EL MUNDO 07/02/15
Cataluña, que en otros ámbitos busca siempre la manera de diferenciarse del resto de España, no tiene ley electoral propia y funciona con la norma estatal. Es la única comunidad que no la tiene: CiU descubrió que el hecho de que se privilegiara el voto rural –el sufragio de un ciudadano de Lérida pesa más de dos veces más que el de uno de Barcelona– le beneficiaba enormemente, y nunca ha tenido un interés especial por cambiar las reglas del juego.
Pero Artur Mas y Oriol Junqueras se comprometieron, en su pacto del 14 de enero, a impulsar una «administración electoral» propia, dentro de las «estructuras de Estado» que quieren crear antes de las elecciones del 27 de septiembre. La idea es que si no es posible ponerse de acuerdo sobre la ley, al menos se pueda nombrar una junta electoral autónoma, que no dependa de la central, para controlar y regular los comicios.
Al margen del debate numérico –no está claro si para aprobar esa «estructura de Estado» bastaría con la mayoría absoluta de los diputados del Parlament, o si se precisan dos tercios como con la ley electoral–, los nacionalistas buscan huir de las «injerencias» con respecto al 27-S. En la última convocatoria, la de 2012, por ejemplo, la junta electoral central suspendió un vídeo institucional que, con la excusa de llamar a la participación, utilizaba imágenes de la manifestación independentista multitudinaria de la Diada de ese año.
Los partidos se han puesto manos a la obra. CiU y ERC ya piensan en una junta mixta de «juristas y expertos», como sucede en la mayoría de las comunidades autónomas y en el propio organismo central. Ello les valió las advertencias del diputado de Ciutadans Carles Carrizosa en el último pleno, contra la tentación de «formar una sindicatura electoral en la que ese juez al que van a echar ahora de la carrera judicial por vulnerar el juramento de fidelidad a la
Constitución sea quien tenga que garantizar la limpieza de unas elecciones», en referencia al magistrado Santiago Vidal.
Sin embargo, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, asegura que su Govern no se conforma con una junta propia, y que quiere intentar sacar adelante toda la ley electoral. «Tenemos que ser ambiciosos: no podemos aprobar sólo una ley de administración electoral, eso es demasiado conservador», dijo durante la misma sesión.
Pero a nadie se le escapa que si en 35 años los partidos catalanes no se han puesto de acuerdo sobre el asunto va a ser muy difícil que lo hagan en los pocos meses que faltan hasta el 27 de septiembre. Y, de hecho, la nueva norma tendría que estar aprobada a finales de julio, que es cuando termina el periodo de sesiones en el Parlament.
Fuentes de la Generalitat confirmaron que si, como todo el mundo sospecha, la proporcionalidad del voto y el modelo de listas –abiertas, cerradas o mixtas– imposibilita la creación de una nueva ley, buscarán un acuerdo «de mínimos» con ERC para impulsar la administración propia.
El PSC y el PP tienen varias sospechas al respecto. La primera: que los nacionalistas tratarán de vender antes de las elecciones un organismo que al fin y al cabo es menor y con poco poder efectivo como una gran «estructura de Estado». La segunda: que, si finalmente CiU y ERC logran el apoyo de ICV y la CUP –entre todos suman 87 diputados, y para llegar a los dos tercios de la Cámara necesitan 90–, intentarán convencer a tres diputados socialistas del sector soberanista para aprobar toda la ley electoral sin contar con el resto de formaciones.
En cualquier caso, ayer se reactivó la ponencia de la ley electoral en el Parlament, parada desde el verano pasado por las diferencias de criterio en el sistema electoral adecuado. Todos los grupos presentes –faltaban Ciutadans y la CUP– coincidieron en la voluntad de negociar la ley completa y no sólo una parte.
También parece claro que se puede alcanzar un acuerdo en cuanto a la sindicatura electoral, el equivalente catalán de la junta electoral central: estaría compuesta efectivamente por juristas y expertos pero con preponderancia de los primeros. O, por lo menos, la presidiría un jurista y tendría voto de calidad en las deliberaciones.
Pero, a pocos meses de unas elecciones que Convergència y Esquerra presentan como «plebiscitarias», las formaciones se vigilan de cerca. La oposición denunciará cualquier uso partidista de los trabajos de la ponencia. «Si la ley tiene que ser sólo para sustituir a la junta central, para ese viaje no hacían falta alforjas», resume un diputado de la oposición.