y el de Puerto Rico es, a estas alturas, insuficiente.
De aquí a 2013 –elecciones autonómicas— y luego hasta 2015, el nacionalismo en su conjunto tratará de legitimar de forma total y absoluta su propuesta independentista alegando la inocuidad terrorista de ETA. No obstante, la banda seguirá planeando sobre el País Vasco y el resto de España porque la izquierda abertzale jamás requerirá a la banda su disolución y entrega de las armas y, mucho menos, que haga un acto de contrición y pida perdón a las víctimas y las repare. La legitimidad de la ETA se conecta con la legitimidad del proyecto independentista que ya está en embrión en el imaginario nacionalista de este octubre de 2011.
Por esa razón, el PNV no asistió al “Día de Euskadi” el pasado 25 de octubre, fecha en la que se celebra el aniversario del Estatuto, y ofreció al nacionalismo una alternativa más jugosa: desde la Casa de Juntas de Guernica, su presidente anunció para el futuro inmediato un proceso constituyente que cambiaría el actual estatus jurídico-político. Mientras tanto, en Ajuria Enea era condecorado Carlos Garaikoetxea, que constataba en la sede institucional que el actual Estatuto es ya “demasiado angosto” para las aspiraciones nacionalistas. Bildu, por su parte, pasó de feriar el día, abrió las oficinas de las administraciones municipales y forales y se desentendió de cualquier vinculación con la legislación estatutaria.
España frágil y la UE sin credibilidad
Toda esta agitación y propaganda era magnificada por la torpe ronda de conversaciones del lehendakari López con los partidos vascos y de Zapatero con Urkullu, y las peticiones en cascada para que el Gobierno y el Estado “muevan ficha” tras la declaración etarra. Ayer Bildu fue concreta en sus peticiones al lehendakari: mesa de partidos extraparlamentaria, “abrir relaciones con Navarra” (¿), reconocer a “las víctimas por ambas partes” y, por supuesto, abordar de inmediato la cuestión de los presos. O sea, lo que quiere ETA que se haga. Habría que preguntarle al presidente del Gobierno vasco si para publicitar estas obviedades ha montado esta impúdica pasarela en Ajuria Enea.
Este planificado ataque a los fundamentos constitucionales y estatutarios del autogobierno vasco y este deterioro de la integridad de la lucha contra el terrorismo se nutren de una doble debilidad: la de España y la de la Unión Europea. Los dos mandatos de Rodríguez Zapatero han fragilizado la cohesión nacional hasta extremos peligrosos y desprestigiado la solvencia política de España. Nuestro país, ninguneado tanto en la UE –¡desastrosa negociación del Gobierno!– como en el espacio iberoamericano, ha roto el suelo de su peor cotización, alcanzando la vertiginosa cifra de 4.978.000 parados. Por otra parte, el hundimiento de la credibilidad del liderazgo político de la UE alimenta de nuevo la ensoñación de que sería posible una alteración del actual estatus quo de las fronteras estatales en Europa, que no ha sido capaz ni siquiera de ponerse de acuerdo en el reconocimiento de la independencia de Kosovo y observa sin mover un músculo el desgarro de Bélgica. Cuando hay poca España como proyecto de éxito y menos Europa de la que pensamos habría hace sólo unos años, la verosimilitud para los nacionalistas de obtener sus objetivos se incrementa.
En el caso del País Vasco, todo este proceso que ahora comienza sigue tutelado por la sombra alargada de ETA, que no se disuelve para persuadir desde la posibilidad del regreso a las pistolas; que no se rinde porque cree legítima su “lucha” de décadas; que no entrega las armas porque está dispuesta a “perder” en el ámbito de lo que ellos llaman “militar” pero de “ganar” con su brazo político al que ampara con la fuerza bruta si necesario fuera de nuevo; que no pide perdón a las víctimas porque la suya ha sido una “lucha armada”, no terrorismo; que no delega la tutela sobre el nacionalismo vasco porque es en la organización criminal y en su extensión “civil” en las que reside la primogenitura sabiniana. Por eso, Arnaldo Otegi nos tacha de “inmaduros” al reclamar la disolución de ETA, porque es obvio que ETA sigue teniendo un papel protagonista en el proyecto político secesionista de Euskadi.
La respuesta del Estado no puede ser otra que la negativa. Muy a diferencia de Cataluña –que plantea su autogobierno desde presupuestos diferentes, esencialmente financieros, competenciales y cultural-lingüísticos–, la Comunidad Autónoma Vasca es un auténtico “fragmento de Estado” según la teoría de George Jellinek en la medida en que cuenta con Haciendas Forales propias; una Policía integral distinta y autónoma a las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad; un volumen competencial que replica al del propio Estado y una ausencia absoluta de control sobre la ciudadanía vasca respecto del contenido de derechos y obligaciones de los demás ciudadanos españoles.
Este acervo de poder político propio sitúa al País Vasco más allá de la autonomía y un poco más acá de la soberanía. De tal modo, que nada se debe al nacionalismo, nada a la izquierda abertzale, nada a ETA. Por el contrario, el único ajuste que queda pendiente no es el de un proceso constituyente en Euskadi sino el alternativo de imponer allí la ley, aplicársela a los terroristas y hacer vigente en toda su extensión el Estado de Derecho, la Constitución y el Estatuto de 1979.
Quizá sea hora de entender que con poca España y menos Europa, existe un riesgo cierto de una Croacia en el Cantábrico. Ni España ha estado a la altura de sí misma en estos últimos años, ni la Unión Europea –acabamos de comprobarlo en la cumbre del pasado miércoles— es la solución orteguiana a nuestros problemas. Avisados estamos de que los acontecimientos pueden precipitarse si no se cambia al Gobierno socialista y el nuevo del PP, con firmeza, inteligencia y serenidad, no encara el todavía irresuelto problema del modelo de Estado conectado –digan los que digan las lágrimas emocionadas de estos y aquellos— con la pervivencia de la amenaza terrorista de una ETA que “cesa” pero persiste a modo de advertencia y amenaza. Como ha escrito Fernando Savater “la perpetuación del miedo forma parte del plan” porque, en palabras de Antonio Elorza, “son los de siempre y siguen buscando la victoria”. Por eso Otegi, desde la cárcel de Logroño, terminaba su misiva: “Sonreír y…a ganar!”
José Antonio Zarzalejos, EL CONFIDENCIAL, 29/10/11