EL MUNDO 02/07/14
SANTIAGO GONZÁLEZ
El lunes se inauguraron en Madrid dos cursos de verano vagamente relacionados con eso que se ha venido en llamar la paz. Uno de ellos, convocado por el Gobierno Vasco, se celebra en El Escorial bajo el nombre de El fin de ETA y la recuperación de la convivencia en el País Vasco: Temas pendientes.
El otro, organizado por Covite se celebra en la Universidad Camilo José Cela y lleva un título muy parecido: El fin de ETA y la recuperación de la dignidad y la libertad en el País Vasco: Temas pendientes. No son lo mismo: el lehendakari urge al presidente del Gobierno a acordar la política penitenciaria para avanzar en el fin de ETA. Asume como responsabilidad de su Gobierno «apelar, urgir y contribuir a un final ordenado, definitivo e incondicionado» de la violencia de ETA. En realidad, los deseos del lehendakari se resumen en una esperanza, que el desarme definitivo de ETA no se produzca en año electoral, y que expresa la verdadera inquietud que atormenta su alma: no poder participar en la mesa de la paz, que la izquierda abertzale quiera jugar a dos con el Gobierno central, marginándoles a él y su partido.
Siempre me pareció muy errado Urkullu al pretender que ETA rinda las armas al Jaurlaritza que preside. Antes, se las entregarían a la Guardia Civil. A veces este hombre parece no darse cuenta de que el entorno de ETA le busca a él, quiere disputarle y arrebatarle a él los derechos de primogenitura, vale decir el Gobierno.
Contrasten estas palabras con declaraciones anteriores que conozcan y puedan recordar: ¿avanzar en el fin de ETA?¿un final ordenado, definitivo e incondicionado de la violencia de ETA? Desde el 20 de octubre de 2011, en el que la banda terrorista hizo público su «cese definitivo de su actividad armada», no sabemos qué quiere decir «definitivo». Al parecer, aquel «definitivo» no quería decir lo mismo que este «definitivo» que dice Urkullu, y debía ser interpretado más bien como una oportunidad para que el Gobierno se gane el derecho a que ETA no vuelva a matar.
«Que reconozcan el daño causado», exigen pomposamente como condición. Esta cuestión ya fue aclarada por el terrorista Urrosolo desde su encierro en Nanclares: «Cuando utilizábamos la violencia ya reconocíamos el mal causado». Cierto. Los terroristas conocían y reconocían el daño que causaban a sus víctimas. Lo hacían para alcanzar dos objetivos: causar el mal, en primer lugar y, en segundo, poder reivindicarlo, según la más vieja definición de terrorismo que se conoce: propaganda por los hechos.
En la inauguración del otro curso, el de Covite, su presidenta hizo una acusación política: que el lehendakari quiere comprar la paz al precio de la impunidad y que las víctimas están con la ley, cuyo cumplimiento reclaman aunque no les guste, del mismo modo que reclaman que la derrota de ETA se gestione desde los principios que inspiran el Estado de derecho. ¿Sabían que el lehendakari es el único gobernante del mundo democrático en cuyo juramento, tan teocrático, no se compromete a cumplir y hacer cumplir la ley como la primera de sus obligaciones? Verán ustedes, no hay color.