El mensaje del nacionalismo a Otegi y compañía no es decirles que sólo podrán ser legales si se desvinculan de ETA, sino el de proporcionarles argumentos para no dar ese paso. Por ejemplo, sumándose a movilizaciones como la de San Sebastián contra las detenciones con el argumento de que la Ley de Partidos obedece a intereses electoralistas.
Pronto se cumplirán cinco años del discurso de Otegi en Anoeta, y uno del asesinato por ETA del empresario Ignacio Uria, al que seguirían, ya en 2009, los de un policía y dos guardias civiles. El discurso fue el punto de partida para el intento de fin dialogado de ETA impulsado por Zapatero; y los cuatro asesinatos, la prueba de que ETA no tiene intención de renunciar a hacer política armada.
En las últimas semanas se han conocido planes de ETA y de su entorno para poner en marcha una estrategia que conduciría a la reanudación del diálogo en el punto en que quedó interrumpido, hace ahora tres años. Esa estrategia parte de la formación de un polo soberanista encabezado por Batasuna que negociaría con el Gobierno el programa mínimo de ETA: autonomía conjunta de Euskadi y Navarra con reconocimiento del derecho de autodeterminación: la última propuesta de Otegi en Loyola, en otoño de 2006.
Es un planteamiento poco realista. Aralar sacó de aquel fracaso la conclusión de que en el futuro no debería tomarse en consideración ninguna propuesta de ese mundo que no viniera precedida del abandono unilateral e incondicional de la violencia. EA interrumpió sus conversaciones polo-soberanistas con la izquierda abertzale a raíz del asesinato de Uria, Y el sindicato ELA, mayoritario en Euskadi y eje de todas las iniciativas de unidad nacionalista con programa soberanista, ha condicionado cualquier avance conjunto al abandono de ETA. Con independencia de que lo justifique por la necesidad de «desarmar la razón de Estado», el pronunciamiento es claro: «En anteriores procesos, la desmilitarización ha estado sujeta a que el Estado» reconociera a cambio «determinados elementos políticos». El Estado «no va a dar eso», por lo que tiene que ser ETA quien dé pasos «unilaterales».
En los papeles de ETA incluidos en el auto de Garzón se da por hecho que al Gobierno no le quedará más remedio que negociar políticamente, pronto o tarde. ELA ya no lo cree posible, y ello es el resultado de la política antiterrorista del Gobierno; mejor dicho, de haber mantenido esa política desde la ruptura de la tregua, desoyendo las voces que en algún momento han tratado de convencerle de que flexibilizara su posición para favorecer tal o cual movimiento de Otegi. En la respuesta de Zapatero al discurso de Anoeta ya se decía que política y pistolas eran incompatibles, y que sólo el abandono de las armas abriría paso al diálogo. Pero en la práctica se acabó dando por sobrentendido que ese abandono formaría parte de una negociación con contrapartidas políticas. Lo que ha cambiado es que, no ya los socialistas, sino los soberanistas le dicen a ETA que renuncie unilateralmente, y condicionan a ello su participación en cualquier iniciativa con la izquierda abertzale.
Es posible que en el fondo de su corazón Otegi piense que el tiempo de la lucha armada ha pasado, pero se resiste a decirlo (y a decírselo a ETA). La (según Gara) «propuesta de calado» de Batasuna se limita a hablar de un proceso «sin violencia ni injerencias externas», que es menos de lo que dijo Otegi hace 5 años, con el resultado conocido en cuanto ETA decidió volver a matar. Y los papeles ahora conocidos revelan que se mantiene una «estrategia Político-militar» que reserva a ETA la función de remover obstáculos a la negociación política.
Ante esto, ¿qué tendrían que hacer los nacionalistas? El entonces presidente del PNV, Josu Jon Imaz, escribía en 2007 que «en las circunstancias actuales, sólo la acción policial y la deslegitimación social y política de su entorno son los caminos que nos permiten trabajar por la paz y la libertad en Euskadi». La acción policial (y judicial) ha cumplido su parte, y un efecto de ello es que en las cárceles y otros lugares se haya abierto paso la duda sobre la eficacia de la violencia.
Pero el mensaje del nacionalismo a Otegi y compañía no es decirles que sólo podrán ser legales si se desvinculan de ETA, sino el de proporcionarles argumentos para no dar ese paso. Por ejemplo, sumándose a movilizaciones como la de San Sebastián contra las detenciones con el argumento de que la Ley de Partidos obedece a intereses electoralistas. Arzalluz retomaba ayer este argumento en Gara tras opinar que los detenidos son «patriotas dignos de todo respeto y admiración» cuya intención era «superar la violencia».
En su libro de 2005, Otegi proclamaba que el PNV había acabado dando la razón a ETA en su negativa a aceptar un «Estatuto que dividía al país». Por eso, la deslegitimación que pedía Imaz pasa también por abandonar tópicos de Lizarra como el del «agotamiento del Estatuto» o el de su «incumplimiento» (magnificando divergencias sobre algunas transferencias); y porque dirigentes y ex dirigentes que hace años que no creen en esos tópicos se atrevan a participar en la conmemoración del aniversario del Estatuto de Gernika.
Patxo Unzueta, EL PAÍS, 29/10/2009