En la unidad didáctica sobre Educación para la Paz, salvo muy fugaces excepciones, el terrorismo de ETA brilla por su ausencia. Y de esta forma no se deslegitima el terrorismo, de acuerdo con los propios mandatos parlamentarios en relación con las víctimas y con la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas, que mandata a los poderes públicos.
El pasado 29 de marzo, el director de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Jon Mirena Landa, publicó en este diario un artículo titulado ‘Asignatura pendiente’, en el que acusaba a «algunos representantes políticos» de necesitar cursos de formación sobre derechos humanos. Lo hizo en relación con una denuncia que hicimos pública los socialistas vascos, al tener conocimiento, a través de la página web del Departamento de Justicia, de la versión definitiva de la unidad didáctica sobre Educación para la Paz y los Derechos Humanos de 15 de marzo de 2009.
Nosotros conocemos de sobra lo que son los derechos humanos. Su defensa forma parte de nuestras señas de identidad como partido democrático y de izquierdas. Los añoramos, además, de manera especial, porque vemos amenazados en Euskadi dos de estos derechos tan fundamentales, como son la vida y la libertad. Porque desde hace demasiado tiempo vivimos amenazados por una banda terrorista y totalitaria que pretende eliminarnos y eliminar la libertad de expresión, los derechos de ciudadanía y las instituciones democráticas.
Así pues, por convicción, y por padecer desde hace mucho tiempo los zarpazos de los liberticidas, los socialistas vascos hemos sido abanderados de una educación en valores democráticos que deslegitime social y políticamente el terrorismo y que promueva, además, todos los derechos recogidos en la Declaración Universal de 1948. Y desgraciadamente la unidad didáctica publicada el pasado día 15 no lo hace.
Decíamos en nuestra denuncia, y reiteramos, que la última versión de la unidad didáctica está hecha a la medida del ‘conflicto político’ y de la equidistancia consiguiente entre las ‘distintas expresiones de violencia’ que el nacionalismo siempre ha mantenido. Y por eso, al mencionar casos de violencia, se incluye, en una especie de cajón de sastre, a dos víctimas de ETA, a una víctima de los GAL (ya desaparecidos), a una persona muerta por la Guardia Civil en un control en 1974, durante el franquismo (también parte del pasado) y un caso de violencia doméstica (páginas 79 a 91 de la unidad).
No hay, por supuesto, nada que objetar a que atentados contra los derechos humanos tan graves como los que se mencionan tengan su lugar en una unidad didáctica sobre educación en valores. Pero lo que no es lícito es hacer trampas y utilizar los ‘derechos humanos’ en sentido genérico, para diluir el fenómeno terrorista como principal amenaza a los derechos de ciudadanía de los vascos y a la propia democracia en Euskadi. Por eso, los socialistas vascos hemos insistido en que la deslegitimación del terrorismo en Euskadi es la puerta de entrada a una verdadera educación en la cultura de los derechos humanos.
Pero denunciábamos más cosas en nuestra nota de prensa del 16 de marzo. En la citada unidad didáctica, página 18, y en el epígrafe titulado ‘Algunos datos de la violencia en el mundo’, no se hace mención alguna a la violencia de ETA y sí en cambio a que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU confirma 47 casos de tortura en el Estado español en 2001. Y eso en el epígrafe titulado ‘violencia directa’, cuando ETA ha asesinado a cerca de 900 ciudadanos. Y en el epígrafe ‘violencia cultural’, referido a la legitimación de la violencia, se pone como ejemplo la existencia en el Estado español de seis centros de internamiento para inmigrantes (parecidos a cárceles), pero nada se dice de la legitimación del terrorismo que viene haciendo desde siempre el nacionalismo radical disfrazado de múltiples denominaciones.
Son ejemplos muy claros y muy concretos de los contenidos de una unidad didáctica sobre derechos humanos en la que, salvo muy fugaces excepciones, el terrorismo de ETA brilla por su ausencia. Y de esta forma no se deslegitima social y políticamente el terrorismo, de acuerdo con los propios mandatos parlamentarios en relación con las víctimas y con el artículo 9 de la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, que mandata a los poderes públicos a que promuevan esta deslegitimación.
Y no admitimos lecciones ni descalificaciones gratuitas. Sabemos de qué estamos hablando. Los socialistas vascos siempre quisimos pactar el Plan de Educación por la Paz y los Derechos Humanos. Hicimos aportaciones a los tres borradores que se nos enviaron, manifiestamente mejorables todos ellos. Quiero recordar que en el primer borrador enviado al Parlamento se rechazaba el testimonio de las víctimas en el aula por considerarlo ‘abrupto’, se ligaba el terrorismo a la existencia de un conflicto político y se mencionaba a ETA sólo tangencialmente. Y nos enteramos, además, por los medios de comunicación de que el Gobierno había aprobado el plan sin consenso. Y, por lo que estamos viendo ahora, seguimos en las mismas.
En esta nueva etapa que ahora estamos iniciando en Euskadi, los socialistas seguiremos buscando el consenso para deslegitimar social y políticamente el terrorismo y para impulsar políticas de defensa y promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos. Y lo haremos porque ésas son las asignaturas pendientes, no el mayor o menor conocimiento teórico sobre estos derechos. Un conocimiento que en algunos, por lo que hemos podido apreciar, no parece especialmente elevado.
(Jesús Loza es parlamentario del PSE-EE en la Cámara vasca)
Jesús Loza, EL CORREO, 5/4/2009