EL MUNDO – 09/12/15
· El Estado deberá compensar en otras partidas el exceso de 4.500 millones de la Generalitat.
· En el año de máxima tensión política entre la Generalitat y el Gobierno central, las cuentas de Cataluña se han disparado. La Generalitat catalana concluirá el ejercicio 2015 con un déficit de 6.000 millones, lo que supone superar el objetivo nada menos que en 4.500 millones de euros y cuadruplicar el límite que tenía marcado por el Ministerio de Hacienda.
Así se desprende del alarmante informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Por tanto, el Estado se verá obligado a compensar esa cifra con ahorros en otras comunidades, ayuntamientos o partidas de la Administración Central para que España pueda cumplir a su vez en este 2015 con el límite comprometido con la Unión Europea.
En el convulso año en que la Generalitat ha lanzado el proceso de secesión, el déficit de la Generalitat se acerca al 3% de su Producto Interior Bruto, cuando lo previsto es que lo bajara al 0,7%. La Generalitat no es una excepción en el desvío generalizado que, según la AIReF, se producirá en la mayoría de comunidades autónomas en este intenso 2015 electoral, pero sí la de mayor desequilibrio en cifras absolutas e incluso relativas.
Ningún otro gobierno autonómico, ni siquiera los siempre desviados de Murcia, Extremadura y Comunidad Valenciana, puede acabar el año 2015 con un déficit del 2,9% de su PIB como el caso catalán.
El desborde de este año complica aún más el cumplimiento en 2016
El nuevo gobierno de la Generalitat, sea o no presidido por Artur Mas, deberá realizar un nuevo ajuste el próximo año de unos 2.500 millones para respetar el objetivo de déficit marcado, y que es del 0,3% de su PIB.
Es la teórica condición, si continúa gobernando el Partido Popular, para que pueda seguir recibiendo los vitales préstamos a interés cero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El ajuste es considerable y no es peor porque la Generalitat tendrá dos factores a su favor. Por un lado, en el déficit del año próximo ya no computarán 1.200 millones aflorados de ejercicios pasados como ha sucedido en este 2015; por otro, tendrá ingresos del sistema de financiación estimados en un 0,9% de su PIB.
Según la AIReF, «el riesgo de incumplimiento de la Generalitat de Cataluña en 2016 es muy elevado» y, sin el apoyo del Estado, «su deuda podría entrar en una dinámica no sostenible». Cataluña es la única comunidad cuya deuda pública se encuentra calificada como bono basura por las tres grandes agencias internacionales de rating: Moody’s, Standard&Poor’s y Fitch, según resalta la AIReF.
Este organismo fue creado a petición de la Unión Europea y está adscrito al Ministerio de Hacienda, aunque actúa de forma independiente. De hecho, el presidente de la AIReF ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que active los mecanismos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con la Generalitat para que presente un programa plurianual en el que concrete «la cuantía del ajuste a realizar» y «la sostenibilidad de su deuda», especificando cómo va a contribuir «manteniendo un marco institucional estable» y «compromiso de consolidación de las cuentas públicas».
Desde el Govern insistieron ayer en culpar de la situación a la Administración Central. El hasta ahora conseller de Presidencia, Francesc Homs, aseguró que, para sanear las cuentas, es preciso contar con un sistema fiscal propio y afirmó que la agencia tributaria catalana puede estar activada «en 18 meses».
También expuso sus motivos para una hacienda propia el conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, según Europa Press. Afirmó que, con un sistema tributario de estas características, «Cataluña se lo podría pagar todo y aún le sobraría dinero».
El conseller ha señalado un conjunto de situaciones que recomiendan la independencia: un déficit fiscal de 12.000 a 16.000 millones de euros anuales; el techo de déficit fijado por el Estado a las autonomías, y la incapacidad de la Agencia Tributaria de Cataluña de recaudar y gestionar los impuestos. Mas-Colell confirmó que llevará al Gobierno central al Tribunal Supremo por imponer condiciones especiales a Cataluña para recibir los desembolsos del FLA, pese a que el Ministerio le ha garantizado un pago de 3.034 millones el próximo día 16, la misma fecha que el resto de comunidades. «El FLA es un banco malo e ineficiente que abusa y hace política», afirmó.
EL MUNDO – 09/12/15