Unas 1.500 personas acudieron ayer ante la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a arropar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a la secretaria primera de la Mesa del Parlament, Anna Simó. Ambas declaraban como imputadas por un delito de desobediencia al permitir la tramitación de la resolución que aprobó el anuncio del referéndum realizado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el pasado octubre. Pese a las llamadas por las redes sociales de los líderes independentistas, las convocatorias de las entidades soberanistas (como la Assemblea Nacional Catalana u Ómnium Cultural), y los 20 autocares fletados desde diversos puntos de Cataluña, la sensación fue que Forcadell no recibió tantos apoyos como la primera vez que acudió a declarar por el otro delito de desobediencia, cuando permitió la votación de hoja de ruta independentista pese a la prohibición del Constitucional.
Y eso que en esta ocasión el propio Puigdemont, junto al ex presidente Artur Mas, acompañaron a Forcadell desde el Parlament hasta casi la misma puerta del Palacio de Justicia. Junto a ellos la comitiva la completaban casi todos los miembros del Govern, los otros diputados de la Mesa del Parlament investigados, que declararán esta semana, así como parlamentarios de los diversos grupos soberanistas en la Cámara catalana del Congreso y de Catalunya Sí Que Es Pot, representantes del Ayuntamiento de Barcelona y los líderes de las entidades soberanistas. Más de mil personas esperaban a la presidenta ante el tribunal mientras lanzaban gritos a favor de la independencia y contra «la Justicia española». Precisamente las asociaciones soberanistas querían que la concentración de ayer fuese una nueva demostración de movilización del independentismo, ya que consideran que presionar al Estado cuando se rechace el referéndum soberanista pasa por tomar las calles.
Pese a esto, Forcadell aseguró en su declaración ante el TSJC que todo se ha hecho dentro de la legalidad. La presidenta dijo que «no hemos transgredido» las resoluciones del Constitucional cuando la Mesa del Parlament tramitó la resolución del referéndum en octubre, por lo que considera que no hubo desobediencia. Forcadell apeló directamente a la juez María Eugenia Alegret y a la Fiscalía a que amparen la inviolabilidad de los diputados para tramitar cualquier tipo de resoluciones, con indiferencia de su contenido político. «La inviolabilidad es una garantía de la separación de poderes», afirmó la presidenta ante el tribunal. También la secretaria primera, Anna Simó, se refirió a esta inviolabilidad en su declaración de este lunes.
El TSJC investiga si Forcadell y cuatro miembros de la Mesa del Parlament cometieron una desobediencia al permitir tramitar y votar una resolución que instaba al Govern a celebrar un referéndum vinculante, «con una pregunta clara y de respuesta binaria», pese a los avisos del Constitucional de que suspendía desarrollar cualquier acción política sobre la independencia. Las procesadas, que sólo respondieron a las preguntas de su abogado Andreu van den Eynde, declararon que la Mesa del Parlament tiene la obligación por reglamento de admitir las resoluciones de cada grupo para que puedan debatirse. Por eso remarcaron que el día anterior a la votación de esa resolución Puigdemont habló de referéndum, igual que otras formaciones, y de ahí que consideren que en la tramitación se deba incluir estas referencias. Por eso creen que no desobedecieron, ya que sólo dieron salida a las propuestas con neutralidad. Por su parte, el fiscal considera que el reglamento establece que la Mesa del Parlament tiene potestad para decidir las resoluciones que se tramitan.
Tras su declaración ante el tribunal, Forcadell y Simó hicieron una declaración institucional en el Parlament acompañadas del resto de los diputados de la Mesa investigados. La presidenta aseguró que actuaron «correctamente» admitiendo a trámite resoluciones independentistas y remarcó que «lo que es una anomalía democrática es que la Mesa esté investigada. Es de una gravedad extrema, una persecución judicial». Forcadell aseguró que el TSJC pretende que la Mesa «se autocensure», una situación a la que no están dispuestos a llegar. «Nuestra función no es coartar el debate, sino favorecerlo», dijo la presidenta, quien aseguró que continuarán con la misma actitud. «Si este es el precio que tenemos que pagar, lo pagaremos gustosos, porque lo que está en juego es la democracia y la libertad de expresión», afirmó Forcadell.
La presidenta también afirmó que «no nos doblegará la voluntad censora de los que quieren coartar el Parlament» y añadió que si hubieran vetado el debate sobre el referéndum hubieran actuado como «un Tribunal Constitucional en miniatura». Anna Simó recordó que la libertad de expresión es un derecho irrenunciable que merece «una protección especial en el Parlament porque, durante 40 años de plomo, vio limitada su acción política».