ABC 21/04/14
· La riqueza de la que disfrutan caería drásticamente en una Euskadi independiente
La independencia del País Vasco pasaría factura directa en los hogares vascos. Supondría un empobrecimiento general: unos 15.000 euros menos por hogar y año, o lo que es lo mismo, unos 5.000 euros menos por ciudadano vasco. Un precio que repercutiría directamente en el bolsillo de los vascos. Fuera de la moneda común europea, y con una caída de sus exportaciones –tanto al resto de España como a Europa–, el Producto Interior Bruto (PIB) del País Vasco caería en torno a un 20 por ciento, según coinciden en indicar varios economistas consultados por ABC. Otros, con previsiones más optimistas, hablan de una caída de no menos del 10 por ciento. Esto contando con que, al menos de entrada, una Euskadi independiente se vería marginada de la UE y del euro con absoluta seguridad.
· El PIB del País Vasco perdería unos 13.000 millones de euros con la independencia
El PNV anunció hace escasos días que iba a encargar un estudio económico del impacto que tendría la secesión. El escenario, de entrada, es muy poco halagüeño. En términos económicos, nada atractivo.
Caída en renta per cápita
La «horquilla» sitúa el coste medio de la secesión en el entorno del 15 por ciento del PIB. Y eso, trasladado al bolsillo de los vascos, supondría un alto precio que tendrían que estar dispuestos a pagar: casi 5.000 euros al año por cabeza; unos 15.000 euros por hogar. Es lo que dejarían de ingresar, lo que dejarían de tener. Es lo que la independencia mordería a la actual renta per cápita que tiene el País Vasco, la mayor de España y entre las destacadas de la escena europea.
La secesión les relegaría a posiciones de riqueza mucho más discretas de las que disfrutan en la actualidad, en puestos privilegiados. A los menos favorecidos les dejaría en una situación de empobrecimiento. Por ejemplo, en el mejor de los casos la renta media de los vascos –que ahora es un 34% superior a la media española– pasaría a estar por detrás de la renta per cápita de Madrid, Navarra o Cataluña. Y, según cuál fuera el impacto de ese empobrecimiento, la renta vasca también podría quedar por detrás de la riqueza per cápita de La Rioja y Aragón, y prácticamente al nivel de la actual renta media de España.
Los economistas Ángel de la Fuente (CSIC) y Mikel Buesa son de los que consideran que la caída del PIB del País Vasco en caso de secesión podría llegar al 20 por ciento. Otros son más moderados y, aún así, dan por hecho que en el mejor de los casos la pérdida de riqueza no sería menor del 10 por ciento. Esto último, por ejemplo, apunta un reciente estudio del profesor Rodríguez Mora, coordinado por Arregi, López Basaguren y Ruiz Soroa. En él cifran entre un 10 y un 13 por ciento la caída del PIB en el País Vasco si se independizara.
Actualmente, la renta per cápita del País Vasco roza los 30.000 euros. Fruto, entre otras cosas, del privilegiado marco de financiación pública del que disfruta esta Autonomía –el famoso «Cupo», su Concierto Económico con el Estado–. Es algo que le ha ayudado a despegar con fuerza durante más de treinta años, y que le ha beneficiado para apuntalar su elevada renta.
Un territorio empobrecido
Con la independencia, el panorama sería radicalmente distinto. El País Vasco no pasaría a ser un territorio pobre, pero sí empobrecido. Y perder una media de 15.000 euros disponibles por hogar es un precio indigesto a pie de calle y para el panorama político.
En su conjunto, el PIB del País Vasco perdería unos 13.000 millones de euros con la independencia. Y no durante un año. El efecto económico de la secesión sería prolongado en el tiempo. Los vascos tendrían que estar dispuestos a aguantar ese tirón durante un buen número de años.
Cuando se impulsó el «Plan Ibarretxe», el economista Mikel Buesa hizo un sondeo revelador. Preguntó a las empresas qué harían si el País Vasco se independizara. El resultado de esa encuesta fue significativo: entre el 20 y el 25 por ciento de las medianas y grandes empresas dijeron que se irían de territrio vasco. De repente, el tejido empresarial vasco, su grueso, quedaría adelgazado a las tres cuartas partes. Se quedaría sin 400 empresas. Del orden de 75.000 puestos de trabajo menos. El paro, evidentemente, se dispararía. Y también los costes públicos derivados de ello.
El PIB caería por varios motivos. Uno de ellos, la fuga de empresas. Otro, la reducción de los flujos comerciales en un territorio con nueva moneda devaluada. Fuera de la UE se complicaría seriamente la exportación de productos al resto de España y a Europa, escenario principal de las ventas al exterior de las empresas vascas. Y, a partir de ahí, se produciría un efecto dominó: fuga de capitales, menos actividad economica, menos renta, más paro, más costes públicos, escalada del endeudamiento…
El País Vasco es una economía pequeña «que disfruta de un ventajoso régimen fiscal, el Cupo, que les hace ser perceptores netos de subvenciones del Estado», explica De la Fuente. Si se independizara, este ventajoso escenario desaparecería.
Deuda pública al galope
En estos momentos, entre el Gobierno vasco y las tres diputaciones forales suman 10.600 millones de euros de deuda pública. En caso de secesión, España tendría que endosar al País Vasco su parte de la deuda pública estatal. En total, una Euskadi independiente echaría a andar con unos 53.000 millones de euros de deuda pública. Supondría más del 95 por ciento del adelgazado PIB que pasaría a tener el País Vasco tras la secesión.
Y eso solo sería el principio. Construir un Estado, con más gastos y menos recursos, conllevaría una escalada de la deuda pública. Durante un buen número de años, la Euskadi independiente se enfrentaría a unos números rojos anuales de entre 4.500 y 5.000 millones de euros por ejercicio. Ese sería su déficit estructural. Y con ese panorama, la losa del endeudamiento superaría rápidamente la barrera del cien por cien del PIB.
La deuda, además, tendría que pagarla con un precio más elevado, fruto del devaluado precio de la nueva moneda con la que contaría. De entrada, al día siguiente de la independencia, el País Vasco tendría que pagar con su devaluada moneda los más de 50.000 millones que debería en euros.
Y eso solo sería una parte del multiplicado coste estructural que tendría el sector público vasco independizado. Debería crear y costear su política exterior en toda regla, una red de embajadas, de consulados… Y sus fuerzas armadas. Solo por estos dos conceptos, la factura anual se acercaría a los 2.000 millones de euros. Eso salvo que Francia o la repudiada España estuvieran dispuestas a garantizarle la cobertura defensiva. Pero, fuera de la Unión Europea y tras haber protagonizado una secesión, esto sería impensable. Y, políticamente, sería estéticamente un fiasco para el independentismo el echarse —militarmente— en brazos de un tercero tras haber proclamado su independencia.