Luchar contra el terrorismo, contra la violencia callejera, contra la exaltación del terrorismo, contra la costumbre de hacer de los verdugos héroes…, no puede ser considerado como cortina de humo: sin esas condiciones no existe la posibilidad de convivencia, y sin convivencia no hay sociedad, y sin sociedad sobra el resto de las políticas.
El final de las vacaciones de verano significa la vuelta del curso político, aunque el Parlamento vasco aún no haya celebrado el debate de política general. Pero los partidos sí han vuelto a la tarea, y con ellos los comentaristas en los medios de comunicación. Y tanto los unos, los partidos, como los otros, los comentaristas, se centran en la necesaria acción de gobierno, siendo el tenor de las opiniones de los partidos que no forman parte del Ejecutivo subrayar su inactividad. La función de la oposición y de los medios de comunicación es criticar al gobierno de turno. Máxime cuando la sociedad se ve sacudida por crisis serias, es importante que el Ejecutivo no se duerma en los laureles. Los ciudadanos reclaman, con razón, que resuelva sus problemas o que por lo menos sea perceptible que se esfuerza por adoptar medidas que puedan ayudar a resolverlos.
No cabe duda de que la crisis económica pone a prueba también al Gobierno vasco. Aceptando que la crisis es global y que algunas de las medidas fundamentales sólo las pueden adoptar instituciones financieras de nivel europeo -el BCE- y que otras están en manos de la Administración central, el Gobierno vasco tiene margen para actuar. Y lo puede hacer en dos niveles: a través de medidas que permitan resultados inmediatos, como las grandes inversiones en obra pública, para crear demanda en todos los niveles -puestos de trabajo, consumo de bienes, aportación al consumo general…-, y mediante iniciativas a largo plazo y dirigidas a lo que se ha dado en llamar nuevo modelo productivo.
Si bien es cierto que determinadas medidas fiscales pueden tener repercusiones bastante inmediatas, más importante sería aprovechar la ocasión brindada por la crisis para someter la política fiscal vasca a un serio examen en profundidad. Sobre todo teniendo en cuenta que de todas las políticas la fiscal es la que menos se discute en la sociedad vasca, si dejamos de lado el eterno debate de la rebaja del impuesto de sociedades.
Ésta sería una buena oportunidad para analizar la estructura de los ingresos fiscales, cuáles son los que más aportan; si es bueno que el reparto actual entre los distintos impuestos siga así -castigando más al trabajo y al consumo que a las demás rentas-; informando a la ciudadanía sobre la recaudación real y efectiva de los distintos impuestos para no perdernos en los debates sobre el nominal -que el impuesto de sociedades se halle en el 28% no dice nada sobre la tasa real de recaudación, que con toda seguridad se halla bastante lejos de ese porcentaje-; ofreciendo datos transparentes sobre cuántos ciudadanos pagan en qué tramos del IRPF; analizando todas las posibilidades que existen, legales y no tan legales, para escamotear el pago del IRPF; revisando todas las posibilidades, las teóricas y las ejecutadas, de desgravaciones fiscales, en todos los tipos de impuestos, especialmente en el IRPF y en el de sociedades; estudiando si procede una simplificación del derecho fiscal.
Igualmente importante sería estudiar cómo recuperar la dignidad de las enseñanzas medias, las grandes perdedoras de todas las reformas educativas desde la de Villar Palasí, todavía en los tiempos franquistas. Sin un esfuerzo enorme por recuperar las enseñanzas medias la universidad está condenada a arrastrar un lastre, uno de los importantes, que impide su calidad. Sin reformas radicales del sistema, sería necesario dotar a los dos últimos años de ESO y los dos de Bachillerato de una unidad en todos los sentidos para sentar las bases de una buena preparación para la universidad.
También sería importante someter a revisión la aplicación del proceso de Bolonia en la Universidad vasca. Es una de las contradicciones mayores que se pueden hallar hoy en el conjunto de España. Nadie está de acuerdo con lo que se está haciendo, pero todos dan por imposible el cambio. Es un éxito de los contrarios a Bolonia, que no se debe a los críticos, sino a la forma en que se ha aplicado.
Y junto con la aplicación del proceso de Bolonia a la universidad, que va a marcar su destino al menos a medio plazo, sería un buen momento para repasar nuestra estructura investigadora y de innovación, que no se cualifica ni por el intervencionismo del Gobierno ni por la construcción permanente de nuevos organigramas. Sin enseñanzas medias no hay universidad de calidad; sin universidad de calidad no hay investigación; sin investigación no hay innovación tecnológica, y sin todo ello no hay nuevo modelo productivo. Es preciso revisar las desgravaciones fiscales por innovación, exigiendo que realmente se produzca innovación y desarrollo.
Quizá se podría incluso aprovechar la coyuntura de crisis para revisar la dimensión de la Administración vasca en todos sus niveles. Es probable que sea una leyenda urbana, pero hasta las piedras gritan en nuestras calles que tenemos una Administración sobredimensionada, con una doble consecuencia: se retroalimenta permanentemente y crea nuevas funciones, sean o no necesarias para el bienestar de la sociedad.
Cuando comenzó a azotar la crisis no pocos subrayaron que toda crisis es una buena oportunidad. La sensación que se ha extendido es que la mayoría de los responsables políticos ha optado por pedir a los dioses que las cosas regresen cuanto antes al estado anterior y los consumidores vuelvan a consumir como si nada hubiera pasado. Sólo en algunos países, y en algunos sectores, se han producido reformas que merecen tal nombre. En España, fuera de hablar y prometer una ley de nuevo modelo productivo -como si estas cosas se produjeran a golpe de leyes-, la táctica ha sido la de dejar todo más o menos como antes. El Gobierno vasco podría aprovechar la ocasión para poner en marcha políticas que impliquen hacer los deberes exigidos para aprobar en el largo plazo.
Luchar contra el terrorismo, contra la violencia callejera, contra la exaltación del terrorismo, a favor de la libertad, contra la costumbre de hacer de los verdugos héroes, contra la de apoderarse de las fiestas y de los espacios públicos, no puede ser considerado por nadie como cortina de humo, porque es la primera obligación de cualquier gobierno: sin esas condiciones no existe la posibilidad de convivencia, y sin convivencia no hay sociedad, y sin sociedad sobra el resto de las políticas. Todo eso es acción de gobierno, una acción de gobierno muy importante para la democracia. Y lo mismo vale para la reconducción de algunas políticas lingüísticas aplicadas al sistema escolar.
Dos noticias para terminar. Para los coleccionistas de situaciones equiparables a Euskadi que ayuden a sustentar reclamaciones nacionalistas, la revista ‘The Economist’ del 22 de agosto y bajo el título de ‘Un golpe realmente británico’ escribe lo siguiente: «El autogobierno que las islas Turks y Caicos -en el Caribe- han gozado durante 33 años les fue arrebatado el 14 de agosto, cuando Gran Bretaña quitó al primer ministro elegido, al gobierno y a la asamblea, y suspendió la mayor parte de su constitución. Los próximos dos años, más o menos, las islas, cuya población es de 38.000 habitantes aproximadamente, va a estar regida por su gobernador, el representante de la reina Elisabeth» (p.41).
Y para quienes se aferran a la clasificación clásica de derechas e izquierdas, en el mismo número de la revista y en relación a los esfuerzos del presidente ecuatoriano Correa por mejorar las escuelas y las universidades, se relata cómo el mandatario está sometiendo a los maestros a pruebas de suficiencia de conocimientos. Está dispuesto a subir los salarios, pero en función de resultados y no por antigüedad. Y quiere cerrar universidades de baja calidad y abrir los puestos de profesor universitario a extranjeros. Y termina la noticia: «Las reformas del señor Correa no son negociables, insiste René Ramírez, su ministro de Planificación: si los sindicatos y grupos de estudiantes aumentan sus protestas, el Gobierno está dispuesto a convocar un referéndum para demostrar que los ecuatorianos apoyan las políticas del presidente».
Joseba Arregi, EL CORREO, 12/9/2009