Políticos enredados

Cuando el lehendakari reconoce ahora que Batasuna «se mueve», aunque añada que le resta camino por andar, parece subestimar lo que ya ignoró en 2006: Batasuna representa los intereses de una banda que se niega a desaparecer.

Batasuna propone abandonar ‘las herramientas del pasado’». «Batasuna promete usar sólo vías democráticas pero no exige a ETA el cese de la violencia». Así informaba en 2004 un diario nacional de la declaración de Anoeta en la que Batasuna prometía usar «exclusivamente vías políticas y democráticas». El editorial de EL CORREO del 15 de noviembre de 2004 aclaraba: «Con la utilización de un lenguaje con apariencias de novedad, Batasuna no persigue otro objetivo que el de hacerse con algún hueco en el debate político que se desarrolla en el País Vasco. Sería torpe y temerario que significados representantes públicos o líderes de opinión se dejasen llevar por el enredo urdido en el velódromo de Anoeta, brindando a sus artífices el resuello que precisan para soslayar por el momento la exigencia de la democracia para con los liberticidas: que sólo la condena del terror les permitirá regresar a la legalidad». Otro diario recordaba que «el compromiso de Batasuna de utilizar ‘vías exclusivamente políticas y democráticas’ repite el firmado en el pacto de legislatura de 1999. Pero ese compromiso no impidió la ruptura de la tregua por ETA». Seis años después, Batasuna vuelve a ‘enredar’ a políticos y observadores con una retórica que erróneamente ha sido valorada como positiva por quienes deberían conocer mejor su trayectoria.

Tanto en 2004 como en 2011 la propaganda de Batasuna ha suscitado elogios y peticiones de legalización. «El PSE dice que la iniciativa es ‘un paso, pero no el que esperábamos’». Este era el titular de EL CORREO el 16 de noviembre de 2004, que ilustra la posición de quienes hoy han vuelto a repetir idéntica postura ante la propaganda de la ‘nueva’ Batasuna. Patxi López destaca que la posición de Batasuna, aunque insuficiente, «es mejor que la que tenía hace unos meses». Así se expresaba en 2004 el actual lehendakari adelantando una postura repetida en 2011 tras las últimas promesas de los representantes políticos de ETA que, sin embargo, y como los precedentes demuestran, no constituyen una relevante novedad. Conviene resaltarlo porque ese tipo de discurso, supuestamente modulado con otras exigencias a Batasuna, puede resultar contraproducente para los objetivos que dicen perseguir los actores democráticos. Lo revelaba la posición del lehendakari en una entrevista en ‘El Diario Vasco’ el pasado 13 de febrero abogando por «buscar el equilibro entre no caer en una trampa pero tampoco impedir el avance hacia la paz». De ese modo el lehendakari caía en la trampa de una Batasuna que desea trasladar a los demócratas la responsabilidad por esa ausencia de paz de la que únicamente es responsable el movimiento terrorista. No debería considerarse en absoluto como un impedimento para la paz una declaración del lehendakari en la que hubiese mostrado un análisis más riguroso y crítico de la última argucia con la que Batasuna ha simulado una aparente pero inexistente ruptura con la estrategia terrorista.

El dirigente que en 2006 justificó su reunión con el partido ilegalizado «para mirarles a los ojos y pedirles que se desvinculen de la violencia» debería ser consciente del fortalecimiento de la narrativa terrorista que determinadas actitudes generan. Aquel encuentro propagandístico benefició a Batasuna pues, como resumió ¡Basta Ya!, constituyó «un pago político a ETA» al reconocer «a su brazo político como un partido tan legítimo como los verdaderos partidos democráticos que ellos han perseguido cruelmente todos estos años». Por ello, cuando el lehendakari reconoce ahora que Batasuna «se mueve», aunque añada que aún le resta camino por andar, parece subestimar lo que ya ignoró en 2006: Batasuna representa los intereses de una banda que se niega a desaparecer y que considera «incuestionable» su estrategia «político-militar», como asegura ETA.

Las promesas de una formación ilegalizada que ha utilizado el lenguaje a conveniencia para justificar el terrorismo y que ahora vuelve a retorcerlo buscando su legalización no merecen credibilidad alguna y, por tanto, ninguna valoración positiva, pues su trayectoria obliga a niveles de exigencia superiores a los de otros actores. El más mínimo reconocimiento de la retórica terrorista induce a reproducir dinámicas que responsabilizan a los demócratas de la continuidad de ETA. Lo revela la citada entrevista con López al mostrar un contradictorio discurso y a un líder político que se ha impuesto la obligación de aceptar parte del relato de Batasuna. Por un lado el lehendakari afirma que «la pelota no está en nuestro tejado», pero admite que él mismo puede «impedir el avance hacia la paz» si no aprecia lo que entiende como «unos nuevos estatutos en la buena dirección». El énfasis en esta inexactitud exagera la relevancia de los estatutos y resta importancia al contundente y clarificador veredicto de la sentencia de Estrasburgo que consideró «el rechazo a condenar la violencia como una actitud de apoyo tácito al terrorismo, y ello en un contexto de terrorismo que existe desde hace treinta años y que es condenado por el resto de los partidos políticos en su conjunto».

Ese tipo de discurso distorsiona el debate sobre la legalización induciendo a una confusión que predispone a minusvalorar las terribles consecuencias políticas y humanas del terrorismo y a rebajar las exigencias a quienes lo han apoyado. Si una simple táctica propagandística merece tan positiva consideración, ¿qué valor se le da a los hechos que camuflan esas palabras? ¿Habrá que recompensar próximos gestos que simulen avances encubriendo meros engaños? La experiencia confirma que la búsqueda de determinados equilibrios políticos motiva condescendencia hacia el terrorismo. Evita asimismo la pedagogía política que debería liderar el lehendakari y que tan necesaria resulta en una sociedad en la que algunos sectores aún muestran comprensión con la violación de los derechos humanos, así como deseos de eximir a sus perpetradores de los requisitos ineludibles para construir un futuro sin violencia.


(Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos)

Rogelio Alonso, EL CORREO, 24/2/2011