Según cabía temer desde un principio, la necesidad en el Gobierno de alcanzar como sea «la paz» debilita sustancialmente su capacidad para atender la regla de oro: la defensa de la Constitución. El problema no es negociar o no con ETA, sino hacerlo desde una posición de inferioridad. Ha llegado el momento de que Zapatero fije sus fines, sus límites y sus reglas, si es que los tiene. Por parte de ETA-Batasuna todo está ya demasiado claro.
Por fin hay un acuerdo general entre todos los medios de comunicación: el propósito del Gobierno español de obtener un respaldo en el Parlamento Europeo para su política de «paz» en Euskadi ha constituido un fracaso. Incluso los más favorables tuvieron que reconocer el alto coste de una operación política que terminó como el parto de los montes, recurriendo a esconder la noticia detrás de la más sustantiva del robo de armas en Francia por ETA y de la reacción al mismo del presidente Zapatero. Lo cierto es que la apuesta gubernamental tenía sentido de haber sido negociada previamente con el PP, con lo cual en vez de la internacionalización simbólica del conflicto tendría lugar una escenificación ante Europa de la unidad de los demócratas frente a un terrorismo en horas bajas, así como de la política diseñada para ponerle fin, pero ni la actitud de oposición a toda costa de los populares ni la forma de presentación de la iniciativa por parte del Gobierno propiciaban ese final feliz. Cualquier otra posibilidad llevaba a un resultado negativo, por la inevitable división del voto entre los diferentes grupos parlamentarios: no era ésta una de esa ocasiones en que ganar por un voto supone una victoria. Así que ni se ha logrado que Europa entienda mejor la situación actual del problema creado por el terrorismo, ni hubo más que buenas palabras. Por otra parte, tampoco lo ocurrido ha sido tan grave como para rasgarse las vestiduras. En la breve confrontación de declaraciones, imperó la prudencia y el show de unos cientos de abertzales era del todo previsible. Único rasgo enteramente negativo: la división en el campo de las víctimas.
Lo más preocupante no es, en consecuencia, lo sucedido en Estrasburgo, sino lo que el desarrollo del episodio revela acerca de la imprevisión con que el Gobierno de Zapatero está gestionando el tema ETA a partir del «alto el fuego». Nada autoriza a pensar que si una iniciativa de tal entidad, consistente en lograr un apoyo europeo efectivo a la política de negociación, se lleva a cabo con tal ligereza y ausencia de contenidos, en el tema de fondo la previsión sea la regla en lugar de la improvisación, cuando el juego es llevado desde el campo etarra. Y esta denominación parece la apropiada, pues al mismo tiempo que cabe detectar diferencias internas en cuanto a la continuidad o la suspensión del «alto el fuego», la experiencia de estos meses prueba el perfecto engarce en la organización piramidal, con ETA en el vértice, Batasuna como correa de transmisión pública, y los grupos encargados de la kale borroka para intervenir cuando sus superiores dispongan, transmitiendo los estados de mal humor ante detenciones, procedimientos judiciales o declaraciones del Gobierno que juzgan. La cohesión es el rasgo distintivo de ETA-Batasuna, en apoyo de una estricta intransigencia política, tanto en las exigencias de procedimiento (prioridad a la mesa de negociación) y mantenimiento de los objetivos (autodeterminación, territorialidad) como en el rechazo a una legalización con rechazo de la violencia. Frente a ello, el Gobierno se limita a acumular las muestras de buena voluntad, en el plano judicial, y vía PSE en el de comprensión ante las demandas políticas del oponente. Según cabía temer desde un principio, la ostensible necesidad visible en el Gobierno de Zapatero de alcanzar como sea «la paz», esto es, una y otra forma de renuncia de ETA a «la violencia» para la ulterior disolución, debilita sustancialmente su capacidad para atender a lo que debiera suponer una regla de oro en su comportamiento: la defensa de la Constitución. El problema no reside, pues, en negociar o no con ETA, sino en hacerlo desde una posición de inferioridad, como si la declaración de «alto el fuego» hubiese constituido por sí misma una garantía de fiabilidad que otorgase al grupo terrorista la legitimidad para dirigir «el proceso». Las declaraciones cargadas de chulería de los portavoces de Batasuna se ajustan perfectamente a esa pretensión.
De ahí que el robo de armas por ETA en Francia deba «tener consecuencias» (frase que en sí misma puede expresar rigor o vacío intelectual). Ha llegado el momento de que Zapatero fije sus fines, sus límites y sus reglas, si es que los tiene. Por parte de ETA-Batasuna todo está ya claro, demasiado claro.
Antonio Elorza, EL PAÍS, 28/10/2006