Dos peritos, integrantes de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía, aportaron ayer los primeros indicios incriminatorios contra Arnaldo Otegi y otros siete miembros de la izquierda abertzale en el juicio que se sigue contra ellos y para los que el fiscal pide 10 años de prisión por su presunta participación en la reactivación de la cúpula de Batasuna siguiendo instrucciones de la banda terrorista ETA.
Los peritos, firmantes de dos informes sobre documentos incautados a miembros de la banda terrorista y a algunos de los imputados, señalaron que ETA constituye la vanguardia armada, la dirección y que Bateragune ejercía «la codirección en el ámbito político».
Según los agentes, Bateragune era el elemento delegado de ETA para reactivar las funciones de la ilegalizada Batasuna. «Es la comisión de dirección superior de la izquierda abertzale, tienen que ver con Ekin, pero representan a los responsables de las distintas estructuras que operan en la izquierda abertzale. Intervienen en todas las decisiones relevantes», precisaron los peritos.
Nueva Mesa Nacional
En uno de los documentos intervenidos se menciona la reunión de una nueva Mesa Nacional de Batasuna que sería Bateragune y que pretendía incidir en cuatro objetivos a corto plazo: el Aberri Eguna (día de la patria vasca), el 1 de mayo (actividades sindicales para el Día del Trabajo), la convocatoria de una huelga general y agrupar fuerzas para conseguir una candidatura conjunta soberanista para las elecciones europeas.
Los integrantes de Bateragune, según los peritos, serían los procesados, que son miembros de ETA, de acuerdo con documentos incautados, y porque ETA pidió cuentas a una de las acusadas, Miren Zabaleta, por no haber destruido el documento Comunicación General de junio de 2007, intervenido en su domicilio.
Los peritos señalaron también que la separación orgánica entre ETA y el resto de las organizaciones es «un teatrillo», y precisaron que la última tregua la habían acordado «tras haber llenado el cerdito», en referencia a que la organización podía prescindir de la extorsión denominada impuesto revolucionario porque tenía las arcas llenas. El juicio se reanuda hoy.
EL PAÍS, 5/7/2011