Opinión, DIARIO VASCO, 24/6/11
El Ejecutivo foral, formado sólo por miembros de Bildu, afronta una legislatura en minoría, obligándole a pactar con los grupos de la oposición
La nueva legislatura (2011-2015) arranca con un Gobierno foral en minoría. El Ejecutivo de Bildu se sustenta sobre 22 junteros, en una Cámara formada por 51 parlamentarios. El PNV suma 14, el PSE 10, el PP 4 y Aralar 1. Por tanto, el Gobierno de la Diputación está obligado a pactar con otras fuerzas para desarrollar su labor. Esta situación no es inédita. En la pasada legislatura PNV y H1! también gobernaron en minoría.
Gipuzkoa tiene por delante cuatro años determinantes para resolver cuestiones clave para el territorio. La primera, salir airosa de una crisis económica que afecta a miles de guipuzcoanos y que pesa como una losa sobre la recaudación foral. El equipo de Garitano tendrá que enfrentarse a otros retos que van desde los transportes al envejecimiento, pasando por los residuos o los peajes. A continuación, describimos algunas de las cuestiones que marcarán la agenda de los próximos cuatro años.
El principal revulsivo económico de Gipuzkoa
El presupuesto de la Diputación marca la pauta de las prioridades del Gobierno foral y, a su vez, se convierte en el principal motor económico del territorio. Los presupuestos forales suponen una lluvia de millones de euros vitales para dinamizar la economía y, a través del Fofim, fomentar las actuaciones de los ayuntamientos.
El año pasado, pese a la crisis, el presupuesto de gestión propia ascendió a 839 millones de euros. De ahí la importancia de que las cuentas forales se aprueben cada año sin contratiempos, pero para ello es preciso contar con la mayoría suficiente en las Juntas Generales. El equipo de gobierno de Bildu estará obligado a pactar esas cuentas con otras fuerzas, unas negociaciones que a priori parece que serán complicadas. En el caso de no llegarse a acuerdos, cabe la posibilidad de prorrogar los presupuestos, una medida que permite a la Diputación cumplir sus compromisos, pero que limita las inversiones nuevas.
Moratoria para la incineradora
Bildu ha propuesto paralizar la construcción de la incineradora por un periodo de cinco años. En ese plazo, quiere poner en marcha un proceso de información ciudadana que desembocará en una consulta popular. Ese periodo también serviría para comprobar el resultado del sistema de recogida de basuras puerta a puerta, en marcha en algunas localidades. Bildu cuenta con la mayoría suficiente para llevar adelante su propuesta. Las decisiones sobre los residuos se toman en el Consorcio de Gipuzkoa, donde están representadas las mancomunidades. El poder de la coalición en estas entidades comarcales es casi absoluto.
La moratoria tendría dos consecuencias inmediatas: habría que prorrogar el plazo de cierre de los vertederos (previsto para 2014) y se debería pagar a las empresas adjudicatarias de la construcción de la incineradora compensaciones que, según algunas fuentes, superarían los 100 millones de euros.
Pendientes los de Etxegarate y Deskarga
La Diputación tiene sobre la mesa la implantación de dos nuevos peajes, los de Etxegarate (solo para camiones) y el de Deskarga (para todo tipo de vehículos).
El primero está en el aire. En la pasada legislatura la Diputación aprobó la norma foral que permite cobrar en la N-I. Esta norma se debería desarrollar a lo largo de este año en las Juntas Generales. La irrupción de Bildu en la Cámara ha cambiado radicalmente la distribución de fuerzas respecto de este tema. Los votos de la coalición, Aralar y el PP son suficientes para bloquearla y, por tanto, que el canon para camiones quede en suspenso.
El caso de Deskarga es distinto: se trata de financiar una autovía nueva (Beasain-Durango), que contaría con una alternativa gratuita, la actual carretera comarcal. La postura de Bildu es desconocida. En el PP, algunas fuentes indican que podrían mostrarse a favor. Sus votos, junto a los de PNV y PSE darían luz verde a un canon que resulta necesario para, junto a los de la AP-1 y AP-8, afrontar los 700 millones de euros en créditos firmados por Bidegi.
La rehabilitación integral, en juego
El puerto exterior de Pasaia excede a las competencias de la Diputación, pero no es ajena a esta institución. Este proyecto necesita la complicidad de las instituciones locales a la hora de lograr el apoyo del Gobierno central. No es lo mismo acudir al Ministerio de Fomento con el beneplácito de la Diputación y con el de las localidades afectadas, que con su oposición. Tras las elecciones, la institución foral y los ayuntamientos de Donostia, Lezo, Pasaia y Errenteria están en manos de Bildu. La oposición al puerto exterior es manifiesta.
El problema estriba en que la rehabilitación integral de la bahía sigue pendiente. La coalición y diversas iniciativas ciudadanas afirman que es posible una regeneración parcial sin necesidad de construir un puerto en el exterior.
Queda por definir el acceso a las estaciones
El TAV, al igual que en el caso del puerto, no es competencia local, pero precisa al menos de la no obstrucción del proyecto. Las obras se encuentran avanzadas, pero todavía queda mucho tajo por delante. Una postura beligerante de los ayuntamientos por los que discurre el trazado embrollaría una obra que ya lleva acumulados años de retraso. Además, quedan por definir cuestiones claves, como los accesos y la ejecución de las estaciones de Donostia, Astigarraga y Ezkio-Itsaso, proyectos que necesariamente precisan de la colaboración municipal. Los tres consistorios están gobernados por Bildu.
Garitano ha realizado declaraciones en las que desvinculaba a la Diputación de este proyecto «heredado», palabras de las que se puede deducir que esta institución no será beligerante. Menos claro ha sido el alcalde de Donostia, que aboga por una mayor participación ciudadana sobre esta cuestión.
Una sociedad envejecida con más dependientes
La Ley de Dependencia emerge como un reto de proporciones enormes para la Diputación. La ley indica que los ciudadanos tienen derecho a percibir sin demora o excusas determinadas prestaciones sociales, al igual que ocurre con la sanidad o la educación. Es decir, si una persona precisa de una plaza en una residencia de ancianos, la Diputación debe estar en condiciones de ofrecérsela. Esta respuesta eficaz ha de ser la misma para los casos de dependencias, discapacidades, menores en desamparo…
El envite es de envergadura. Baste indicar que en 2020, 163.000 guipuzcoanos superarán los 65 años. A día de hoy, 700 ancianos se encuentran en lista de espera para acceder a un geriátrico. La institución foral está obligada a incrementar los recursos destinados a políticas sociales si quiere reducir la brecha entre lo que demanda la sociedad y las disponibilidades reales.
Incógnitas tras el ‘culebrón’
La política fiscal es el meollo de la foralidad. Las diputaciones deciden qué impuestos de pagan, cuál es cuantía y distribución, las desgravaciones y luego, si soplan vientos a favor, las cuentas se armonizan en el Consejo Vasco de Finanzas. Viene una legislatura curiosa: Gipuzkoa en manos de Bildu, Vizcaya del PNV y quizá Álava del PP.
La legislatura pasada fue un culebrón en Gipuzkoa. Las discusiones sobre el Impuesto de Sociedades y de Patrimonio elevaron al máximo la tensión entre los socios de gobierno, PNV y H1! En la que ahora arranca, las emociones se aventuran fuertes. De momento, el nuevo diputado general ha propuesto reconsiderar de arriba a abajo el sistema impositivo… Y todo ello con el trasfondo del proceso de fusión de las cajas en marcha.
Opinión, DIARIO VASCO, 24/6/11