La relación de dependencia de Batasuna respecto de ETA se conocía desde hace años, pero nadie pensaba que algún juez se atrevería a llevar hasta el final las consecuencias jurídicas que derivan de ella. Eso explica el desconcierto del PNV ante el auto de Garzón tras haber rechazado la Ley de Partidos alegando que ya existía la vía penal
Dos actitudes han venido enfrentándose en relación a Batasuna: la de quienes consideran necesario ilegalizarla, y buscan fundamentación jurídica para ello; y la de los que piensan que no hay que ilegalizarla en ningún caso, y buscan razones jurídicas que avalen su posición. Los argumentos son en ambos casos de eficacia: necesidad de acabar con la impunidad del entorno como condición para derrotar a ETA, por un lado; no dejar sin representación a miles de vascos, cerrando el paso a una salida negociada, por otro. Es una discusión política con envoltorio jurídico.
Sin embargo, tras el auto de Garzón la discusión no puede plantearse en los mismos términos. Si es ETA quien tiene la última palabra respecto a la participación o no en las elecciones, al programa electoral, la composición de las listas (incluyendo presos etarras) y hasta el sentido del voto de los electos en los parlamentos, Batasuna no puede ser considerado un partido político; no, al menos, un partido amparado por la Constitución, cuyo artículo 6 exige que ‘su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos’. Esa exigencia da cobertura constitucional a una ley de partidos que impida la existencia legal de una formación cuyas decisiones las toma o condiciona una banda terrorista.
En realidad, esa relación se conocía desde hace años, pero nadie pensaba que algún juez se atrevería a llevar hasta el final las consecuencias jurídicas que derivan de ella. Eso explica el desconcierto del PNV ante el auto de Garzón tras haber rechazado la Ley de Partidos alegando que ya existía la vía penal. Ya sólo su portavoz, Joseba Egibar, niega la naturaleza de la relación entre Batasuna y ETA descrita en ese auto. Seguramente, porque sigue anclado, por inercia o por intereses, en el planteamiento vigente durante 20 años según el cual era legítimo cerrar los ojos a la evidencia a fin de favorecer la integración del brazo armado en el político, como había ocurrido con ETA (p-m). La clave sería convencer a los jefes de la organización de que sus objetivos se defendían mejor sin violencia que con ella.
Lizarra llevó esa lógica hasta sus últimas consecuencias: para convencerles, el PNV aceptó lo esencial del planteamiento de ETA (el rechazo unilateral, a expensas de los no nacionalistas, del pacto autonómico), pero ello no sirvió para que ETA desistiera, ni para que HB rompiera con ella; y sí para quebrar el consenso democrático. Ahí tiene el diputado nacionalista G. de Txabarri la respuesta a su pregunta de ‘por qué ahora’, y no antes, se plantea la ilegalización: porque tras el desenlace de Lizarra se sabe que la vía del convencimiento amistoso no conduce al desistimiento de ETA sino al de los nacionalistas pacíficos ante ETA. Por eso había que cambiar de lógica.
La Ley de Partidos ha dado al entramado una última oportunidad, pero ETA ha respondido asesinando a una niña y a un jubilado, y Batasuna diciendo que no condenar esos crímenes ‘es una seña de identidad’ propia. No es lo mismo que se abstenga de condenar los atentados un partido independentista pero pacífico, como Esquerra Republicana, por ejemplo, cuya ilegalización a nadie se le ocurriría plantear, a que lo haga un partido que, según una razonada resolución judicial, forma parte del entramado terrorista. En el segundo supuesto, no se trata de una mera omisión, sino de una afirmación: de identificación con ETA.
Las instituciones tal vez pudieron haber seguido con los ojos cerrados, por razones de prudencia política; pero una vez sabido lo que se sabe es absurdo invocar pretextos jurídicos para esquivar la responsabilidad. ¿Cómo va a amparar la Constitución la legalidad de un partido que, según el auto, participa en el cobro del impuesto revolucionario? Seguir con los ojos cerrados sería consagrar la impunidad: una derrota de la democracia decisiva para los objetivos del terrorismo, cuya estrategia es provocar la deslegitimación -la pérdida de autoridad- de las instituciones.
‘Todos nos hemos equivocado con ETA’, dijo Pujol al portavoz de Esquerra en el debate sobre la Ley de Partidos en el Parlamento catalán. Es cierto, y ello invita a evitar actitudes demasiado agresivas respecto a los que todavía dudan; pero también a dejar de dudar y abrir los ojos.
Patxo Unzueta, EL PAÍS, 5/9/2002