EL MUNDO 04/12/12
Presume de «lo aportado a la lucha» y se opone a que las víctimas participen en el proceso.
La izquierda abertzale nunca va a renunciar a su pasado, del que se siente plenamente orgullosa. Al igual que ETA, que presume de la eficacia que ha tenido su sanguinario currículum durante medio siglo para llegar a la actual situación en el País Vasco, la antigua Batasuna se vanagloria de esa postura que ha mantenido cuando no reconocía a las víctimas de la banda terrorista y callaba -cuando no aplaudía- sus atentados.
El portavoz Pernando Barrena lo dejó ayer muy claro: que nadie les pida «abjurar de su pasado» porque, según advirtió, la izquierda abertzale «no lo va a hacer», ya que se siente «muy orgullosa de lo aportado a la lucha por la libertad de este pueblo» a lo largo de su trayectoria como brazo político de la banda terrorista.
Con sus palabras, también constató de forma implícita que, dentro del proceso de pacificación iniciado en el País Vasco tras el cese de la actividad armada de ETA, la izquierda abertzale nunca va a condenar el pasado de la banda, como así se lo exige el resto de formaciones políticas. No lo ha hecho nunca y en el futuro tampoco lo va a hacer, como evidenció Barrena con sus palabras en una entrevista en Onda Vasca.
En esta no negación del pasado, Batasuna tampoco piensa atender la petición de «dar la razón» a los que entonces «mantuvieron otras posiciones», algo que «es evidente que no es exigible, y muchísimo menos por personas que hacen valoraciones políticas, sean víctimas o no».
En el «camino de la reconciliación», la izquierda abertzale no cree que tenga que hacer más gestos que cualquier otro agente inmerso en su denominado conflicto vasco a la hora de pedir perdón. Defiende que «tiene mucho que hacer y que decir», pero dentro de una responsabilidad que también «tienen otros sectores políticos y sociales de este país» y que «tuvieron y tienen mucho que ver con la vigencia de esquemas que han traído dolor y sufrimiento» al pueblo vasco.
Dentro de los pasos a dar, Barrena enfatizó que la izquierda abertzale está «dispuesta a todo, con mayúsculas», aunque siempre, según precisó, que «no se le pida que abjure de su pasado porque no lo va a hacer». Como tampoco piensa reconocer el papel que las víctimas de ETA quieren jugar en el proceso de pacificación abierto en el País Vasco. Barrena afirmó que son «radicalmente contrarios» a que los damnificados «de ningún tipo y de ninguna parte ni lugar tengan un papel político en este proceso» de paz ya que, según expuso, «la condición de víctima no otorga ningún plus que no se tenga ya por ser ciudadano de este país».
En todo caso, precisó que respetarán «siempre» a las víctimas y a sus familias el «derecho a decir prácticamente lo que quieran», porque «la condición de víctima cuando menos debe otorgar esa prerrogativa».
La decisión de Batasuna de no renegar de su pasado y, por tanto, tampoco del de ETA, se produce cuando EH Bildu se va a ver obligada en el Parlamento vasco a posicionarse ante los atentados de la banda terrorista. El PP, según publicó este periódico, ha registrado una moción en la Cámara autonómica en la que es su primera iniciativa en la nueva legislatura para obligar a la izquierda abertzale, que regresa a esta institución tras su ilegalización, a condenar el pasado de ETA y pedir su disolución «definitiva e incondicional».
La portavoz popular y ex presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga, señaló ayer que el objetivo de esta proposición no de ley es establecer un «suelo mínimo democrático» sobre la base de que «es necesario que se produzca un consenso en torno a lo que ha supuesto el terrorismo a lo largo de todos estos años». Igualmente, la iniciativa busca «renovar» el compromiso de la Cámara con las víctimas del terrorismo «para salvaguardar la memoria y la verdad».
En esta línea, también UPyD ha presentado dos iniciativas de contenido similar para forzar a EH Bildu a condenar la historia criminal de ETA y reconocer el daño causado. Su parlamentario, Gorka Maneiro, afirmó que buscan promover «la resolución y revisión» de los 326 asesinatos que siguen sin esclarecerse, y que «se obligue a los presos a colaborar con la Justicia como condición para poder acogerse a beneficios penitenciarios».
EL MUNDO 04/12/12