EL MUNDO 28/12/16
· En 2017 se celebrarán seis procesos judiciales en los que están implicados ex cargos públicos
El año próximo será una buena ocasión para confirmar o desmontar mitos que habitualmente aparecen respecto al mundo judicial. Premisas como «la Justicia lenta no es Justicia», «están condenados por la pena del telediario» o «la Justicia está politizada» volverán a escucharse, ya que coinciden los juicios por casos que llevan años de tramitación y que afectan directamente a la corrupción política.
Está previsto que la Audiencia de Barcelona celebre juicios por el caso Palau, el caso Adigsa, por el desvío de dinero de la Fundación Catalunya i Territori o contra los ex responsables de la Associació Catalana de Municipis. En la Audiencia Nacional se seguirá el juicio por el caso Pretoria, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzgará la presunta desobediencia por el 9-N del ex presidente Artur Mas. Esta actividad judicial afectará directamente a la política catalana por el desgaste que sufran los partidos procesados por corrupción en sus filas como por la primera cita del soberanismo con un proceso penal.
En enero, la Sección 6 de la Audiencia de Barcelona comenzará a juzgar a los ex responsables de la Fundación Catalunya i Territori, afín a Unió Democràtica de Catalunya. La Fiscalía pide para los principales acusados penas que van entre ocho y 17 años de prisión. El Ministerio Público considera que los procesados presuntamente usaron esta fundación para crear un entramado financiero integrado por una treintena de empresas de poca actividad que pertenecían al grupo empresarial IMS, que supuestamente desvió fondos de la entidad; en concreto unos 61.500 euros en beneficio del partido.
Mientras dure este juicio, la semana del 6 al 10 de febrero se ha fijado una de las vistas orales más mediáticas que se esperan para el año próximo. El TSJC celebrará el juicio contra Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consellera Irene Rigau, por los presuntos delitos de prevaricación y desobediencia por haber organizado el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014, pese a la suspensión que hizo el Tribunal Constitucional días antes de estas votaciones. Se enfrentan a una pena de 10 años de inhabilitación para cargo público así como a una multa. Sin duda será el juicio que más impacto tenga en la política catalana ya que por primera vez un cargo público afrontará posibles consecuencias penales por tomar una decisión relacionada con el independentismo.
Marzo será el mes de inicio de los juicios con más duración y que tratarán los casos de corrupción más conocidos. Tras años de investigación, empezará en la Audiencia de Barcelona el proceso contra los ex responsables del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull, por el desvío de dinero de la institución cultural. En su mayoría, los fondos fueron para pagar gastos personales de los principales acusados aunque también se juzga si CDC se financió presuntamente de forma irregular con unos seis millones de euros a partir del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública. El juicio acabará en junio y se celebrará en la Ciudad de la Justicia, ya que hay 16 procesados más los responsables civiles y los partícipes a título lucrativo. Todos con sus abogados.
A partir del 13 de marzo y durante seis meses, la Audiencia Nacional juzgará a 11 procesados por el caso Pretoria, entre los que están ex miembros del PSC, como el ex diputado Luis García, o ex cargos de CDC de los gobiernos de Jordi Pujol como Macià Alavedra o Lluís Prenafeta. Se escruta el pago de comisiones a cambio de operaciones urbanísticas en municipios como Santa Coloma de Gramenet o Badalona. Siete empresarios y ex cargos de la antigua empresa pública de vivienda Adigsa, vinculados a CDC, serán juzgados en mayo en la Audiencia de Barcelona por presuntamente cobrar comisiones, en algunos casos de hasta el 20%, por adjudicar a dedo obras de rehabilitación de pisos de protección oficial. El fiscal pide penas entre los 18 meses a los 10 años de cárcel. En octubre, la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona juzgará a los ex cargos de la Associació Catalana de Municipis Josep Maria Matas y Francesc Xavier Solà (CDC), por supuestamente desviar casi un millón de euros de la entidad.