UPyD pide que el Parlamento controle la concesión de indultos y poder recurrirlos

El Economista 11/12/12

El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que establece la necesidad de establecer un mecanismo legal de control parlamentario y rendición de cuenta por el Gobierno en los indultos tramitados, con especial referencia a los ya concedidos, que se motiven razones de justicia equidad o utilidad pública que los justifican y que éstos puedan llegar a ser recurridos ante los tribunales.

UPyD presenta esta iniciativa tras observar cómo los distintos gobiernos han utilizado de forma «espuria» la prerrogativa del indulto por «inconfesables» motivos que, a su juicio, «no tienen que ver» con su verdadera finalidad, «sino para compensar determinados favores o beneficiar a cargos públicos o empresarios vinculados al poder».

A su juicio, este proceder no sólo transmite una imagen de «absoluta arbitrariedad, desprestigiando la política y a la propia Administración de justicia, sino traslada a la ciudadanía la idea de que la justicia «no es igual para todos, sino que perviven ciertos espacios de impunidad».

Como ejemplos cita el indulto al banquero Alfredo Sáenz, exconsejero delegado del Banco Santander, que le concedió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, o el que el actual Ejecutivo ha dado a Josep María Servitje Roca, exsecretario general de Trabajo de la Generalitat catalana durante el mandato de Jordi Pujol, y a un empresario, ambos condenados en 2009 por prevaricación y malversación de fondos públicos por el llamado ‘caso Trabajo’.

Tampoco olvida la formación magenta los indultos que el Gobierno de Mariano Rajoy ha concedido los cuatros mossos d’Esquadra condenados por las torturas infligidas a un ciudadano rumano, un caso que, según apunta, ha causado «una innegable conmoción» a la opinión pública.
Informe anual ante el Congreso

Así las cosas, UPyD pide promover un mecanismo de control parlamentario de los indultos tramitados y los ya concedidos, previa emisión de un informe anual conjunto por parte de los Ministerios de Justicia y Defensa, en el que se detalle los indultos otorgados y los motivos, junto con las propuestas y recomendaciones que fueran necesarias para mejorar el procedimiento de concesión de esta medida.

Además, y para evitar los «abusos», la propuesta busca que se exija la necesidad de motivas las razones de «justicia, equidad o utilidad pública» que justifican esta prerrogativa y que, en caso de que se acuerde con la opinión desfavorable de los tribunales, incluir las razones por las que se ha decidido apartarse de esos criterios.

Y es que, denuncia la formación que encabeza Rosa Díez, los reales decretos no dan «la más mínima motivación, confundiendo la naturaleza discrecional de la concesión del indulto con su ejercicio indiscriminado o arbitrario».

Asimismo, UPyD aboga por que se arbitre la posibilidad legal de recurrir ante lo contencioso-administrativo la concesión del indulto por la Fiscalía, las acusaciones o los perjudicados u ofendidos por el delito si se ha concedido de forma «ilógica, fraudulenta o con alarma social». «La única forma de combatir la eventual arbitrariedad del Ejecutivo es introduciendo un control jurisdiccional», arguye el texto.
También piden cambios IU-ICV y PSOE

También la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) registró la semana pasada otra proposición no de ley en la que, en su caso, plantea una reforma de la ley que rige la concesión de los indultos para excluir de esta medida de gracia a quienes hayan sido penados por delitos de tortura, terrorismo, electorales y ecológicos, pero también una amplia relación de delitos económicos, entre ellos lo de estafa, blanqueo de dinero, malversación, fraude o prevaricación urbanística.

Con anterioridad, el PSOE registró otra iniciativa en el Congreso pidiendo al Gobierno que, con carácter general, no conceda indultos en casos relacionados con delitos de corrupción, puesto que desde su llegada al poder entre las personas que han recibido el perdón gubernamental se encuentran, además de los implicados en el ‘caso Trabajo’, el ex alcalde del PP de Valle de Abdalajís (Málaga) Tomás Gómez Arrabal, condenado por delitos continuados de prevaricación urbanística, y tres de los concejales de este municipio, todos ellos del PP.