EL CORREO – 06/12/14
· El Gobierno vasco presenta un informe sobre atentados sin resolver, que excluye los casos prescritos y los amnistiados en el año 1977.
Un informe encargado por el Gobierno vasco cifra en 218 el número de asesinatos terroristas cometidos desde 1960 que permanecen a día de hoy sin esclarecer, de los que la inmensa mayoría, un total de 197, fueron cometidos por ETA. En el listado oficial se habla de 220 casos, sin bien dos de las causas –en concreto, de los GAL– están repetidas. El estudio se centra en los expedientes sobreseídos y archivados por la justicia ante la imposibilidad de determinar quiénes fueron los autores materiales de dichos atentados. Este criterio deja fuera los casos que cuentan con sentencia –aunque la resolución no concrete quién o quiénes cometieron el crimen– o aquellos que han sido reabiertos sin que exista aún fallo alguno, así como los amnistiados en el 77.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, recibió ayer en la sede de Presidencia el estudio de la mano de los encargados de llevarlo a buen puerto. La Secretaría de Paz y Convivencia que lidera Jonan Fernández encomendó el pasado mes de marzo esta «compleja y delicada» tarea a Enara Garro, profesora de Derecho Penal y licenciada en Criminología; José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, y José Manuel Rodríguez Uribes, exdirector general de apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior. La redacción del informe, que se enmarca en el plan de paz, corrió a cargo del periodista Carlos Fonseca, colaborador habitual del Gobierno vasco. «Es un paso adelante en favor de la clarificación de lo ocurrido», remarcó Fernández.
Para la elaboración del estudio, los expertos consultaron diferentes trabajos publicados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la Dirección de Víctimas de Madrid y otras instituciones. Ahora bien, y así lo quisieron dejar claro en el preámbulo del documento dado a conocer ayer, el Ejecutivo de Vitoria no contó con la colaboración del Ministerio del Interior, «pese a los requerimientos» del equipo, como tampoco de la Fundación Víctimas del Terrorismo, que en su día cifró en más de trescientos los asesinatos sin resolver.
Entre 1960 y 2011 han sido reconocidas, legal o judicialmente, como víctimas directas del terrorismo 6.000 personas: casi 1.400 fallecidos y más de 4.400 heridos, de los que alrededor del 60% sufren una gran invalidez. La cifra de muertes causadas por grupos terroristas de diferente índole varía según dónde y a quién se consulte. El informe encargado por la Secretaría de Paz y Convivencia reconoce más de cuarenta «casos controvertidos». Así, se han excluido los supuestos en los que las personas «perdieran la vida en acontecimientos o circunstancias vinculados a la violencia, tales como suicidios, manipulación del propio armamento, disparos fortuitos entre cuerpos policiales y accidentes ocurridos durante el auxilio a víctimas de atentados».
Según las cifras que baraja el Gobierno vasco, el terrorismo se ha cobrado un total de 927 vidas, de las que 849 se debieron a acciones perpetradas por ETA (91,58%), 68 a contraterrorismo –BVE, GAL etc.– y diez se desconoce aún su autoría. Tras analizar la situación procesal de cada uno de los casos, los expertos estiman que son 220 los asesinatos «sin sentencia esclarecedora». Es decir, pendientes de resolver. De ellos, 197 corresponden a víctimas de ETA cuyos expedientes han sido sobreseídos o archivados. Cabe señalar que 155 de las muertes se produjeron en las décadas de los setenta y ochenta, época en la que menor reconocimiento y apoyo social tuvieron también sus familias.
Garantizar que se investiga
En este capítulo no se incluyen los 548 atentados que cuentan con sentencia judicial, pese a que, según reconocen los expertos, la «casuística es muy amplia». «Nos hemos encontrado sumarios en los que han sido detenidos, juzgados y condenados algunos de los autores materiales, pero no todos; en otros lo han sido los colaboradores, no los autores, y no han faltado las causas en las que se han dictado a un tiempo la condena de uno o varios procesados y el sobreseimiento provisional o la declaración en rebeldía para otros», explican.
Tampoco se habrían tenido en cuenta los casos reabiertos o aquellos que instruye la justicia francesa, los siete expurgados –destruídos por decisión judicial debido a que dada su antigüedad se considera no podrán ser esclarecidos–, los prescritos ni los 65 amnistiados por la ley del 77. «Se desconoce cuáles tienen sentencia y cuáles no», asumió Carlos Fonseca sobre estos últimos.
A los asesinatos cometidos por ETA se suman también los de otros grupos terroristas. Es el caso del Batallón Vasco Español (BVE), una organización parapolicial que surgió tras el asesinato en diciembre de 1973 del entonces presidente del Gobierno central Luis Carrero Blanco. El BVE, que actuó entre 1975 y 1982 para contrarrestar el terrorismo de ETA, así como otros grupos satélites (Triple A y GAE, entre otros) produjeron 27 muertes, de las cuales diez permanecen sin esclarecer.
Algunos de los «mercenarios a sueldo» que integraban dichos grupos se integraron años después en los GAL, que permanecerían activos entre 1983 y 1986. El número de atentados cometidos por dicha organización terrorista ascendió a 25 –en lugar de 27, ya que dos de las causas archivadas están repetidas–, de los que un tercio no han sido resueltos. De otra decena de asesinatos se desconoce la autoría. Tres siguen sin esclarecerse.
El informe encargado por el Gobierno vasco ha sido enviado al Parlamento, con el fin de que todos los partidos políticos tengan acceso al mismo. Además, se compartirá con agentes jurídicos y sociales «en aras a la búsqueda de justicia». «Nadie puede garantizar que los casos serán resueltos, pero sí que las investigaciones se llevarán a cabo hasta el final», apostilló Jonan Fernández.
EL CORREO – 06/12/14