Las manifestaciones violentas de Barcelona traerán consecuencias. “Vamos a por ellos”. Ésta es la frase que condensa la ‘indignación’ contra algunos violentos que utilizaron la fuerza para bloquear el Parlamento catalán este miércoles.
El día anterior a la concentración, mandos de la Policía Autonómica intentaron conseguir un compromiso de los activistas del 15M para que no hubiese violencia, pero fracasaron en su intento, porque nadie les quiso garantizar nada.
Los Mossos d’Esquadra han detectado alrededor de 400 activistas, a los que se les adjudica las acciones violentas de las manifestaciones masivas en los últimos cuatro años. De ellos, algunas caras conocidas se vieron en los incidentes del Parque de la Ciudadela de Barcelona de esta semana: eran los que abuchearon, escupieron, zarandearon, insultaron y agredieron a los diputados catalanes. Y los que levantaron barricadas de autodefensa.
El propio consejero de Interior, Felip Puig, reconoció ayer en el Parlament que entre los violentos “había unas ganas feroces de batalla campal” y que se había identificado a una decena de alborotadores. Según las informaciones recogidas por El Confidencial, son 17 los radicales que están plenamente identificados por los disturbios de este miércoles. “Y la lista irá aumentando, porque estamos estudiando el material que tenemos”, afirman fuentes de los servicios de información.
La Fiscalía acordó ayer abrir diligencias de investigación penal por delitos relacionados con los artículos 494 y 498 del Código Penal. Y los Mossos d’Esquadra trabajan codo con codo con los fiscales para llevar ante los tribunales a los alborotadores. La intención es crear un fichero de multirreincidentes, coordinado por Fiscalía, para poder actuar judicialmente contra los violentos y que les puedan caer condenas acordes con los delitos que cometen.
“Hasta ahora, pasase lo que pasase, salían a la calle con una multa de 60 euros, cuando habían producido destrozos por miles de euros”, señala una fuente de la consejería de Interior a El Confidencial. Al mismo tiempo, la Justicia estudiará la posibilidad de poder utilizar cámaras para identificar con mayor precisión a los violentos. Para ello, además de unidades móviles, valorará la ocasional utilización de las cámaras de determinados establecimientos ubicados en las zonas en que se produzcan incidentes, como tiendas, bancos o grandes almacenes.
De lo que no hay duda es de que los incidentes ocurridos ante el Parlamento catalán marcarán un antes y un después en la violencia callejera. Barcelona dejará de ser la meca de los antisistema pronto. “¡Vaya si conocemos a muchos de ellos! Son físicamente peculiares. Una gran parte son okupas y nos los encontramos en todas las manifestaciones. Incluso sabemos a qué kasa pertenece cada uno”, dice a este diario un miembro de los Mossos d’Esquadra.
Esta misma fuente señala que, “al principio, el movimiento del 15M era bonito e incluso romántico. Pero luego se han ido añadiendo algunos colectivos de radicales. Llegaron a la Plaza de Cataluña pidiendo comida, porque se la daban gratis, y se fueron añadiendo a la protesta. Enseguida comenzaron las peleas con los que estaban allí y, al final, se quedaron ellos casi exclusivamente con el recinto”.
Organizados a través de Internet
Otra fuente de la Policía Autonómica que lleva años investigando los movimientos antisistema es de la misma opinión. “Los organizadores del 15M no se enteraron, pero esta gente se les ha metido hasta la cocina”, subraya. Según la información de que disponen las brigadas de los Mossos, los radicales están “perfectamente organizados, y especialmente a través de Internet”. De ahí que las pesquisas, desde hace meses, se dirigen hacia los grupos de blackblocks y, especialmente, los instalados en Berlín, desde donde se han impartido consignas para operaciones en Barcelona con el fin de hacer subir de tono las protestas populares.
Prueba de ello es que algunos de los alborotadores de esta semana ya fueron identificados en los disturbios que se produjeron durante la huelga general de septiembre del año pasado, en celebraciones que realizan en Canaletas los seguidores del FC Barcelona y en las manifestaciones contra el Plan Bolonia de los años anteriores. Dos de los detenidos este miércoles en el Parque de la Ciudadela, cuando un pequeño grupo de manifestantes quería evitar la salida de los diputados del Parlament a última hora de la tarde, habían intervenido en alborotos anteriores y habían sido detenidos por ello. En concreto, la Policía tenía constancia de su participación en las huelgas salvajes de estudiantes contra el Plan Bolonia de hace un par de años.
“Esto es consecuencia de cuatro años de permisividad y tolerancia. Hubo un efecto llamada de antisistemas, que hicieron de Barcelona la meca de los movimientos alternativos. Pero ahora, cuando vean que no les es rentable, se irán a otro sitio más tranquilo”, señala otra fuente consultada por este diario.
Paralelamente, la oposición apuntó ayer de nuevo al consejero de Interior, Felip Puig, por la mala planificación del operativo de este miércoles en el Parque de la Ciudadela. El Partido Popular (PP) presentó ayer en el Parlamento una solicitud de dictamen judicial sobre los hechos de ese día. En concreto, demanda saber si pueden ser constitutivos de delito, los tipos de acciones jurídicas o judiciales que podrían emprenderse y las medidas que el Parlamento piensa adoptar para ejercer esas acciones jurídicas. El PSC, por su parte, se limitó a criticar el operativo. “La obligación de un Gobierno es preservar el normal funcionamiento de las instituciones y este objetivo no se cumplió. Todos los diputados fuimos agredidos y coaccionados hasta extremos realmente vergonzosos”, subrayo el portavoz socialista, Miquel Iceta.
Más crítica fue ICV, que ha pedido un informe a Interior sobre el operativo. El portavoz parlamentario, Jaume Bosch, señaló también ayer que “es un error criminalizar los movimientos sociales. No confundamos lo que fueron actos de violencia con lo que son los movimientos sociales”. Y subrayó que “si esto hubiera pasado con el consejero Joan Saura [miembro de ICV], hoy CiU, PP y algún medio de comunicación del que me ahorraré el nombre, estarían linchando al consejero”.
ERC también lanzó su crítica, aunque comedida, criticando la planificación y enfatizando que incluso el presidente Artur Mas reconoció que estaba pensado para una concentración no violenta “El dispositivo policial previsto en circunstancias de tranquilidad se tuvo que enfrentar a una kale borroka de extrema violencia”, dijo Mas. En el mismo sentido se expresó Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, para quien “no hubo previsión suficiente y podrían haber pasado muchas más cosas”.
EL CONFIDENCIAL, 17/6/2011