El Gobierno de Navarra, que preside la vasquista Uxue Barkos (Geroa Bai), se ha puesto al frente de la campaña contra el encarcelamiento de los presuntos agresores de los guardias civiles y sus parejas en Alsasua. «Por una convivencia en paz», ése es el motivo expuesto por el Ejecutivo Foral para secundar la convocatoria del Ayuntamiento de Alsasua en favor de los nueve encarcelados por apalizar a los dos agentes y sus compañeras.
María Solana, la portavoz del Ejecutivo nacionalista, utilizó este argumento para anunciar que el Gobierno secundará la convocatoria del Ayuntamiento navarro.
Los convocantes quieren protestar por el encarcelamiento por orden de la Audiencia Nacional de nueve agresores. Consideran que la actuación de aquel día 15 de octubre, en el que medio centenar de personas acometieron en plena calle a los agentes del Instituto Armado y sus parejas por ser miembros de la Guardia Civil no puede ser tratado como un asunto de terrorismo.
La propia presidenta de Navarra, aunque aseguró respetar la decisión judicial, censuró que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela procesara a los encarcelados por dos delitos de terrorismo.
La portavoz del Ejecutivo de Barkos entiende que «debe estar cerca» del Ayuntamiento de Alsasua y mostrar su «apoyo» a esta localidad y a su «apuesta por la convivencia en paz» que «se merece».
La convocatoria la han realizado familiares de los encausados, vecinos de la localidad y el Ayuntamiento. Este último aceptó una declaración con los votos de Geroa Bai, EH Bildu, los concejales del PSOE a título particular y no en nombre de la formación, y Goazen Altsasu. El único concejal de UPN votó en contra.
De nuevo, los concejales socialistas se suman a una iniciativa alejada de las resoluciones judiciales en este caso de Alsasua. «Hacemos nuestro el sentimiento de los familiares de los detenidos. Se sienten indefensos y preocupados por el futuro de sus allegados, porque los hechos se han inflado y el hecho de que la Audiencia Nacional pueda juzgar los casos como terrorismo puede provocar castigos desmesurados». Ante ello, piden «protección» a las instituciones navarras para que los hechos sean juzgados en Pamplona, apunta el acuerdo municipal.
Además, un grupo de 15 alcaldes y representantes municipales de la comarca de Sakana ofrecieron una rueda de prensa ayer para mostrar su adhesión a la manifestación convocada para el sábado y rechazar la imagen que se está ofreciendo de esta localidad a raíz de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas.
El alcalde de Irurzun, Aitor Larraza, en castellano, y la alcaldesa de Uharte, Ainara Ayestarán, en euskera, han leído un comunicado en el que estos ayuntamientos denuncian que se ha ofrecido «una imagen distorsionada» de Alsasua y la comarca de Sakana, que no es «acorde con la realidad».
Y por si no había elementos suficientes de polémica, ayer, de nuevo, en el Parlamento de Navarra, la presidenta foral, Uxue Barkos, apostó «sin complejos» por el «despliegue» de la Policía Foral, con la asunción de más competencias, lo que «indudablemente» supondría el repliegue de otros cuerpos policiales de la Comunidad foral, como es el caso de la Policía Nacional y, fundamentalmente, la Guardia Civil.