EL MUNDO 28/10/14
· Rajoy pide informe al Consejo de Estado al ver vulneración de derechos y fraude de ley
El presidente del Gobierno firmó ayer la petición al Consejo de Estado para que emita con urgencia el informe preceptivo que abre el camino a la impugnación de la consulta alternativa que pretende llevar a cabo la Generalitat de Cataluña el próximo 9 de noviembre.
El Ministerio de la Presidencia emitió ayer a última hora de la tarde un comunicado informando de este primer paso hacia la impugnación, que podría confirmarse, «en su caso», el próximo viernes en el Consejo de Ministros.
En paralelo, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que la intención es impugnar «toda la organización que está llevando a cabo la Generalitat de Cataluña para la consulta alternativa» denominada «proceso de participación ciudadana».
El Gobierno cree que las instrucciones y comunicaciones por correo electrónico que la Generalitat está dirigiendo a los directores de los centros escolares y a los funcionarios públicos para que faciliten, e incluso colaboren, en la organización de la consulta alternativa, así como la campaña publicitaria informando de la misma, podrían tener fuerza probatoria suficiente de que lo que pretende la Generalitat es sortear los preceptos constitucionales y burlar la suspensión del referéndum secesionista dictada por el Tribunal Constitucional.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la propia Abogacía del Estado ven claros indicios de fraude de ley en la estrategia ideada por Artur Mas para sacar las urnas a la calle, aunque ahora la Generalitat pretenda disfrazar la consulta denominándola como «proceso de participación ciudadana» en el que, además, no concurriría ninguna de las garantías democráticas mínimas exigibles.
En opinión del Ejecutivo, tal y como recalcó ayer Santamaría, esta nueva consulta ideada por Artur Mas «es contraria a la Constitución y, además, perjudica los derechos de los catalanes» porque «no tiene una sola garantía democrática».
La vicepresidenta hizo una vez más hincapié en la obligación del Gobierno de hacer que se cumpla la ley y proteger los derechos de los ciudadanos.
El Consejo de Estado tendrá listo su informe el miércoles o jueves, en cualquier caso a punto para que el Consejo de Ministros lo analice el viernes y el presidente decida, oídos los ministros, firmar el recurso ante el Tribunal Constitucional. Se da la circunstancia de que el Alto Tribunal celebra Pleno la próxima semana, por lo que en esta ocasión no sería necesario que su presidente convocara una reunión extraordinaria para admitir a trámite la impugnación del
Ejecutivo y dictar la suspensión automática del sucedáneo de consulta soberanista, probablemente por entender que el empeño de celebrarla por encima de todo no puede ser considerado sino como un incidente en ejecución de la suspensión que dictó sobre la consulta original.
Mariano Rajoy pidió hace dos semanas a los servicios jurídicos del Estado que estudiaran todos y cada uno de los pasos que diera la Generalitat con la finalidad de sacar las urnas a la calle.
En esta ocasión, encontrar argumentos de impugnación ha sido una empresa mucho más difícil que cuando se trató de tumbar el referéndum original, ya que Artur Mas, fiel al plan que él mismo anunció el pasado 14 de octubre, ha evitado cuidadosamente firmar decretos u órdenes, es decir, llevar a cabo actos jurídicos que sirvieran de base evidente para un recurso.
POSADA: ‘HAY QUE MEJORAR EL ENCAJE’
Reformas legales. El presidente del Congreso, Jesús Posada, se mostró ayer partidario de «mejorar el encaje» de Cataluña en España para que «los catalanes estén satisfechos».
Constitución. Posada afirmó, en un desayuno de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, que ni «el PP ni Rajoy han dicho ‘no’ a una reforma de la Constitución». No obstante, dijo «no saber» si el ‘encaje’ sólo se puede hacer cambiando la Carta Magna, como pidió la semana pasada el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo.