Ajena a la polémica, ayer arrancó la Conferencia Internacional sobre Víctimas del Terrorismo en San Sebastián. Sin dar alas a la improvisación o hacer mención a la polvareda levantada por el rechazo de la organización a que Bildu acudiera a la cita, la apertura del encuentro, el único momento del congreso al que la prensa tuvo acceso, discurrió según lo previsto.
Una a una, las autoridades invitadas desgranaron sus discursos. Comenzó el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, que recordó a Bildu las dudas que suscita el hecho de que no haya condenado de forma rotunda el terrorismo de ETA. El encuentro, que finaliza hoy, está organizado por el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos (OEA) y los gobiernos central y autonómico.
«Hay gente en Euskadi que no ha pedido a ETA que abandone definitivamente la actividad terrorista y ello contribuye, como es el caso de los miembros de la coalición Bildu a vulnerar la credibilidad de su apuesta de hacer política respetando las reglas del juego», apuntó. Ares subrayó que «estamos tocando con los dedos el final del terrorismo de ETA» pero exigió no olvidar los principios éticos y democráticos que deben regir la sociedad vasca. El consejero compartió atril y mesa por pocos minutos -tuvo que abandonar el acto tras su intervención por motivos de agenda- con el secretario ejecutivo de la (OEA), Gordon Duguid, la jefa de la Task Force contra el Terrorismo del Consejo de Europa, Marta Requena, y el subsecretario del Ministerio del Interior, Justo Zambrana, el resto de invitados encargados de inaugurar la Conferencia.
«Euskadi dará un paso definitivo ante la paz cuando aquellos que dicen rechazar todas las expresiones de violencia no se escuden en afirmaciones genéricas», añadió el consejero, en clara referencia a Bildu. Ares recordó a la coalición «por experiencia, que la tibieza, las justificaciones, las denuncias a medias de la violencia sólo sirven para alimentar a los violentos y aquellos que justifican y amparan la violencia terrorista».
El consejero, además, criticó la postura de Bildu tras los incidentes que se produjeron el pasado sábado en Elorrio y Lizartza, durante y después de las tomas de posesión de los nuevos alcaldes. «Se equivocan quienes pretenden olvidar estos actos intolerantes, lamentables, no son una excepción en un momento de normalidad», apuntó y exigió a la coalición que rechace y tome las medidas necesarias para que este tipo de actos no se vuelvan a repetir.
Ares quiso dedicar el final de su intervención a las víctimas, a su dolor, homenaje y reconocimiento y anunció la creación de un Centro de la Memoria en Euskadi en colaboración con el Ejecutivo central para «evitar que se manipule la historia y contar realmente lo que ha pasado en este país para que no se vuelva a repetir».
Aunque gran parte del discurso del titular de Interior girase en torno a la coalición, no hubo referencia ni explícita, ni implícita a la polémica suscitada en torno a la organización de la cita internacional. Los responsables del congreso se llegaron a plantear suspender la cita y cambiar la sede -en un principio se iba a celebrar en el Palacio de Aiete, Casa de la Paz y los Derechos Humanos de San Sebastián y de propiedad municipal- por la llegada de Bildu al consistorio donostiarra. Finalmente, la institución local no ha sido invitada al encuentro, como confirmó anteayer Juan Carlos Izagirre, sin querer hacer más valoraciones.
Sólo el representante del Ministerio del Interior aludió de refilón a la polémica. «El camino para la inclusión en esta Conferencia es la condena, sin ningún tipo de matices», señaló Zambrana. El subsecretario también subrayó que España es un país «especialmente castigado por el terrorismo» y puso como ejemplo los 1.328 muertos que ha dejado el terrorismo en los últimos 40 años.
Cabieces rechaza un acto por los presos
El delegado del Gobierno en Euskadi, Mikel Cabieces, ha solicitado al alcalde de Hernani, Luix Intxauspe, que elimine del programa de los Sanjuanes de la localidad, que se celebran el próximo 24, un acto a favor de «los represaliados» del municipio. Si el consistorio decide continuar con la celebración, el Gobierno «adoptará las medidas legales que correspondan», según su representante.
Cabieces remitió el pasado 13 de junio a Intxauspe un texto en el que señalaba que el acto «podría vulnerar el principio de neutralidad política amparado por la Constitución y el artículo relativo a la dignidad de las personas de la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo».
Intxauspe tiene de plazo hasta hoy para comunicar a Cabieces la supresión del homenaje. Si el alcalde hace caso omiso y continúa en su empeño de celebrar el acto, la Delegación del Gobierno actuará. Cabieces añade en su texto que en junio de 2010 el juzgado de lo Contencioso administrativo de San Sebastián estimó un recurso del Abogado del Estado frente al acuerdo del Ayuntamiento de Hernani por el que se aprobó el programa de fiestas correspondiente a 2009, cuando gobernaba Marian Beitialarrangoitia (ANV).
También entonces, el programa recogía un homenaje «a favor de los derechos de personas presas y refugiados de Hernani». El consistorio además declaró en aquellas fiestas un día «a favor de los derechos de las personas represaliadas». Todo fue declarado «nulo de pleno derecho» por el juzgado, según recoge Cabieces.
EL PAÍS, 17/6/2011